Cada vez es más difícil rentar o adquirir una vivienda, sobre todo para las personas jóvenes y las personas cuidadoras. Sin embargo, hay varias acciones que desde el gobierno se pueden emprender: por ejemplo, financiar la construcción de vivienda estatal por medio de impuestos a plataformas como AirBnB. A continuación, discutimos esta y otras propuestas para garantizar el acceso a la vivienda de estos dos grupos. Estas medidas son parte de un paquete de reformas más amplio que desde Futuro hemos ideado, y que se presentará este miércoles 6 de septiembre.
Los incrementos en los precios de las viviendas y de los salarios no van a la par. Según la Sociedad Hipotecaria Federal, el valor de las viviendas más asequibles ha aumentado en casi 60% de 2017 a la fecha. Dado que los ingresos de muchas personas no siguen este ritmo de crecimiento, planteamos que el estado construya, posea y alquile vivienda pública con precios controlados. Proponemos que una mitad de estas viviendas se den en arrendamiento a personas cuidadoras y sus dependientes y que, la otra mitad, se entregue en comodato a personas víctimas de la violencia, como puede ser de género o por desplazamientos forzados.
Para financiarlo, sugerimos usar el Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH), el cual se aplica a las estadías en hoteles y alojamientos registrados en plataformas como AirBnB. Si consideramos que cada vivienda tiene un costo de construcción estimado de 500 mil pesos (estas unidades no generan una ganancia y se construyen en terrenos en posesión del estado), tan sólo con los recursos del ISH que se recaudarán en 2023 podríamos financiar la construcción de 800 viviendas para dar techo a unas 3 mil personas.
Otro de los reclamos más escuchados entre las personas jóvenes es la imposibilidad de salir de casa de sus padres debido a los costos del alquiler. Así, nuestra segunda propuesta se centra en apoyar a las y los estudiantes de universidades públicas, menores de 25 años y que, habiendo demostrado necesidad económica, desean iniciar una etapa de independencia. Una vez que el o la estudiante registra su contrato de arrendamiento ante el gobierno del estado, el beneficiario recibe un subsidio de manera periódica, el cual sugerimos en 2 mil pesos por cada mes de contrato (si alguien tiene un contrato de 12 meses, recibiría 24 mil pesos a lo largo del año). No se necesitan tantos recursos para lograrlo: para beneficiar a 10 mil estudiantes de manera anual, se requieren 240 millones de pesos, equivalentes al 0.15% de los ingresos del estado de Jalisco para 2023.
También hemos visto cómo las personas que comienzan su vida profesional tienen dificultades para pagar un alquiler. El gobierno federal puede tomar acciones para reducir esta carga por medio de algunos instrumentos de política fiscal. Al respecto, a través del Congreso del Estado de Jalisco, invitaremos al Congreso Federal a considerar un descuento en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que pagan las y los trabajadores en las primeras etapas de su carrera y que tienen un salario de hasta 19 mil pesos mensuales.
Esta reducción en el pago del ISR se logra al restar de nuestro salario una parte de lo que pagamos de alquiler (hasta 25 mil pesos anuales), lo que reditúa en menos impuestos y un ingreso disponible más alto. Por ejemplo, supongamos que hay dos personas y que ambas tienen un salario de 200 mil pesos anuales, pero una de ellas deduce 25 mil pesos por concepto de alquiler. Entonces, al aplicar esta deducción, al final de año paga 5 mil pesos menos de ISR con respecto a quien no lo hizo.
Estas son sólo algunas de las medidas que se pueden implementar para empujar el acceso a la vivienda de algunos de los grupos sociales más vulnerables y que direccionan los recursos públicos a una de las preocupaciones fundamentales de las personas en las ciudades del país. Estamos conscientes de que esta, como cualquier propuesta, es perfectible. Lo que esperamos es aportar al debate que ya han iniciado los colectivos por la vivienda y mandar un mensaje al gobierno, de que lo único que se requiere es voluntad.
