El INEGI dio a conocer el día de ayer los primeros resultados del censo de población y vivienda. En esta primera etapa, 147 mil entrevistadoras y entrevistadores salieron a caminar cerca de 2 millones de kilómetros cuadrados y visitaron casi 55 millones de inmuebles. Un esfuerzo titánico que permite que conozcamos mejor las condiciones, carencias y características de quienes vivimos en México.
En este primer informe pudimos acceder a datos sobre dónde se localiza la población, cómo se distribuye y cuáles son las características demográficas de quienes se encuentran en el territorio nacional.
Ahora sabemos que somos 126 millones de personas, de las cuales, el 51.2% son mujeres. Que la brecha tecnológica disminuye paso a paso, pues nueve de cada diez personas poseen un teléfono celular y que la mitad de las familias tienen internet en su casa. Esta información también nos permite identificar que somos un país diverso, en el cual 12 millones se reconocen como indígenas y 2.5 millones como afrodescendientes.
Más allá de los análisis poblacionales, los cuales son fundamentales para orientar mejor nuestras políticas públicas, uno de los datos presentados el día de ayer que más llama la atención es el aumento de vivienda deshabitada en nuestro país. Esta métrica es relevante porque, a nivel internacional, México ocupa uno de los primeros lugares de estas vergonzosas cifras, lo cual confirma el fracaso colosal en políticas de vivienda en nuestro país.
En México, según el censo 2020, hay 6,155,682 viviendas que no registran ocupantes. Más de seis millones de historias que recuerdan negligencia de las autoridades, de mala planeación, de abandono de los lineamientos mínimos para lograr una casa decente y millones de familias que perdieron su patrimonio de vida. También, es cierto que las cifras que presenta el censo muestran un moderado descenso en el porcentaje de vivienda deshabitada frente a las cifras del 2010: pasando del 14.6% al 14%.
Estas métricas son significativas porque, como han señalado instituciones internacionales como ONU Hábitat y la misma OCDE, las viviendas deshabitadas en nuestro país tienen como origen a factores como la violencia en las colonias, materiales y construcción deficiente y la falta de servicios básicos como agua potable, escuelas y rutas de transporte público. En suma, muestran cómo las autoridades han fallado a su mandato e incluso se han corrompido. Es la expresión máxima de la falta de regulaciones orientadas a la vida digna, de la planeación diligente y del ordenamiento del territorio para tener ciudades prósperas así como la decencia en la política.
A la luz de la pandemia, del crecimiento de la población joven que busca hacerse de una casa y a las duras condiciones económicas que vivimos, la vivienda deshabitada debe convertirse en un tema de crucial atención por parte de las autoridades. Este momento de emergencia nos obliga a poner el foco de atención en estas casas y a buscar dotarlas de condiciones óptimas para su repoblamiento: fuentes de trabajo, parques y escuelas cercanas, rutas de transporte, acceso a guarderías y hospitales, entre muchos elementos más.
En ese sentido, debemos reconocer que se han dado pasos en la dirección correcta: los apoyos para el mejoramiento urbano, las apuestas para aumentar la conectividad de ciertos polos urbanos, así como los cambios para flexibilizar las hipotecas del INFONAVIT. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún hay trabajo pendiente, particularmente desde los gobiernos municipales, para hacer frente a esta problemática.
Para quedarnos en casa necesitamos poder hacernos de una. Por ello, particularmente las personas jóvenes, requerimos que se ponga en marcha una nueva visión en políticas de vivienda. Atrás debe quedar el modelo de desorden, avaricia y mala planeación. Es tiempo de reconocer que la vivienda es un derecho vital y que lograrla es una tarea de todos los órdenes de gobierno
