Imaginemos la vida de una persona que hoy tiene 30 dentro de 30 años. Después de tener distintos empleos de sobrevivencia sin prestaciones de ley, no hay jubilación que esperar, tampoco hay vacantes para su edad, ni hijas ni hijos que puedan ofrecer algún tipo de apoyo, mucho menos una vivienda propia. Esta persona trabajó toda su vida y ahora no tiene nada ni a dónde ir, y como ella, otros varios millones se hacen la misma pregunta todos los días: ¿dónde pasaré esta noche?
Es difícil escribir esto, sé que quizá lo juzgarán de fatalismo (ojalá tengan razón), pero no podemos hacer como si nada sucediera, ni dejar de pensar en las terribles consecuencias que podrían tener en el futuro la actual situación del empleo y los derechos sociales. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos a contrarreloj, y que el tiempo se nos agota para evitar que esta historia se convierta en el futuro de millones. Por eso dedico esta columna a un tema que desde hace tiempo circula por las conversaciones digitales y que comienza a movilizar a personas en varias ciudades del país: la crisis de acceso a la vivienda.
Comencemos por los datos. De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda del INEGI (2020), en nuestro país existen 43.9 millones de viviendas particulares, de las cuales, 6.1 millones están deshabitadas, es decir, el 13% de las casas y departamentos edificados no han podido ser vendidos o rentados a nadie. Mientras tanto, el índice SHF de Precios de la Vivienda, mostró en el primer trimestre de 2022 una apreciación de 7.7% a nivel nacional en comparación con el mismo periodo de 2021, es decir, las casas y departamentos edificados o en construcción cada día cuestan más. Por otro lado, el INEGI también nos indica que del total de hogares en el país, en 21.1% alguno de sus integrantes necesita o está planeando rentar, comprar o construir una vivienda, lo cual representa un total de 8.2 millones de viviendas requeridas.
Lo que nos dicen estas cifras es muy claro: a pesar de que hay millones de personas que necesitan una vivienda y de que hay millones de viviendas disponibles, estas últimas no están siendo compradas o rentadas por su precio, su ubicación, su dimensión o algún otro motivo. Lo cierto es que, a pesar de esto, sus precios están aumentando de manera desproporcionada en relación a los salarios. ¿Por qué está pasando esto?
Entre los factores podríamos contar: sueldos bajos, especulación inmobiliaria, ciudades planeadas para los autos, políticas deficientes del Infonavit, migración, inflación, crecimiento desordenado, y horizontal de la urbes, financiarización de la vivienda, corrupción, plataformas turísticas, desigualdad, empleos sin derechos, un Estado ausente que ha decidido no hacer su trabajo, entre muchos otros factores.
Estamos hablando de uno de los problemas más extensos y complejos del país, y al mismo tiempo, de uno del que existen menos respuestas serias desde los gobiernos. Para ser claros: fuera de algunas expresiones demagógicas de algunos políticos, no hay un proyecto o una política en marcha para hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda en México.
¿Entonces, qué hacer? Desde la sociedad civil ya avanzan esfuerzos para demandar a los gobiernos acciones en el tema, toca escucharles y acompañarles, así como abrir el diálogo en todo el país, construir un diagnóstico claro y una agenda común, empujar iniciativas en los espacios de decisiones, articularnos y levantar la voz por esta lucha que viene: la del derecho a tener un lugar digno para hacer vida, descansar y estar con las personas a las que amamos.
