En tu experiencia laboral, ¿has visto a una persona coser con hilo y aguja un archivo importante para tu trabajo? ¿Alguien de tu oficina tiene contratado en el personal a sus hijos, primas o sobrinos? ¿Te has enterado cómo llegan a los puestos más altos personas que no tienen ni los méritos, la preparación o la ética para desarrollar su actividad? Si respondiste que sí a las tres preguntas, es muy probable que trabajes en el Poder Judicial de algún estado.
Las preguntas con las que arranca esta columna no son producto de la imaginación o de un mal chiste. Estas condiciones deficientes, arcaicas y corruptas han sido detectadas en investigaciones académicas, reportajes e incluso procesos disciplinarios iniciados por las autoridades.
Otro ejemplo memorable es el que encontró el Consejo de la Judicatura Federal en el Vigésimo quinto Circuito, en Durango. Ahí, un magistrado se dedicó a que cada integrante de su familia tuviera dentro una chamba. Entre los beneficiarios hubo primos, medios hermanos, hermanas e hijos. En total, 17 parientes de aquel magistrado trabajaban en el Poder Judicial. Esta red familiar permeó en tantos espacios de la institución que lograron ser parte de cada etapa del proceso judicial, lo cual les permitía tener información privilegiada sobre cada asunto a juzgar.
En este tenor, en 2019 el Poder Judicial de la Federación arrancó con un proceso para hacerle frente al nepotismo. Un reto nada menor considerando que la mitad de quienes son juzgadores en el país tienen, por lo menos, a un familiar consanguíneo laborando el sistema judicial según el estudio “El déficit meritocrático” de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
Estos esfuerzos para sanear y profesionalizar la justicia federal tienen luces y áreas mejorables. Para las especialistas en el Poder Judicial, Laurence Patin y Adriana Aguilar, se requiere aún dar pasos para construir una cultura de integridad, meritocracia, transparencia y selección abierta para que esta cruzada logre los objetivos deseados.
Sin embargo, el proceso que se ha abierto para lograr una institución honesta es de reconocerse. Y no solo eso, esta lucha debe permear a los estados.
En la opinión de Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, “todos los problemas que se han detectado en el Poder Judicial de la Federación son replicables y agravados en el Poder local. Dependiendo de la entidad, se pueden encontrar distintos vicios, desde acoso y violencia de género, hasta falta de recursos financieros o perfiles competentes, nepotismo y corrupción”.
Uno de los principales motores de esta impunidad recae en que la justicia local depende de la política electoral. Los congresos y gobernadores terminan moldeando con criterios de cuotas partidistas la conformación del Poder Judicial. Se cambian las diputaciones y partidos en el poder, se renuevan las magistraturas, pero las prácticas persisten.
Para Garza Onofre una reforma en estos poderes locales se divisa compleja por el entramado de alianzas entre juzgadores y los grupos políticos, en donde se ha privilegiado la compra de terrenos, la inauguración de nuevas oficinas o la renovación de los juzgados, “el cambio superficial sobre el de gran calado”, menciona Onofre.
Si bien los retos para lograr una reforma se anticipan realmente complejos. Los procesos emprendidos por el Poder Judicial de la Federación para lograr una reforma en su cultura institucional pueden brindarnos pistas sobre el camino a seguir en los estados. Estos cambios son vitales, pues no podemos renunciar a tener instituciones locales que ofrezcan certidumbre, acceso a la justicia y paz, y que metan en cintura a quienes gobiernan desde la corrupción.
