En mal momento, tan malo que parece deliberado, aparecieron en Washington detalles de una nueva cesión de México ante Estados Unidos en materia migratoria, que había sido mantenida en secreto. The Washington Post y Associated Press revelaron que México aceptó recibir a cubanos y nicaragüenses deportados de Estados Unidos, en caprichosa coincidencia con el día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una rápida gira por varios países de Centroamérica, que le servirá de coartada para visitar Cuba y respaldar al presidente Miguel Díaz-Canel.
Si bien el gobierno de Estados Unidos no puede decirle al Presidente de México, llámese López Obrador o no, que cancele una visita a Cuba, sí pueden aguarle la fiesta. Se puede conjeturar que Washington, siguiendo los primeros puntos de su manual de acción contra un líder o un gobierno que no le gusta lo que está haciendo, busca las vulnerabilidades de sus objetivos y, en un momento específico, lo exhibe. Es lo que ha pasado con López Obrador, que va a llegar a La Habana el sábado a darle la mano a Díaz-Canel, 48 horas después de haber sido mostrado como peón de Estados Unidos.
Una vez más, de acuerdo con las filtraciones, la dupla López Obrador-Ebrard otorgó concesiones al gobierno de Estados Unidos en materia de migración, con una diferencia importante. La primera vez, en 2019, cedieron ante el presidente Donald Trump, y militarizaron la frontera con Guatemala para frenar rápidamente la migración, cambiando la política de asilo, ante la amenaza de aranceles. La segunda, ahora, ante el presidente Joe Biden, que sin amenazas logró que abrieran la puerta mexicana para enviar a cubanos y nicaragüenses deportados.
Este acuerdo fue revelado por los dos medios de comunicación estadounidenses, que precisaron que se suscribió el 26 de abril, tres días antes de que hablaran por teléfono López Obrador y Biden, y siete antes de que Ebrard fuera a Washington para sostener reuniones bilaterales con varios miembros del gabinete. El acuerdo contempla la expulsión de 100 cubanos y 20 nicaragüenses de cada una de estas tres localidades: San Diego, California, y El Paso y el Valle del Río Grande, en Texas.
El gobierno de Estados Unidos inició la deportación al día siguiente, el 27 de abril, mientras que el gobierno mexicano se tragó los términos del acuerdo. “Hasta la semana pasada, México sólo había aceptado guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, además de mexicanos, bajo la autoridad del Título 42”, reportó la agencia Associated Press, refiriéndose a esa ley provisional del presidente Trump, para expulsar migrantes y evitar potenciales contagios de coronavirus. "Era casi imposible para Estados Unidos expulsar migrantes de Cuba o Nicaragua debido a las pobres relaciones con esos países, que se había convertido en un problema difícil para el gobierno de Biden, ya que cada vez más personas de esos países buscaban refugio en Estados Unidos".
López Obrador y Ebrard entraron al rescate y en los días finales de la aplicación de la autoridad del Título 42, frente al cual Biden siempre ha estado en contra, le dieron oxígeno, a cambio de nada. Con Trump, la sumisión fue producto de sus amagos comerciales. Con Biden no se sabe de algo parecido. Incluso, ahora tiene sentido lo expresado por la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien en el briefing del viernes, poco después de la conversación telefónica entre los dos presidentes, respondió a preguntas expresas con afirmaciones de que no hubo ninguna amenaza al líder mexicano, porque tampoco es el estilo del estadounidense.
Por lo que se ve ahora, no hubo necesidad de ello, pero tampoco se dio un quid pro quo. La petición de López Obrador a Biden para que Estados Unidos inyectara dinero en efectivo al desarrollo en Centroamérica sigue como una buena intención, mientras que su apelación para que invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas en junio fue ignorada.
Ebrard fue a Washington el lunes, en seguimiento de la plática entre los presidentes, para hablar con diferentes miembros del gobierno de Biden sobre migración. Se puede presumir que habló del nuevo acuerdo temporal sobre cubanos y nicaragüenses, que culminará el 22 de mayo, aunque de manera informal ya se venía haciendo. Desde octubre hasta marzo pasado, 737 cubanos fueron deportados a México bajo la autoridad del Título 42, aunque un incremento significativo de personas buscando asilo –517 del gran total– se dio en marzo. El número de inmigrantes cubanos detenidos en el mismo periodo entrando por México fue de 78 mil.
Los números deben haber propiciado la preocupación de Estados Unidos y la necesidad de buscar un nuevo acuerdo con México, que es lo que obtuvo el 27 de abril. Ninguno de los dos gobiernos habló sobre este tema en diferentes momentos que enfrentaron a la opinión pública, porque, se puede presumir, acordaron que así lo harían. Darlo a conocer beneficiaba a Biden, pero dejaba bastante mal parado a López Obrador, quien mientras vocifera constantemente contra su gobierno, acusándolo de conspirador y de financiar a sus adversarios, exigiéndole que recorte fondos a Mexicanos Contra la Corrupción y señalando a sus empresas como abusadoras y violadoras de la ley, en los hechos sigue siendo sumiso.
La opacidad sobre lo alcanzado pudo haber seguido en el mismo estatus, pero el viaje a Cuba para apoyar a Díaz Canel, en el contexto público de un posicionamiento soberano de López Obrador, anclado en la petición de que lo invitara a la Cumbre de las Américas, probablemente propició un coscorrón, que llevó a la filtración del acuerdo firmado en lo oscurito. La filtración no causa un daño político o económico a ninguno de los países involucrados en este episodio, pero contribuye a desnudar el discurso etéreo latinoamericanista de López Obrador, y minar los intentos de Ebrard por hacer de su jefe un líder regional. Es, para efectos prácticos, una exhibición de la doble moral del Presidente mexicano.
Mientras vocifera constantemente contra el gobierno de Biden, en los hechos sigue siendo sumiso
