A unos días de la consulta para enjuiciar a sus cinco inmediatos predecesores, el presidente Andrés Manuel López Obrador los acusó de ordenar a las Fuerzas Armadas violar los derechos humanos. En sus palabras, los militares “remataban” a quienes se enfrentaban y los “masacraban”. De manera textual dijo una frase que tiene que ser registrada para la historia y, dada la acusación, determinar responsabilidades políticas y penales: "Si el Ejército, si la Marina, cometieron excesos en otros tiempos fue porque se los ordenaban desde arriba, la autoridad civil. No se debe olvidar que el Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces ya no es lo mismo. Ya cambió”.
"En el tiempo que nosotros llevamos en el gobierno, las Fuerzas Armadas no han violado derechos humanos”, agregó. “En el caso que haya habido, subrayo, muy pocas violaciones, las mismas Fuerzas Armadas se han encargado de castigar a los responsables. Tengo presente uno o dos casos, y sin que yo ordenara que se actuara, ya los responsables de las secretarías habían tomado la decisión” de adoptar medidas contra quienes incurrieron en violaciones.
En el pasado, dijo, los presidentes, por ser comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, eran los responsables de las violaciones a los derechos humanos. En el presente, las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército o la Marina no son su responsabilidad. La discrecionalidad sobre quién y cuándo manda sobre las Fuerzas Armadas es una discusión política. Lo importante es la acusación que lanza en general, aunque por la forma como fraseó, se puede inferir que se refiere a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
"Hubo un tiempo en nuestro país, lamentable, porque había más muertos en enfrentamiento que heridos y detenidos”, señaló. “El índice de letalidad mostraba que a los heridos los remataban”. La descripción se ajusta a lo que sucedió el 22 de mayo de 2015 en el rancho El Sol en Tanhuato, Michoacán, donde policías federales se enfrentaron con sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo saldo fue de 42 presuntos delincuentes y un policía muertos. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue una “matanza” donde se dieron ejecuciones extrajudiciales y alteración de la escena del crimen.
En este espacio se publicó en agosto de 2015 que los policías federales violaron el código de conducta y el documento de los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Junto con ello vino el uso excesivo de la fuerza, porque de acuerdo con el índice de letalidad de la Policía Federal, el estándar establece un policía muerto por 1.4 agresores.
El excesivo uso de la fuerza debe ser una excepción, y cuando no se aplican los protocolos, son consideradas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, según los principios y estándares del derecho internacional, de donde se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado. En Tanhuato, como lo refleja el documento de la CNDH, la Policía Federal quiso cubrir el abuso y exceso de su fuerza mediante la alteración de pruebas, el ocultamiento de evidencia y sembrar armas a los presuntos delincuentes, como lo apuntó una investigación de María Idalia Gómez en el portal Eje Central, quien afirmaba que al menos tres de los abatidos tenían disparos en la cabeza.
López Obrador reiteró que tomó la decisión de no “apostar a la guerra”, que es una referencia directa, por el contexto que ha utilizado anteriormente, a la decisión de Calderón de enfrentar a los cárteles de la droga, con toda la fuerza militar y policial. El resultado fue que la violencia se incrementó drásticamente durante casi cuatro años, pero en mayo de 2011 comenzó a bajar el número de homicidios dolosos. Hubo costos, que define el Presidente como “masacres”, en donde se vieron involucradas las Fuerzas Armadas, particularmente la Marina.
En enero de 2011 se publicó en este espacio que los marinos “se habían convertido en el querubín del gabinete de seguridad por los espectaculares golpes que han dado, gracias a la información que les proporcionan desde Washington”. Sin embargo, se añadió, “los cuerpos de élite de la Marina, se (habían) convertido en unidades de ejecución”. La columna remataba: “En las reuniones del gabinete de seguridad, el secretario de mano más dura es el almirante (Francisco) Saynez, quien en más de una ocasión se ha quejado de por qué no se actúa bajo la lógica de tierra arrasada y se acaba físicamente con los narcotraficantes. Lo que (había) hecho la Marina (había) sido tolerado dentro del gobierno, pero no (era) una política de Estado”.
El 19 de agosto de ese año se publicó en este espacio: “La batalla en Veracruz finalmente inició. Se contuvo durante casi dos años porque la fortaleza militar de Los Zetas impidió que el Cártel del Golfo, respaldado por sicarios de una facción de La Familia Michoacana y el Cártel del Pacífico, pudiera doblegarlos. De acuerdo con información interna de las fuerzas de seguridad, la lucha contra los criminales está produciendo que muera un promedio diario que oscila entre 10 y 15 delincuentes. No hay registro público de ello porque no hay información oficial sobre las bajas y los medios están inhibidos de publicar ese tipo de información”.
Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad federal se denunciaron de manera sistemática en la prensa, pero poco se avanzó. Ésta es una asignatura pendiente que hoy López Obrador puede empezar a resolver. No necesita una consulta popular que no llevará a ningún lugar, sino la determinación de aplicar la ley, asumiendo que habrá a quienes proteja que resultarán culpables de esas atrocidades. Pero para esto debe pensar menos en politiquería y más en reparación de daños, de mirar el largo plazo y no la coyuntura inmediatista. Es decir, actuar como jefe de Estado y no como jefe de partido en campaña electoral.
