La zona serrana de Guerrero está sufriendo. Hay un desplazamiento forzado que ha dejado pueblos fantasmas porque familias enteras huyeron ante la presencia y ataques de grupos criminales que los robaban y mataban.
“Se ha roto el tejido social”, dice un habitante de esas comunidades. “Ha caído drásticamente el pequeño comercio, la ganadería, la agricultura. Las escuelas de esta zona son una tristeza.
En pocas palabras, "se respira desesperanza y miedo”. Esta realidad se la describió por carta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y al senador Félix Salgado Macedonio, que es de Guerrero. No tuvo ninguna respuesta de ellos, aunque Durazo, de manera indirecta, le respondió.
Este ciudadano recibió respuesta de Leonel Cota Montaño, subsecretario de Seguridad Pública, pero no le dio certidumbre ni tranquilidad. El exgobernador de Baja California Sur y expresidente nacional del PRD, donde se incubó Morena, le dijo: la desintegración social y la inseguridad de su pueblo es una muestra de cómo “miles” de comunidades en el país “se fueron contaminando con la presencia de grupos armados, la siembra de enervantes y del mercado ilegal de las drogas”.
También, agregó, refleja el proceso de fortalecimiento de los grupos criminales mientras se daba el abandono del territorio por parte del “Estado Neoliberal, que, preocupado sólo por hacer negocios y servir a los intereses de unos cuantos, dejaba en el abandono el campo y a los sectores más humildes y necesitados de la población”.
El diagnóstico es certero. En algún momento que nadie tiene claro, el tejido social se rompió y los valores se trastocaron. Y todo se fue descomponiendo más y más. A mediados de los 90, en las zonas residenciales de una de las ciudades cuna de grandes capos de la droga, sus habitantes impedían mediante la presión y el aislamiento social, que narcotraficantes fueran sus vecinos y que estuvieran en la escuela y las fiestas con sus hijos.
Una década después, ante la falta de oportunidades económicas, la visión había cambiado. Dejar a sus hijos arriesgar diariamente su vida a cambio de dinero y una vida que jamás tendrían, fue aceptado como divisa de cambio por una vida corta.
En dos de las más grandes ciudades mexicanas, los capos fueron admitidos socialmente. Los estereotipos en las narconovelas en televisión crearon modelos a seguir para cientos de jóvenes.
El Estado mexicano no hizo nada. Desde mediados de los 80 abandonó el campo y achicó las instituciones que lo atendían. El EZLN, que nunca se involucró con el narco, fue una expresión clara de ese abandono: su surgimiento se dio en las zonas cafetaleras que dejó a su suerte el Instituto Mexicano del Café, al ser cerrado.
En la sierra de Guerrero, el Ejército, pragmáticamente, cerró los ojos por décadas, permitiendo que los campesinos cultivaran amapola. Un general, confrontado por esa tolerancia, respondió: “Si no lo hacemos, se mueren de hambre”. El tejido social no podía fortalecerse. No había Estado para atender esa fractura nacional. El modelo neoliberal tuvo en ello una de sus más grandes externalidades.
Cota lo refiere bien en su carta al vecino de la sierra de Guerrero, pero no abre un camino que avizore soluciones. Su respuesta es descorazonadora porque está llena de propaganda y lugares comunes. “Con la honestidad y responsabilidad que debe caracterizar a un gobierno que quiere transformar al país, le comentamos y nos comprometemos con lo siguiente”, le dijo.
“El proceso de reconstrucción del Estado mexicano, para reorientarlo al servicio de los sectores, regiones y comunidades de todo el país, llevará un tiempo razonable que va de tres a seis años… Las bases de la reconstrucción del Estado empiezan con las políticas sociales de bienestar con apoyos a los adultos mayores, discapacitados, becas para estudiantes y cobertura en educación y salud… La nueva política económica… contempla incrementos salariales arriba de la inflación… La presencia y operación de la Guardia Nacional… es sólo un complemento de las políticas económicas y sociales del nuevo proyecto de nación… de nada sirve enviar a la Guardia Nacional si antes no han llegado los programas sociales, educativos, económicos y culturales”.
¿Cómo le hace la gente en zonas como la serrana de Guerrero? ¿Mandando a volar a los criminales y a los cárteles de la droga como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Decirles, cuando los vean, ¿“fuchi” y “guácala”? Obviamente no, pero tampoco existe un plan alterno.
La carta de Cota confirma que el combate a criminales no es la prioridad, que la prevención –que es lo que significan los programas sociales– son la primera vía, aunque, para que eso pueda darse, no bastarán los tres a seis años que planteó el subsecretario como horizonte, sino cuando menos una generación para comenzar a verse el impacto. Objetivamente, eso no será posible sólo con abrazos sin balazos.
La receta que propone el gobierno está incompleta. El gobierno de Felipe Calderón fracasó porque no fue integral –sólo funcionó la policial-militar–; el de Enrique Peña Nieto se hundió porque primero no hizo nada, y luego siguió el ejemplo de Calderón, sin atender lo social. Vamos para allá. La crítica que hace Cota al pasado, también es al presente. El gobierno está aniquilando programas que daban soporte al tejido social y soslayando, como los antecesores, al campo.
El presupuesto para el próximo año es una muestra. Le quitan dinero y están prendiendo una bomba de tiempo. A los municipios también les reducen las participaciones federales. El programa de becas para jóvenes casi se redujo a la mitad. No hay para dónde voltear. Ni tampoco mucho espacio para la esperanza.
