En unos cuantos días las cosas cambiaron radicalmente en Palacio Nacional. Al cierre de la semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba metido de lleno a la campaña por la gubernatura de Nuevo León al acusar al candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, de compra de voto, lo que provocó señalamientos de que el candidato de Movimiento Ciudadano, el puntero Samuel García, a quien no había mencionado, era respaldado por el mandatario. Hasta ese momento, en efecto, había señales inequívocas de que así era.
El coordinador de asesores de López Obrador, Lázaro Cárdenas, había pedido al jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, en ese contexto, que suspendiera todas las investigaciones contra García. Una tenía que ver con empresas de su padre, Samuel Orlando García, por una presunta defraudación fiscal con facturas falsas en prácticas de outsourcing, donde se sospechaba que el candidato y su esposa, Mariana Rodríguez, habían sido beneficiados. Otra la solicitó el INE sobre irregularidades financieras en sus gastos de campaña.
García envió una carta a López Obrador a través de intermediarios y del consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, donde aseguraba que no estaba relacionado con ninguna facturera ni había sido beneficiado por defraudaciones fiscales. No se conoce la respuesta del Presidente, y tampoco si llegó a sus manos el mensaje del candidato, pero en Palacio Nacional se abrió un puente de comunicación con García. Tras la petición de Cárdenas, Nieto envió el expediente de la UIF al despacho presidencial.
Lo que se veía nítido en la estrategia se volvió turbio y viscoso. De estar enfocado el Presidente en descalificar a De la Garza y pedir la intervención de la Fiscalía General, la respuesta judicial-política incluyó sorprendentemente en el paquete a García. Al ser interrogado por la prensa por estas acciones, el Presidente admitió este martes que se había metido en el proceso de Nuevo León porque no iba a permitir un fraude en las elecciones. Durante tres días consecutivos –el lunes transformó la mañanera en un palenque– contravino la veda electoral, y ayer respaldó lo que hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero.
La acción judicial se da a tres semanas de la elección, y generó una intensa reacción porque se considera una intervención directa del Presidente en un proceso electoral, como no se recuerda en décadas, quizá desde que el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se metió en las elecciones para gobernador en Chihuahua en 1986, contra el candidato panista Francisco Barrio –sus asesores lo llamaron entonces el “fraude patriótico”–. Ahora, el Presidente pidió la acción de la Fiscalía General sin dejar que las denuncias del Partido Verde contra García, y del PT contra De la Garza, en el Instituto Nacional Electoral, corrieran por esa vía, como en los casos de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.
La intervención públicamente aceptada en los procesos electorales donde tiene dificultades Morena hay que verla en un contexto más amplio para intentar entender al Presidente.
Lleva semanas enojado porque todas las cosas que trata de hacer no le están saliendo, y echar la culpa a otros o al pasado ya no tiene el efecto que causaba. Sus grandes obras de infraestructura están detenidas o retrasadas, sus iniciativas frenadas por jueces por inconstitucionales, la relación con Estados Unidos es mala y con sus interlocutores en México es cada vez peor. Sus bravatas están teniendo rendimientos negativos, disminuidas por tragedias como el colapso de la Línea 12 del Metro, apreciándose el principio de pérdidas electorales por la incompetencia de muchos gobiernos de Morena.
La última mala noticia fue su caída en el apoyo nacional. De acuerdo con la encuesta de El Financiero de aprobación presidencial publicada esta semana, López Obrador tuvo una caída de cuatro puntos en 30 días, para situarse en 57% de respaldo, y un incremento en los negativos de cinco, para situarse en 41%. Su gran bandera de combate a la corrupción cada vez se debilita más. Seis de cada 10 piensan que ese combate ha sido muy malo, y ya se trasladaron los negativos a su persona, donde su percepción de honesto cayó de 51% a 44%.
Otra encuesta en El Financiero sobre el apoyo a las candidatas y candidatos de Morena en las 15 entidades donde habrá elecciones para gobernador, reflejó caídas en abril de tres a cinco puntos en Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Michoacán y Nayarit, un desplome de 11 puntos en Guerrero y de 15 en Campeche.
Para añadir piedras a su riñón, el estudio sobre la intención de voto para diputados federales, a 32 días de las elecciones, ubica a Morena con una preferencia efectiva de 40% a nivel nacional, contra 42% de la alianza PAN-PRI-PRD, con una base sólida en el sur-sureste del país (42%), pero una debilidad notoria en el norte (31%).
Los tropiezos administrativos, su pérdida de credibilidad y liderazgo, junto con la disminución de apoyo nacional para Morena, lo tienen fuera de sí muchas veces, de acuerdo con lo que han comentado colaboradores en Palacio Nacional, y llevado, se puede argumentar, a romper con fondo y forma y a admitir abiertamente que está actuando fuera de la ley. Este martes, un representante del grupo de Tabasco Hoy le regaló una pregunta que le permitió alegar que violar la ley es defender la democracia, y lanzar una nueva perorata para justificar que quiere que castiguen a otros, no a él ni a los suyos, por violentarla.
La justicia debe tener tiempos distintos a la política, aunque a veces se empalmen, pero cuando los instrumentos de procuración de justicia responden a las órdenes del Presidente y se somete la ley a los intereses coyunturales de quien los controle, no se promueve la democracia, sino que se le aniquila. Bartlett cometió el “fraude patriótico” en los tiempos autoritarios del PRI. López Obrador está promoviendo el suyo en los tiempos autócratas de la 4T.
