La bomba que tiró la impenitente Sanjuana Martínez, enterradora de Notimex, sobre los probables recursos ilícitos para financiar la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, ha dejado de lado una serie de imputaciones directas contra la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que esbozan un mecanismo de corrupción que involucra a la familia de la responsable de la política interna del país, que debe ser investigado.
Lo que Martínez denunció sobre la exigencia de 20% del monto de las liquidaciones de los trabajadores de Notimex para la campaña, negociadas por el padre de la secretaria, el abogado Arturo Alcalde, deja abierta la sospecha de que exista un patrón para allegarse recursos ilegales en tiempos electorales en un momento que coincide con las liquidaciones de los trabajadores de Mexicana –cuyo abogado también era Alcalde– y Fonatur.
La de Martínez fue la acusación de financiamientos electorales irregulares más escandalosa hasta la fecha, por tratarse de una persona que recibió durante años el respaldo y la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Pero no es la primera. El año pasado, un académico que defiende a López Obrador y su proyecto político, Hernán Gómez Bruera, publicó Traición en Palacio, un libro que con carpetas de investigación como sustento documental es una denuncia contra el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, que hoy recauda fondos para Sheinbaum.
En el libro, Gómez Bruera señala que un empresario de Chihuahua, Miguel González, habló con Scherer pocas semanas antes de la elección presidencial de 2018 para cerrar “acuerdos específicos” en compensación por la inyección de recursos a la campaña de López Obrador. Los dos habían hablado antes, recuerda el académico, cuando a través de Scherer inyectó 5 millones de pesos para la campaña de Marcelo Ebrard a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En la segunda ocasión, Scherer no le resolvió nada, agrega el autor, pero le pidió 10 millones de pesos para “la causa”.
En vísperas de la elección, el empresario coincidió con Gonzalo López Beltrán, hijo del entonces candidato y encargado de la defensa del voto, a quien, cuando le comentó que había aportado los 10 millones, “no pudo ocultar su molestia. Al parecer estaba descompuesto. Aparentemente, el dinero no había sido reportado ni entregado a la campaña”. Lo que deja ver ese pasaje del libro es que ese tipo de financiamiento ilegal era algo normal y estructurado.
Hace unas semanas, de gira por Oaxaca, le preguntó un periodista a López Obrador en la mañanera sobre ese episodio durante su campaña, y dejó que corriera por su teflón señalando que no había leído el libro ni era cierto. Esa forma de quitarse señalamientos directos la repitió el Presidente esta semana en el caso de Martínez, a quien le pidió que presentara pruebas de las liquidaciones ilegales en Notimex, a lo que respondió que lo haría, mediante denuncias que preparan sus abogados.
Pero no habría que esperar la denuncia, probablemente la presionarán para que no se presente. La candidata presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, presentó ayer una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de Sheinbaum, López Obrador y Morena, por presuntos actos de corrupción durante la extinción de Notimex, en el contexto de que al menos 30 millones de pesos de liquidaciones irán a la campaña presidencial oficialista. Nadie ha tocado, salvo en la arena pública, a Alcalde, que debería ser la hebra para poder determinar no sólo si la Secretaría de Trabajo, de la cual fue titular, y Gobernación, donde actualmente despacha, actuaron ilegalmente en el proceso, y si en otras liquidaciones se ha estado utilizando el mismo mecanismo.
La investigación es necesaria porque existe abiertamente un conflicto de interés de la secretaria que no ha querido ser atendido por el Presidente, lo cual genera cuando menos sospecha sobre sus razones. López Obrador es muy cercano de la madre de la secretaria, Bertha Luján, a cuya otra hija, Bertha Alcalde, la propuso primero para el Instituto Nacional Electoral y después para la Suprema Corte de Justicia. Alcalde, el abogado de los trabajadores de Notimex, también fue asesor del sindicato de Mexicana, cuyos agremiados recibieron liquidaciones por sus servicios y la marca, por 815 millones de pesos.
Los asuntos laborales los llevaba Alcalde en la Secretaría del Trabajo, y durante su gestión se dieron laudos muy relevantes por los montos y los casos, que generaron polémica pública, porque su padre los ganó todos. Cuando Alcalde llegó a la Secretaría de Gobernación, el polémico caso Notimex se fue con ella, donde volvió a resolverse a favor de los representados por su padre. Martínez denunció que algunas liquidaciones tenían montos superiores a los que ella había propuesto y reveló que, cuando se quejó, los funcionarios en la Secretaría del Trabajo dijeron que las liquidaciones eran políticas.
El probable financiamiento ilegal de la campaña de Sheinbaum ha ocultado la cabeza de la Hidra. ¿Hay instrucciones presidenciales –porque nada en el gobierno sucede, como lo afirma, ni se mueve sin la autorización de López Obrador– para que liquidaciones multimillonarias sean sujetas de moches para campañas electorales? ¿Hay órdenes de Palacio Nacional para que ese tipo de casos sean llevados exclusivamente por Alcalde? ¿O acaso existe la posibilidad, como piensan algunos en el gobierno, de que la secretaria es tan débil y manipulada por el padre que está actuando sin la autorización del Presidente?
Todo es posible en este gobierno, pero la temperatura sobre financiamientos ilegales en la campaña de Sheinbaum está subiendo y las negaciones retóricas no han sido suficientes para apagar la pradera. Martínez, una de las troles más violentas que tuvo López Obrador durante casi cinco años, ahora está recibiendo la misma metralla descalificadora de aquellos con quienes compartió trinchera hasta hace poco. Es la misma técnica utilizada en Palacio Nacional para desviar la atención de denuncias que tienen sustento, lo que hace pensar que quizá la verdad está hoy del lado de la militante-periodista y apura la necesidad de investigar los delitos que no ha dejado de denunciar.
