La realidad alcanzó de la peor manera a Andrés Manuel López Obrador a siete semanas de que entregue la banda presidencial, al quedar el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, su “hermano”, como afirmó regocijante en un evento en febrero pasado, como una bisagra de la política de Morena con el narcotráfico. Nunca había sido señalado un político mexicano tan claramente por un capo como cómplice, ni un presidente tocado por la mano del crimen organizado de manera públicamente tan cerca como a López Obrador.
La bomba la soltó el sábado Ismael el Mayo Zambada en un comunicado camino a la Corte del Distrito Este de Brooklyn, donde afirma que fue emboscado en una reunión que convocó Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, para mediar en una disputa entre Rocha Moya y el diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda –asesinado el mismo día de la captura–, los dos originarios de Badiraguato y exrectores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir la institución. El pretexto parece nimio, pero la búsqueda de su arbitraje muestra el tamaño de su influencia y las complicidades.
La relación de Rocha Moya con Zambada quedó expuesta por el narcotraficante, dejando atrapado al presidente López Obrador, que el sábado, cuando la prensa le preguntó, durante una gira en Los Cabos, sobre la declaración del jefe del Cártel del Pacífico/Sinaloa, eludió responder y le dejó al gobernador contestar el señalamiento. Después de hablar con el Presidente en Culiacán, Rocha Moya declaró que no tenía ninguna liga con Zambada, que no estaba en Sinaloa el día de la reunión, y pidió a la Fiscalía General que abriera una investigación.
No pasará nada, pese a que el gobierno sabe que Rocha Moya, como se mencionó en este espacio el viernes, es el prominente político sinaloense de Morena muy cercano a López Obrador que negociaba con Zambada puestos de elección popular, principalmente en Sinaloa y Durango, y con quien había tenido recientemente una diferencia porque el gobernador insistió en dejar a un amigo en un cargo de elección popular, contra los acuerdos previamente establecidos.
El gobernador, de acuerdo con fuentes de inteligencia mexicanas y estadounidenses, era el responsable de planchar con los cárteles de la droga, en particular con el del Pacífico/Sinaloa, los cargos de elección popular de Morena, e incluso con aspirantes de otros partidos que se comprometían a apoyar la agenda de López Obrador. Según estos informes, Rocha Moya no veía los asuntos de dinero para las campañas, que recaían en otro gobernador cercano al Presidente del norte del país.
Los reportes no establecen si la entrega directa de dinero y apoyos era del conocimiento del Presidente, pero hubo acciones de gobierno que sugieren que se trataba de una relación institucional, como el no combate a esa organización, el bloqueo a la extradición de Rafael Caro Quintero pese a la insistencia de Estados Unidos, el informal salvoconducto que tiene López Obrador para atravesar sin problema las regiones controladas por el narco, o incluso las dos carreteras sin necesidad aparente que cruzan la sierra de Durango, donde vivía el Mayo, y conectan con las rutas del trasiego de drogas en Chihuahua.
El comunicado del Mayo Zambada, difundido en inglés y español, confirma la versión oficial estadounidense de que lo traicionó Guzmán López, avalando los dichos de Washington de que en su captura y extracción no participaron agentes estadounidenses, por lo que tampoco se violó la soberanía nacional. Su afirmación se contrapone a lo que Jeffrey Lichtman, abogado de Guzmán López y que también defendió al Chapo, dijo en la primera audiencia de su cliente en la Corte de Distrito Norte de Chicago, al asegurar que no traicionó a su padrino ni que había hecho acuerdo alguno con el gobierno de Estados Unidos para entregarse, como dijo el viernes el embajador Ken Salazar.
La declaración de Zambada añade más confusión a lo que sucedió el 25 de julio, donde el único que no tiene una versión oficial es el gobierno mexicano. Sin embargo, en este momento, quizás es secundario si Estados Unidos violó o no su soberanía, ante el cambio radical de la conversación, de un Presidente herido porque le ocultan la información, a un Presidente sobre el cual caen sospechas de presuntas relaciones con el Cártel del Pacífico/Sinaloa a través de Rocha Moya.
El comunicado deja claro el papel del Mayo como mediador entre la clase política de Sinaloa, donde tiene legitimidad y capacidad de interlocutor con las fuerzas políticas. No sólo eso. También revela la ascendencia de Los Chapitos sobre los políticos sinaloenses. La afirmación de que “Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, deja ver que Rocha Moya también tiene contacto directo, continuo y de confianza con los hijos del Chapo Guzmán.
La declaración ofrece también dos interpretaciones.
Una es que contradice la información que tiene el gobierno mexicano, referida en este espacio el viernes, de que fue un comando estadounidense el que lo sometió y salió del país con él y Guzmán López a Estados Unidos. Es decir, le quita responsabilidad a Washington sobre una operación quirúrgica para atraparlo, aunque el Departamento de Seguridad Territorial de ese país informó el día de su captura que había sido resultado de un largo trabajo de su unidad de Investigaciones Criminales y el FBI. La otra interpretación es que el Mayo comenzó a hablar, mucho tiempo antes de que comience su juicio en Brooklyn.
La revelación sobre el papel de Rocha Moya es determinante, porque no queda sólo en la imputación, sino que se extiende a López Obrador por la vieja amistad que los une. No se sabrán las razones de Zambada para haberlo hecho por algún tiempo, pero su comunicado marca una ruptura con Morena y sus gobiernos, y de guerra contra Los Chapitos. No se puede olvidar, por las probables implicaciones futuras, que López Obrador está a siete semanas de convertirse en ciudadano. Él, mucho menos.
