No puede el presidente Andrés Manuel López Obrador quitarse la etiqueta de “narcopresidente” que le colocaron desde que el 30 de enero tras la publicación de un reportaje en tres medios extranjeros, que revelaron que la DEA lo investigó por haber recibido presuntamente dinero del Cártel de Sinaloa para sus campañas presidenciales en 2006 y 2012, y cerró por razones políticas. Desde entonces es un tema frecuente en las mañaneras, aunque entre más patalea en ese pantano, más se hunde y más herido parece. En los últimos días, por una o por otra razón, las imputaciones lo han perseguido, dejándolo mal parado.
Ha habido momentos de comicidad involuntaria, como adjudicar a un periodista un “Premio Nobel de periodismo”, que obviamente no existe, confudiendo la presea con el Premio Pulitzer. O como quejarse de que The New York Times, que también publicó una investigación sobre su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, haya sido distinguido con otro Pulitzer –en realidad fueron tres– esta semana, aunque no se enteró ni nadie le dijo que el Pulitzer más distinguido de todos, al Servicio Público, se le dio a ProPublica, uno de los tres medios que revelaron el financiamiento del narco a sus campañas en enero.
Quitando esos episodios hilarantes, queda lo más letal para su imagen, revelado por la periodista Anabel Hernández en su último libro, La historia secreta (Grijalbo), que reproduce el testimonio de Sergio Villarreal, el Grande, quien aseguró a la hoy Fiscalía General de la República y a la DEA, hace más de 10 años, que como personero de los hermanos Beltrán Leyva, cuando eran parte fundamental del Cártel de Sinaloa, le entregó 24 millones de dólares para su campaña presidencial de 2006, incluidos 500 mil pesos que le dio en un hotel poco antes de la elección. López Obrador ha tildado a Hernández y a los narcotraficantes de “viles calumniadores”, por no haber presentado ninguna prueba que sostenga sus dichos.
Ayer dijo: “Yo nunca he visto a ese señor que le apodan o le llaman el Grande. No lo conozco, nunca lo he visto. Y esa señora se atreve a decir que voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta. Sí, y que la maleta yo se la paso al… general Audomaro Martínez (actual director del Centro Nacional de Inteligencia). A ver, ¿de dónde saca eso si yo no conozco a este señor, y nunca lo he visto?”.
Aunque se puede tomar sin dudar el lado del Presidente y cuestionar las declaraciones de criminales –como sería mi caso–, su problema es que él mismo le dio legitimidad a las palabras del Grande. El 23 de enero del año pasado, el criminal testificó en el juicio en contra del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, en Brooklyn, y palabras más, palabras menos, dijo lo mismo que aseguró de López Obrador, aunque la suma de dinero que presuntamente le dieron fue una quinta parte de la que supuestamente entregaron a López Obrador.
El Presidente dio tanta credibilidad a sus palabras, que al día siguiente anunció que diariamente se iba a presentar un informe sobre el juicio de García Luna y rechazar todo aquello que tuviera que ver con la corrupción. “No queremos que pase de noche, (porque) se trata de un proceso aleccionador para que no se repita”, afirmó. “Es importante porque es muy vergonzoso. Se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de (Felipe) Calderón y que tenía una doble función… al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los cárteles o de los grupos de la delincuencia organizada”.
López Obrador ha utilizado las palabras del Grande como lanza contra el exsecretario, para acusarlo sistemáticamente de corrupto, y sugerir responsabilidad de Calderón por omisión o comisión. “El poder, si no hay principios, corrompe absolutamente”, agregó en enero del año pasado. “Lo único que sostiene a un buen servidor son los principios”.
López Obrador no sabía que el testigo estrella de la fiscalía contra García Luna había dicho cosas peores sobre él 13 años antes. Si se compararan los casos, sería más grave la imputación a López Obrador, al dejar abierta la posibilidad de que recibiera financiamiento para sus campaña en 2006 y 2012, como concluyó la DEA. Igualmente, si el testimonio del Grande fue clave para condenar a García Luna, un juicio contra López Obrador en Brooklyn tendría el mismo destino, se puede argumentar, y estaría preso esperando sentencia.
Brooklyn debe estar entre sus escenarios para cuando deje de ser Presidente, y preparar un equipo legal en lugar de lagrimear en público. “¿Qué tiene que hacer la DEA investigando al Presidente de México? ¿Quién se los autoriza?”, se quejó ayer, sin saberse si está enterado que investigaciones de alto perfil como las que realizaron en su contra tienen que ser aprobadas por un comité especial en el Departamento de Justicia. “¿Dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas?”, preguntó. No hay, como tampoco las hubo en el caso de García Luna. Bastaron las declaraciones de los criminales y una buena narrativa de la fiscalía para convencer al jurado de que era culpable.
García Luna no tenía investigaciones previas en Estados Unidos, como sí las hay contra López Obrador. No se equivoque, Presidente. El hashtag #NarcoPresidente es lo menos grave que tiene enfrente.
