Por primera vez el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que habrá cambios en su gabinete. No dijo cuándo, pero será pronto, porque, explicó, cada vez más el gobierno se tiene que ir ajustando a la nueva realidad y a las nuevas políticas. Estos dos conceptos deben entenderse como el inicio del proceso de sucesión presidencial que comenzó el domingo pasado, y en donde tiene que ir reacomodando sus piezas estratégicamente para blindarse, por un lado, y para apuntalar los cimientos de sus reformas para evitar que, como lo hizo él con las del presidente Enrique Peña Nieto, si llegara a perder su candidata o su candidato la elección de 2024, las desmonten.
Su primer ajuste fue en la cima del gabinete económico. Sustituyó al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por Rogelio Ramírez de la O, su viejo consejero, muy cercano a él por más de tres lustros, que dejó su exitosa consultora –que le costó levantar después de la pérdida de clientes– cuando aceptó ocupar el mismo cargo en la chabacanada del “gobierno legítimo” en 2006, para darle sentido al proyecto en el que cree. El quid pro quo fue que le permitiera meter las manos en el sector energético, que hasta ahora no sólo ha sido como un barril sin fondo, sino que amenaza con descarrillar todo lo realizado por López Obrador.
Este cambio estaba anunciado desde hace semanas, cuando reveló que no pensaba ratificar al actual gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y que propondría al Senado a una persona comprometida con la “economía moral”, que pregona. Pero hay otros ajustes que, a decir del Presidente, vienen en camino. No hay una luz clara que alumbre lo que hará, y si bien un cambio en el gabinete se hace normalmente cuando hay un giro en la dirección que se lleva, que no es el caso, también sucede cuando existe un desgaste que necesita restauración.
El ejemplo más claro de ello es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien sorprendentemente anunció el miércoles el final de las conferencias vespertinas sobre el Covid-19 que daba diariamente en Palacio Nacional. López-Gatell sufrió un enorme desgaste por actuar más como político, para complacer al Presidente, que como científico, lo cual agradece López Obrador, quien le tiene aprecio por ello. Pero ese desgaste se profundizó también al interior del gabinete, donde la pérdida de protagonismo lo metió en una dinámica de conflicto con otros miembros de la corte palaciega. Si el subsecretario permanece en el cargo será sin el poder y la influencia que llegó a tener, y será sustituido, en los hechos o en la práctica.
Hay otro personaje altamente desgastado, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, cuyo rendimiento como la Magnum 357 del Presidente para amagar, hostigar y crucificar a los adversarios del mandatario –que lo llama “hijo”– empieza a ser decreciente. Sobrevivió un conflicto prolongado con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, pero de acuerdo con colaboradores del Presidente, ha ido cometiendo errores al señalar públicamente a personas sobre las que no hay un interés en proceder porque no han agraviado a López Obrador, quien hace este tipo de distinción de manera muy clara. Nieto, sin embargo, sigue siendo un funcionario útil al Presidente, quien podría utilizarlo, si decide finalmente sustituirlo en la UIF, en otras áreas de investigación.
El Presidente, que suele hablar cáusticamente, adelantó que los cambios se irían viendo conforme a la marcha de la reforma administrativa. Ésta significará la desaparición de un número indeterminado aún de organismos autónomos que serían absorbidos por dependencias federales, aunque también se está evaluando la desaparición de algunas secretarías de Estado, como la de Turismo, que ha sobrevivido dos sexenios, cuyas funciones pasarían a otra dependencia. Esta reforma administrativa busca racionalizar el gasto, en la lógica de López Obrador, quien estima que habría un ahorro de 20 mil millones de pesos anuales, que serían inyectados a programas sociales y a los sectores de mayor marginación.
Hay dos secretarías de Estado sobre cuyas titulares ha habido mucha discusión pública. Una es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuya supuesta renuncia fue filtrada a la prensa directamente de Palacio Nacional, de acuerdo a funcionarios federales. La otra es la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, quien cayó de la gracia del Presidente por la forma como ella y su hermano, Pablo Amílcar, desataron una campaña en contra de Félix Salgado Macedonio para desbarrancarlo de la candidatura al gobierno de Guerrero, que no lograron, pero que obtuvieron como respuesta la divulgación de propiedades que no habían declarado ni tampoco se lo habían informado al Presidente.
Sandoval vive horas extra, pero en el caso de Sánchez Cordero la situación no es tan diáfana como parece. La embestida pública que ha habido en su contra no fue sugerida o estimulada por López Obrador. El conflicto de la secretaria es directamente con el consejero jurídico, Julio Scherer, quien no ha dejado de criticarla y atacarla. Inclusive, dentro del proceso de degradación profunda que vive esa relación, se está mencionando que podría sustituirla Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, aunque no está claro que este tipo de relevo esté sobre la mesa del Presidente. Otra posibilidad es que Gobernación desaparezca para convertirse en una especie de secretaría de derechos humanos.
Los ajustes en el gabinete, si finalmente se dan como parece haber decidido el Presidente, no serán un cambio de timón, porque en sus decisiones sobre el trato presupuestal diferenciado y la insistencia de ir hasta el fondo en temas prioritarios para él, tanto en lo político como en lo existencial, como las reformas en el campo energético, el grito de guerra es ni un paso atrás. Los cambios serían para reagrupar a su ejército para la sucesión y la elección presidencial en 2024, en el diseño estratégico del futuro.
