En materia de seguridad pública, las cosas están mal y se van a poner peor. La estrategia del gobierno federal para enfrentar a los criminales se está colapsando, sin idea clara de cómo se puede replantear. Hace unos días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respondió que pese a la reducción presupuestal para seguridad pública harían más con menos. Una frase rápida con vida efímera en los medios, pero sin sustento. La realidad es mucho más grave de lo que reconoce. Si a las cifras oficiales nos atenemos, de mantenerse la tendencia, la ruta por la cual va el combate a los criminales producirá al final del sexenio más muertes que las registradas en el gobierno de Felipe Calderón, contra el cual Osorio Chong le gusta compararse. Si con más se hizo menos, parafraseando al secretario, ¿con menos recursos cuánto más seguirá hundiéndose el país en la violencia?
De acuerdo con la información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 47 meses del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el número de denuncias de homicidios dolosos, que son aquellos en donde se priva de la vida con conocimiento de los elementos de tipo penal, llegó a 69 mil 808. En el mismo periodo del gobierno de Calderón hubo 58 mil dos denuncias. Es decir, en el gobierno peñista se han registrado 11 mil 806 denuncias de homicidios dolosos más, que significa un aumento de 20.4 por ciento.
El comportamiento de los homicidios dolosos durante el gobierno de Peña Nieto no es estable. La cifra más alta de homicidios se dio entre mayo y octubre de 2011, donde de acuerdo con la estrategia del gobierno de Calderón –el tener una mayor capacidad para abatir delincuentes o detenerlos, frente a la velocidad con la cual las organizaciones criminales podrían reclutar nuevos cuadros–, vendría un punto de inflexión y los homicidios dolosos irían a la baja hasta estabilizarse en niveles de finales de los 90 para el año 2018.
Al arrancar el gobierno peñista se dio una baja significativa en homicidios dolosos, casi a los niveles de la primavera de 2009, derivada, sin embargo, a que en el arranque de la nueva administración las órdenes de la Secretaría de Gobernación a los cuerpos de seguridad federal fue no confrontar a criminales. La lógica era que si no se les combatía, no habría muertos. En efecto, se disminuyó la cifra de asesinatos porque se entró en una pax narca, donde los cárteles tuvieron vacaciones, que aprovecharon bien. Renació La Familia Michoacana en Los Caballeros Templarios; Los Zetas, casi aniquilados, terminaron de mudarse de delitos y restablecieron sus vínculos criminales en el exterior; y el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en la organización más rica y peligrosa.
Para mayo de 2015 todo cambió. Desde entonces la cifra de homicidios dolosos, en función de las denuncias, comenzó su repunte. En septiembre de ese año regresó al punto en que estaba en febrero de 2013, y aunque las denuncias se mantuvieron prácticamente estáticas hasta enero, en febrero de este año comenzó la escalada galopante. La proyección para el cierre de 2016 es que habrá 20 mil 476 homicidios dolosos, cifra similar a la de 2010 (20 mil 680), pero la mayor en lo que va del sexenio y con una tendencia anual al alza. Después de tres años en descenso (2012-2014), en 2015 hubo un incremento de 8.8 por ciento de homicidios dolosos en comparación con el año previo, y para este año el aumento estimado es de 20 por ciento en relación al anterior.
El estado donde más se han incrementado las denuncias por homicidio es Guerrero, que registró mil 514 en 2014 y dos mil 16 el año pasado, de acuerdo con los datos del Secretariado, que significan una variación de 33.2 por ciento, pese a los distintos programas federales para disminuir la inseguridad en ese estado. No hay datos concluyentes para 2016 en Guerrero, pero las condiciones de violencia parecen haberse incrementado en los últimos meses, con desaparición o anulación de las autoridades locales en varias regiones de la entidad. El gobierno federal atendió con rapidez las necesidades en el estado, pero su velocidad no ha ido aparejada a la eficiencia.
Otras entidades muestran la lentitud de reflejos de Gobernación. Tabasco es un ejemplo, donde la variación de denuncias entre 2014 y 2015 subió en 38.7 por ciento –una de las más altas del país–, sin que interviniera la Federación hasta esta semana, que envió a la Gendarmería. De enero a octubre de este año se incrementaron las denuncias de homicidios dolosos en 25 estados, en comparación con 2015, sobresaliendo por su alta incidencia criminal Veracruz, donde la variación en números absolutos fue de 502, Michoacán con 442 y Colima con 365. Sin embargo, donde más homicidios dolosos se han cometido en los últimos 15 años son, en orden de volumen, el Estado de México, Guerrero y Chihuahua.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son fríos y reveladores. Muestran las debilidades estratégicas del gobierno de Peña Nieto y exhiben la debilidad de su diagnóstico y solución. Pero este ha sido su peor año. La tasa de homicidios de enero a octubre fue de 14 por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta del sexenio, y creciendo. Con menor presupuesto, sin estrategia ni ideas frescas, definitivamente no hay razones para la tranquilidad.
