Si en el gobierno mexicano no se han dado cuenta del problema en el que se pueden meter por la ligereza como abordan los temas de delincuencia organizada y terrorismo, se van a llevar un susto.
Cuidado con los pasos poco cuidadosos de Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien por falta de rigor y supervisión está metiendo en problemas al gobierno.
La última pifia está en la llamada investigación de los movimientos financieros de Rafael Caraveo, exfuncionario del Senado que es el testigo principal en la imputación del exsenador panista Jorge Luis Maury, por presuntamente recibir sobornos millonarios para aprobar la reforma energética del gobierno de Enrique Peña Nieto.
En 40 páginas sobre las operaciones bancarias de las cuentas de Caraveo, la UIF desdobla evidencia circunstancial, pero no vinculatoria a ningún delito. Si eso es grave para el caso, donde el gobierno había fincado altas expectativas por llevar a la cárcel a exlegisladores y funcionarios del gobierno peñista, hay algo aún más frágil y riesgoso por sus implicaciones internacionales.
Según Nieto, las operaciones financieras de Lavalle y Caraveo tienen vinculación con varias empresas del empresario hondureño Mohammad Yusuf Amdani, de quien dice textualmente el documento oficial de la UIF que “fue nombrado como partícipe de terrorismo y punto de contacto en América Central para Al Qaeda, indicando también que posee y gestiona múltiples empresas en Honduras, Pakistán, Guatemala, El Salvador y los Estados Unidos”, y sugiriendo que los panistas estaban vinculados a terroristas.
La imputación, se aclara en el documento, se basa en un artículo de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) sobre Seguridad Marítima y Defensa contra el Terrorismo, publicado en noviembre de 2010. Traducido al contexto de las implicaciones legales internacionales, Nieto admitió que existe un vínculo de Al Qaeda en México –una organización que desató la guerra global interminable contra el terrorismo desde hace más de 20 años– al darle toda credibilidad –de otra manera no lo habría incluido en las acusaciones contra los panistas–, por lo cual reveló indirectamente que los enemigos declarados de Estados Unidos tienen una base de operaciones en México.
El reporte de Nieto aparentemente se refiere a un artículo que escribió Michael McNicholas, Terrorismo y transporte comercial: el uso de barcos, carga y contenedores para transporte de terroristas y materiales, que fue publicado originalmente como el capítulo Operación cazando anguilas, en el libro Seguridad marítima y defensa contra el terrorismo, que no fue realizado para la OTAN, sino para una corporación panameña, Phoenix Management Security Group, que en 2009 condujo un estudio sobre la problemática a petición del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en donde el autor mencionaba manifiestos de carga del Grupo Karim y sus subsidiarias, propiedad de Amdani, a partir de las cuales hacían sus acusaciones.
El empresario demandó a McNicholas y el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de Honduras, donde tras años de litigios de Amdani en contra del autor, le dieron la razón en 2016. Esa conclusión pasó desapercibida por Nieto y sus investigadores, en el mejor caso; ni tampoco, peor aún, se dieron cuenta de la rectificación que hizo McNicholas en diciembre de ese mismo año, donde reconoció que su artículo atribuyó incorrectamente al empresario y sus empresas actividades ilegales, y dijo que aunque no podía revelar la identidad de las fuentes que le proporcionaron la información que incluían las bitácoras marítimas de los cargamentos de la tiacompañía del empresario, admitía que habían sido “fabricados” y que no había evidencia que lo vinculara con lavado de dinero, contrabando, facilitación de actividades terroristas o cualquiera de las actividades ilegales e inmorales que había señalado en su artículo.
Si Amdani quisiera demandar al gobierno mexicano y en particular a Nieto y a la UIF, le iría muy bien, porque con todo el caso en la Suprema Corte de Justicia hondureña y la rectificación de McNicholas, podría probar no sólo una difamación y daño moral, sino dolo. No lo hará porque, como seguramente sabe de otros empresarios, una acción de esta naturaleza provocará una cacería penal en su contra y le buscarán e imputarán, como amenazaron a otros empresarios mexicanos, delitos incluso que ni siquiera cometieron. Otra duda que queda con ello es sobre la solidez de las investigaciones que producen esos documentos, cuya frivolidad allana el camino para otro tipo de consecuencias.
En este sentido, se encuentran relacionadas con el caso Lozoya, donde el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, negoció con el exdirector de Pemex Emilio Lozoya para que le entregara a exfuncionarios del gobierno de Peña Nieto y a exsenadores panistas y priistas, acusados, los primeros, de haber cometido “traición a la patria” al sobornar a los segundos para que se aprobara la reforma energética.
Gertz Manero se ha apoyado en parte en la información que le proporciona Nieto para construir su caso, pero el desliz con Amdani y las redes de vínculos financieros en la investigación sobre Lavalle y Caraveo que no prueban ilícito alguno, hasta ahora, sigue dificultando el avance sólido en el caso Lozoya.
La debilidad de las acusaciones contra Lavalle y Caraveo tienen el caso, armado conjuntamente con el exdirector de Pemex, bailando sobre un filo muy delgado. La molestia del fiscal contra el jefe de la UIF no ha cesado. Gertz Manero se queja de que Nieto le da información que no puede ser judicializada, y que, al no poder incorporarla en los expedientes, él es quien queda mal ante el Presidente y no el jefe de la UIF.
Están viviendo un círculo vicioso, donde el microcosmos que representa la imputación a Amdani, le da la razón al fiscal. Pero también, arroja dudas sobre la técnica que está utilizando Nieto en la elaboración de sus redes de vínculos, porque, como se aprecia en la investigación de Lavalle Maury y Caraveo, deja mucho qué desear.
