El domingo se registraron 112 homicidios dolosos, convirtiéndose en el sexto día más violento del sexenio. Al 28 de abril, el total de crímenes intencionales durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sumó 120 mil 499, con lo cual rebasó el total sexenal de su némesis, Felipe Calderón, que topó en 120 mil 463. Con estos números, el discurso de López Obrador y de sus principales propagandistas, de que Calderón pintó al país con sangre, queda obsoleto y anulado, llevándolo con paso firme a ser el presidente con los peores resultados históricos en materia de seguridad. En estos momentos, todavía los números del presidente Enrique Peña Nieto son peores que los suyos, pero al ritmo que avanza la violencia hoy en día, en menos de año y medio lo habrá superado.
La obsesión de López Obrador para demostrar que su estrategia de no combatir al crimen organizado y resolver la violencia mediante programas sociales para atacar las causas que la producen, ha resultado en un monumental fracaso. No fue por un problema de diagnóstico, porque efectivamente la pobreza es caldo de cultivo para el reclutamiento de las organizaciones delincuenciales, sino de ingenuidad. Atacar las raíces del problema sin acompañarlas de incentivos para que abandonen las actividades criminales, es desconocer por completo la naturaleza del narcotráfico, que es un negocio.
López Obrador no descubrió nada con esa variable a la lucha contra la delincuencia. Calderón anunció una estrategia idéntica en 2007 para acompañar el combate a los cárteles de la droga, que sin embargo nunca tuvo ruedas para avanzar. La estrategia de Calderón se enfocó únicamente en el combate policial-militar, donde el único incentivo para que los jóvenes dejaran de seguir engrosando las filas criminales era combatirlos. Aun así, tuvo éxito. El número de homicidios dolosos comenzó a declinar sistemáticamente en mayo de 2011, cuya inercia alcanzó los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, que pensaba igual que López Obrador y dejó de combatir a los criminales. La consecuencia fue que los homicidios dolosos se dispararon y entregó una herencia maldita a su sucesor, quien no aprendió de esos errores y, peor aún, los multiplicó.
La ignorancia, la soberbia y los prejuicios de López Obrador y su equipo los hundieron todavía más. Públicamente, el Presidente se mantiene firme en su estrategia y reta a quien lo critica de que la mantendrá, aunque se burlen de él. En una parte tiene razón. Se frase de “abrazos, no balazos”, que usa para definir lo que está haciendo para reducir la violencia, se ha vuelto objeto de risa y ha servido para ridiculizarlo. En privado, la falta de una autocrítica verdadera sobre el desastre de su estrategia, combinada con su obsesión narcisista de que necesita bajar los números de homicidios dolosos para que no sea comparado con sus antecesores, lo ha llevado a tomar decisiones excepcionales, por no decirles disparatadas.
Funcionarios federales revelaron que el Presidente dio instrucciones para contratar los servicios de consultores y expertos externos para que le digan qué hacer y reducir la tasa de homicidios dolosos para el resto de su sexenio. Las órdenes para buscar quién le resuelva el problema han provocado sorpresa entre sus colaboradores, por pensar que afuera encontrará, a estas alturas del sexenio, quien pueda resolver el fenómeno de la violencia, descartando completamente al gabinete de seguridad, que por la experiencia, es corresponsable directo del fracaso. Ya no habrá tiempo para revertir nada. Como se apuntó líneas arriba, ya superó –con apenas la mitad de su mandato– a Calderón en el total de los homicidios dolosos que registró durante todo su sexenio, y está a escasos 37 mil crímenes para que rebase los totales de Peña Nieto. A un ritmo de poco más de 33 mil homicidios dolosos cada año, esa cifra será superada durante 2023.
La seguridad pública es el peor evaluado en los rubros de actuación del gobierno, de acuerdo con una encuesta de El Financiero publicada este lunes. El 63% tiene una opinión negativa sobre la forma como lo ha hecho el gobierno de López Obrador, que es el porcentaje de desaprobación más alto del sexenio. La mala evaluación que tienen los mexicanos del manejo de la seguridad pública ha tenido un incremento constante desde diciembre del año pasado, en cuyo periodo ha perdido 12 puntos porcentuales. La opinión positiva sobre su manejo cayó 18 puntos, de 40 a 22%.
Estos números no significan que antes de diciembre estaba mejor evaluado. De hecho, en diciembre hubo un ligero rebote favorable al Presidente, pero fue efímero. En abril del año pasado, la opinión negativa sobre su manejo llegó a 67%, y por la tendencia que se aprecia en la serie de El Financiero, ese porcentaje será probablemente rebasado. No se necesita ser un conservador, un neoliberal o un mago para entender la dinámica. Basta ver las noticias, donde diariamente se reportan asesinatos, masacres, feminicidios, abusos de los militares y nada de contención ni combate a criminales.
La prueba se dio el domingo. Los datos reportados por las fiscalías del país, dados a conocer por el propio gobierno federal, revelaron el sexto día más violento del sexenio, y en sólo nueve estados, poco menos de una tercera parte del país, no se registró ningún homicidio doloso. Las entidades más violentas fueron Estado de México (16), Guanajuato (15), Michoacán (11), Jalisco (8), Puebla y Chihuahua (7 cada uno). La realidad en las calles mexicanas agota y anula el discurso de López Obrador sobre la violencia de pasados presidentes, y cierra sus márgenes de maniobra.
Instruir a su equipo a buscar donde sea –reconociendo de manera implícita que dentro del gobierno no hay capacidad– para frenar la violencia y que los homicidios dolosos disminuyan significativamente, es una quimera. Aunque se contratara al mejor o a la mejor experta en materia de seguridad pública, López Obrador tiene garantizado su lugar en la historia, donde no lo quería, como el presidente en cuyo sexenio se habrá cometido el mayor número de crímenes.
