Una de las explicaciones más jocosas –porque no se le puede llamar de otra manera– de la renuncia de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República el viernes pasado, fue lo que en forma oficiosa se dijo en Los Pinos: necesitaba tiempo, le dijo al presidente Enrique Peña Nieto, para preparar su boda.
Por esa razón, una de las personas de mayor influencia en Los Pinos en los últimos años, pieza central de Peña Nieto para ir copando de leales al Poder Judicial, se tiraba al vacío en el servicio público y una carrera ascendente, puesta en un suspenso que, al final del sexenio, parecería más un suicidio.
Por supuesto, esa razón es una mentira blanca. La renuncia de Castillejos es parte de un entramado mucho más ambicioso.
Terminando la carrera del Estado Mayor Presidencial. pic.twitter.com/YQ5pmbFFjy
— Humberto Castillejos (@Hcastillejos) 15 de agosto de 2015
La salida de Castillejos de Los Pinos sin horizonte público tangible es un gambito del presidente Peña Nieto que, como buen jugador de ajedrez, sacrificó a su pieza –la consejería jurídica– para obtener no una, sino varias posiciones favorables en el corto y mediano plazo.
Esta jugada tiene como precedente el decreto del 13 de diciembre de 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Fiscalía General de la República, que tenía como artículo decimosexto transitorio lo siguiente:
1.- La entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
2.- El procurador general de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado Fiscal General de la República como ministerio constitucional.
Cuando se publicó el decreto, el procurador general era Jesús Murillo Karam, quien explicó en su momento que la transición podría durar dos años, y una vez que estuvieran aprobadas todas las leyes secundarias.
Murillo Karam no sobrevivió en el cargo, y fue sustituido por Arely Gómez, quien fue vista también como una figura efímera en la PGR o, en su defecto, que no necesariamente sería ella la que durante el resto del sexenio pudiera asumir la Fiscalía General.
Gómez dejó la PGR en octubre de 2016, cuyo relevo, Raúl Cervantes, provocó la polémica que ninguno de sus antecesores había provocado.
La objeción contra el decimosexto transitorio, personalizado en él, es que el Presidente quería dejar a un incondicional como Fiscal General.
Cervantes no era tan cercano al presidente como a otras figuras de la clase priista, pero es tío –aunque se dicen primos por razones generacionales– de Castillejos y del actual director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, que fue procurador en el gobierno del gobernador Peña Nieto en el Estado de México.
La oposición en las cámaras al pase automático llevó a un ofrecimiento del PAN al presidente: si modificaba el artículo transitorio que lo establecía, aprobaban primero los transitorios en su conjunto y después, de cualquier forma, votarían a favor de Cervantes.
El 29 de noviembre de 2016 en una acción que sorprendió a Senado, el presidente Peña Nieto envió una reforma a ese transitorio para que, “ante las voces, entre ellas las del propio procurador Cervantes” que señalan que el pase automático “no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional”, le otorgaba ese derecho al Senado, que debería designarlo.
Una vez enviada la reforma al transitorio, de acuerdo con personas que conocieron los detalles de esas gestiones, el presidente cayó en cuenta de que el PAN y el PRD le habían tendido una trampa, por lo que instruyó a la bancada del PRI a congelar la enmienda.
La decisión presidencial sería que buscarían otras fórmulas para reponer el proceso que el mismo Peña Nieto había detenido.
Las elecciones en el Estado de México detuvieron muchas de las acciones planeadas para la última parte del sexenio, pero cinco días después de pasada la elección, regresaron a la ruta trazada.
El viernes comenzó a perfilarse el rumbo, con la renuncia de Castillejos. Uno de los argumentos esgrimidos por la oposición en contra del pase automático, quedó borrado.
Si el primo del procurador ya no era el consejero jurídico de la Presidencia ni tampoco ocupaba ningún cargo en el servicio público, el conflicto de interés inherente quedaba eliminado.
Al no aprobarse la enmienda del presidente, se mantiene vigente el artículo transitorio decimosexto, por lo que quedará abierto el camino para que Cervantes, tenga el pase automático a la Fiscalía General.
Castillejos no se sacrificó por su primo. Una segunda jugada está cocinándose: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por supuesto que existe el argumento que no hay nadie que esté en vísperas de su jubilación, pero no es necesario. El gobierno mexicano está promoviendo a la ministra Margarita Luna Ramos como la candidata del gobierno para ocupar una de las 15 sillas en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
El próximo año quedará vacante una de las dos sillas que corresponden a América Latina, al terminar su periodo de nueve años el brasileño Antônio Augusto Cançado. Ahí está el gambito de Castillejos y el diseño estratégico del Presidente.
La boda es un chascarrillo. El Poder Judicial es el fin.
