El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es, definitivamente, disfuncional o está en una crisis tan profunda que sigue cometiendo errores costosos.
La prueba concluyente es el fiscal Alejandro Gertz Manero, que el miércoles por la noche difundió un comunicado sobre la captura de Ismael el Mayo Zambada que, por la información que hizo pública, legitima y da cauce legal a la carta del jefe del Cártel Pacífico/Sinaloa donde vincula al gobernador Rubén Rocha Moya con el crimen organizado. ¿Lo hizo por torpe? ¿Por instrucciones del Presidente para hundir a su amigo Rocha Moya? ¿Porque quiere deslindar a Palacio Nacional de cualquier sospecha del cártel de una traición? ¿Para mandarle un mensaje de paz al capo?
La nota informativa que distribuyó la Fiscalía General señala que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, capturado junto con Zambada en El Paso, Texas, hace tres semanas, es presunto responsable del secuestro del capo para sacarlo de México y entregarlo a las autoridades estadounidenses, cometiendo un delito federal por privarlo de su libertad y otro por traición a la patria. En la misma nota afirma que el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén no fue en la gasolinera, como afirmó la fiscalía sinaloense, sino en el rancho donde atraparon a Zambada.
Por lo que informó la Fiscalía General, se puede deducir que llegó a esas conclusiones gracias a la carta del Mayo Zambada publicada el 10 de agosto, donde afirma que Guzmán López lo emboscó para llevarlo a Estados Unidos y lo puso en sus manos, mientras que Cuén fue asesinado en el mismo lugar donde había sido citado para mediar entre él y el gobernador. Es decir, Gertz Manero tomó los dichos del narcotraficante como si fuera una denuncia ante la autoridad y otorgó validez selectiva a los dichos de Zambada, omitiendo todo lo que involucra a Rocha Moya.
Gertz Manero, por lo que señala el comunicado, no recibió ninguna denuncia de la familia de Zambada que motivara la investigación, y actuó como normalmente no lo hace. Como contraste de su actuar, cuando ejidatarios poblanos bloquearon durante cinco días la autopista México-Puebla, que causó pérdidas económicas de 131 mil millones de pesos, no intervino, incurriendo en el delito de omisión de responsabilidades, que comete también cuando se hace de la vista gorda ante las peticiones de gobernadores para que atraiga investigaciones relacionadas con el narcotráfico.
Sólo cuando el Presidente le ordena que se meta a un tema relacionado con el narcotráfico, lo hace, como sucedió en el caso del Mayo Zambada, aunque sus resultados parecen más un intento de quedar bien con el capo, que saber qué sucedió, como puede interpretarse porque Gertz Manero sólo tomó parte de las revelaciones que hizo Zambada al imputar a Guzmán López, excluyendo las partes comprometedoras que mencionan la relación directa de Rocha Moya con el cártel, antesala de una imputación a López Obrador. De ahí la protección presidencial, de la presidenta electa, de los gobernadores de Morena y los líderes del partido, en un enorme encubrimiento institucional.
Pero la acción de Gertz Manero está lejos de lograr la exoneración que pretende y no ayuda al gobierno, porque al desmentir la versión de la fiscalía sinaloense sobre el asesinato de Cuén sin abrir una investigación contra la exfiscal Sara Bruna Quiñónez por el presunto delito de encubrimiento y alteración de evidencias, probablemente porque si la llama a declarar podría revelar quién le ordenó mentir y desaparecer evidencias, conduciría una vez más a Rocha Moya y su presunta actitud delictiva.
Gertz Manero tuvo que tragarse su enojo con el gobernador por haberle mentido en las conversaciones que tuvo con él por órdenes de López Obrador, quien le pidió que lo apoyara sin hacer caso a las investigaciones preliminares sobre lo que había sucedido en la captura de Zambada y Guzmán López, que dejan muy mal parado a Rocha Moya y que, de haberse actuado con legalidad, lo habría obligado a promover un juicio de desafuero para inculparlo y llevarlo a tribunales.
Esas investigaciones preliminares revelan que los vínculos de Rocha Moya con Zambada eran fuertes, y que el asesinato de Cuén tenía que ver con esa relación. El fiscal informó al Presidente que había una fuerte protección institucional del gobierno sinaloense al Mayo, y que había descubierto que más de 30 altos mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General de Justicia estaban a su servicio. Gertz Manero también expresó sus sospechas de que la bitácora de vuelo que presentó Rocha Moya para justificar que no estaba en Sinaloa el día en que sucedieron los hechos fue alterada.
Pero de esto, no hay nada. Se le dio carpetazo porque el Presidente quiere proteger a Rocha Moya, lo cual cada vez será más difícil. El intento de desviar la atención con el anuncio de la próxima orden de aprehensión contra Guzmán López y la rectificación de dónde fue asesinado Cuén, va a ser inútil, al tiempo de sembrar más dudas que respuestas, y más incriminaciones que exoneraciones, porque vuelve a colocar bajo la lupa al Presidente y al gobierno por las presunciones de sus nexos con el Cártel del Pacífico/Sinaloa.
No obstante, siguen las torpezas del gobierno, expuestas ahora en el comunicado, que el vocero Jesús Ramírez Cuevas debió haber revisado y autorizado –como lo hace con todos los boletines– antes de publicarlo. El control de daños sigue dando tumbos, y no ayuda que este domingo, acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, López Obrador vuelva a Sinaloa pretextando una entrega de obras. Apuntalar el apoyo a Rocha Moya es también abrir un paraguas para el Presidente.
López Obrador ha deslizado en varias mañaneras su temor de lo que pueda decir Zambada contra él, que refleja la preocupación en Palacio Nacional de que el cártel piense que la traición a su jefe salió de ahí, alimentando el miedo de que uno de estos días otro comunicado lo señale de manera directa, como lo hizo el capo con Rocha Moya.
