Después de 36 meses de haber sido detenido en Dallas por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón que diseñó el combate de 360 grados a los cárteles de la droga, irá a juicio acusado de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección. Ayer comenzó la estratégica selección del jurado en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, que durará esta semana, pero hay algo incluso más importante: las mociones de la fiscalía y la defensa que el juez Brian Cogan no ha resuelto. De lo que falle, se podrá anticipar el rumbo del juicio.
García Luna fue detenido el 9 de diciembre de 2019 en cumplimiento de una orden de detención girada cinco días antes por participar en una conspiración internacional de distribución de cocaína, conspirar para poseer y distribuir cocaína, conspirar para importar cocaína y hacer declaraciones falsas en su solicitud de naturalización. Más adelante se le añadió un quinto: conspirar con el Cártel de Sinaloa al recibir sobornos a cambio de protección legal.
García Luna ha negado las acusaciones, y en ningún momento buscó negociar ser testigo protegido de Estados Unidos a cambio de algún beneficio. Siempre se ha dicho inocente y buscará probarlo en el juicio que durará aproximadamente tres meses, cuya expectativa pública es que podría destapar varias cloacas, aunque, según el lado que se vea, afectaría al gobierno de Calderón o al del presidente Andrés Manuel López Obrador, de sus tiempos como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
El juicio del exsecretario, dijo en su moción in limine –que se plantea al iniciar el proceso como definición de su curso– el 10 de enero de este año el abogado en jefe de la defensa, César de Castro, es “determinar si García Luna fue aliado del gobierno de Estados Unidos en el combate al narcotráfico trasnacional, o aliado de los cárteles de la droga”. El fiscal Breon Peace presentó su moción cruzada in limine dos días después, donde cuestiona el intento de la defensa para impedir, como lo desea, pruebas de sus “actividades como ciudadano privado después de que se mudó a Estados Unidos, incluyendo las que demuestren su fortuna después de haber dejado el gobierno en 2012.
La fiscalía no quiere que García Luna pruebe su relación con funcionarios y agencias de Estados Unidos en el combate contra los cárteles, de sus reuniones y los premios que recibió de ese gobierno, y que se reduzca a los testigos que presentará la fiscalía –el nombre de todas ellas y ellos los conoce la defensa, pero no son públicos–, donde la mayoría de ellos, dijo De Castro, “fueron detenidos en México y extraditados a Estados Unidos mientras era funcionario público”.
Peace y su equipo quieren probar que García Luna conspiró con el Cártel de Sinaloa durante 18 años, lo que involucra el tráfico de 50 toneladas de cocaína a Estados Unidos, utilizando sus posiciones en el gobierno mexicano para promover las actividades de esa organización criminal a cambio de un soborno de 3 a 5 millones de dólares que le dio en maletas en un restaurante Luis el Rey Zambada, quien era el responsable de la plaza en la Ciudad de México, y que hizo la acusación originalmente durante el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán en la misma Corte en 2018. En su moción, el fiscal explicó:
“Las pruebas de las actividades del acusado después de 2012 son críticas y prueba directa de los delitos imputados en la acusación. También es una prueba contundente del motivo del acusado para aceptar sobornos del Cártel de Sinaloa y del conocimiento, capacidad, oportunidad y preparación para ocultar esos sobornos”.
La defensa, al oponerse a que se den a conocer sus ingresos obtenidos después de 2012, señaló desde abril de 2022 que el gobierno estadounidense ha producido más de un millón de páginas y grabaciones de audio para el caso, que “poca o ninguna relación tienen con García Luna”. La fiscalía sostiene el valor de esas pruebas, que acompañará con sus testigos, que además de los narcotraficantes, incluyen probablemente periodistas y exfuncionarios mexicanos. También señaló su desconcierto por la petición para que se desestime “la acusación sobre la base de que se retiró cualquier conspiración con el Cártel de Sinaloa cuando dejó su cargo público en 2012”. La defensa ha dicho, afirmando sin conceder delito alguno, que aquéllos por los cuales lo acusan previo a ese año, ya prescribieron.
En su moción de la semana pasada, De Castro pidió al juez Cogan que le pida a la fiscalía que dé a conocer las declaraciones que hizo García Luna posterior a su detención, al haber renunciado a sus derechos Miranda, que siempre se leen a los detenidos para que se abstengan de decir cualquier cosa que pueda ser utilizada en su contra en la Corte. La defensa señaló algo que parece inconsistente: los policías que lo detuvieron no grabaron las declaraciones porque “los agentes afirmaron que el sistema de grabación no funcionaba correctamente”.
Las mociones son fundamentales para el desarrollo y destino del juicio, donde se escucharán los alegatos de las dos partes. Pero si el juez Cogan determina que García Luna no puede presentar como prueba de inocencia su trabajo por años colaborando con el gobierno de Estados Unidos y los reconocimientos por ello, difícilmente saldrá avante de Brooklyn y enfrentará la posibilidad de cadena perpetua. Este camino abre otra ruta. Si García Luna cree que antes de iniciar perdió el caso, puede utilizar la Corte en Brooklyn para hablar todo lo que sabe de la relación de funcionarios y exfuncionarios con el crimen organizado, particularmente el Cártel de Sinaloa.
No hay certidumbre para ninguna de las dos partes de qué sucederá durante el juicio y qué tantas cosas sensibles puedan ventilarse públicamente. Lo único claro en este momento es que en el banquillo de los acusados estarán, además, los gobiernos de México y Estados Unidos.
