Nada ha sido más aplaudido en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que su manejo de la pandemia del coronavirus. Pero en los últimos días, un escándalo protagonizado por quienes desarrollaron y manejan la estrategia está escalando tras haber sido señalados de actuar de forma antiética, irresponsable y tramposa al haber utilizado un medicamento que no sirve para Covid-19 a fin de avalar una política pública que ellos mismos diseñaron, y a cuyas imputaciones puntuales optaron por responder políticamente. Es la marca de la casa. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una defensa de equipo y dijo que todas las críticas son ataques contra su gobierno.
La controversia llevaba días construyéndose, y explotó el viernes cuando el comité directivo del portal SocArXiv, un archivo digital gratuito de ciencias sociales lanzado en 2016, que tiene como casa la Universidad de Maryland, en una decisión sin precedentes, retiró un ensayo de los asesores de Sheinbaum, encabezados por José Merino, jefe de la Agencia Digital de Innovación Pública, que alegaba que la "distribución" de ivermectina en pacientes ambulatorios había validado “una política pública –diseñada por ellos– que permitió reducir impactos en salud por Covid-19”.
Merino y cinco coautores del ensayo, sus subalternos Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital, y Lila Petersen, directora ejecutiva de Inteligencia de Datos; Víctor Hugo Borja, director de la Unidad de Investigación del IMSS, Olivia López, secretaria de Salud capitalina, y su director de Servicios de Salud Pública, Jorge Alfredo Ochoa, respondieron que esa decisión era como “una indulgencia a las insinuaciones políticas” que se hacen en Twitter, y no como un diálogo académico. Reconocieron que su ensayo tenía problemas metodológicos, pero que no se trataba de un experimento ni de una prueba clínica, sino que se centraba en la evaluación de la distribución de ivermectina.
El director y fundador de la plataforma, Philip N. Cohen, al explicar el porqué de la decisión de eliminar su ensayo, señaló: “El documento tiene muy poca calidad o es deliberadamente falso y engañoso… No creemos que provee información útil y confiable”. Juan Pablo Pardo-Guerra, un profesor de la Universidad de California en San Diego no asociado a SocArXiv, le pidió a la organización no sólo quitar el ensayo, sino vetar a sus autores de la plataforma por haber realizado un trabajo “profundamente problemático y antiético”, al haber utilizado la Agencia Digital para reclutar personas y experimentar sin informarles a lo que los iban a someter, sin su consentimiento y sin declarar sus conflictos de interés.
La discusión era de nicho, y estaba en el terreno de cuál palabra valía más. Pero los argumentos de que se habían realizado acciones poco éticas fueron tomando fuerza, con un aliado táctico, la Secretaría de Salud federal, que, el domingo en su portal, recicló una declaración del subsecretario Hugo López-Gatell de septiembre de 2020, donde, apoyado en la Organización Panamericana de la Salud, decía que la ivermectina no servía para el Covid-19, por lo que no debería utilizarse.
El debate público volvió a encenderse contra Merino y los coautores del ensayo este lunes, cuando el exdirector de Análisis de Datos de la Agencia Digital, Saúl Caballero, se retractó de la investigación en la cual participó y firmó, y denunció a su exjefe por malas prácticas en esa dependencia. Caballero denunció que Merino le había pedido ejecutar actividades poco éticas en el manejo de la información que habían acumulado, y utilizar lo que se conoce como p-hacking, una práctica que consiste en seleccionar y acomodar los datos obtenidos de una forma específica para que muestren una tendencia o resultados favorables, aun si están incompletos, estableciendo que había manipulado la información para mostrar que el uso de ivermectina, como política pública, había disminuido las hospitalizaciones.
Merino y sus colaboradores habían dicho que el uso de ivermectina para tratar el Covid-19 se apoyó en estudios que dieron resultados positivos en Perú y la India. Cohen afirmó que, de acuerdo con las agencias de salud en Estados Unidos y en el mundo, la ivermectina no debía ser utilizada como tratamiento para prevenir el Covid-19, salvo en estudios clínicos cuidadosamente controlados, que en el caso de los mexicanos, subrayó, no lo estuvieron. Incorporó como material de apoyo para retirar el ensayo, el trabajo de PolitiFact, una plataforma del Instituto Poynter, que desmintió varias de las afirmaciones en el ensayo, y que fue distribuido por Facebook como parte de su esfuerzo por combatir las noticias falsas y la desinformación.
Los funcionarios capitalinos descalificaron a Cohen y le exigieron renunciar. Como respuesta, le dijo a Merino, sobre quien ha enfocado sus críticas, que “por donde lo vea, usted tiene un problema ético. Ya sea darle a la gente ivermectina en forma experimental, en cuyo caso se requiere el consentimiento, o sólo si fue un tratamiento médico para estudiarlo después, en el cual, tratar a las personas con una medicina no probada, es antiético”. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México y el IMSS, partes involucradas en el debate, dijeron que la distribución de ivermectina en pacientes ambulatorios “tuvo soporte en la evidencia científica disponible a nivel mundial en el año 2020”, que fue una mentira absoluta.
López-Gatell, que dice cosas y hace otras, echó una llanta salvavidas y dijo que no se había experimentado con la ivermectina, pese a haber estado en línea con la Organización Mundial de la Salud que desaconsejó su uso a menos que fuera en ensayos clínicos. Pero es lo que quería López Obrador, quien colocó una discusión ética en el contexto político.
Sheinbaum y sus estrategas están en un pantano, donde entre más patalean más se hunden, y colocan a la jefa de Gobierno en un problema de credibilidad y confiabilidad, porque no responder las imputaciones sobre la manipulación de enfermos de Covid, deja en el aire si actuaron a su espalda, o ella avaló un experimento que tenía al final del camino un objetivo político-mediático.
Funcionarios son señalados de actuar de forma antiética, irresponsable y tramposaUsaron un fármaco que no sirve para el Covid a fin de avalar una política pública diseñada por ellos
