A mediados de enero hubo una eclosión en el gobierno federal: Miriam Veras Godoy renunció a su cargo de directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia de la Secretaría de Salud. Esos nombres que arrastra el gobierno como si fuera un legado orwelliano, no permiten ver a simple vista lo que Veras Godoy representaba en la coyuntura actual de la pandemia. Responsable del Programa de Vacunación Universal, fue integrante del equipo que diseñó el esquema de inoculación contra el Covid-19; su renuncia provocó dudas sobre la integridad de las acciones que se están realizando.
Tan pronto como se filtró a la prensa su renuncia el domingo 17 de enero, se mencionó que obedecía a un choque con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por el tema de la vacunación. El gobierno salió a atajar las versiones, y ese mismo día, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, declaró que había sido por razones “meramente personales”, y no por un desacuerdo con el plan de vacunación. El 18, Veras Godoy, presionada, o para salirse de la discusión pública, declaró que su decisión obedecía a un problema de salud que se había “agudizado” 15 días antes a la renuncia.
El escándalo se contuvo, pero los pormenores fueron revelados por funcionarios federales con información de primera mano. Los detalles de la salida de Veras Godoy, con 31 años de experiencia en el sector salud a nivel federal y estatal, muestran una vez más la forma como el plan de vacunación tiene una arista abiertamente electoral, donde están alineados los estrategas del presidente Andrés Manuel López Obrador al apoyo de López-Gatell, quien tiene mucho menos autonomía de la que parece, pero cuenta con el respaldo absoluto en las oficinas que importan en Palacio Nacional, por su disposición a hacer lo que le pidan.
La salida de Veras Godoy tiene como preámbulo un enfrentamiento con Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, que tiene a su cargo a 32 brazos que dependen de él en todo el país, que son quienes controlan los recursos para los programas sociales, que aplican de acuerdo con las instrucciones que les envía, en función de la estrategia que cotidianamente revisa con el Presidente, con el único propósito de ganar votos. Para un partido en el poder, esto es natural, pero cuando se mezcla con temas de salud, donde está en juego la vida de las personas, estas decisiones tienen un peso diferente.
García Hernández le instruyó que en el calendario de vacunación contra el Covid-19 debía incorporar a los llamados Servidores de la Nación, que son 28 mil jóvenes reclutados por el gobierno de López Obrador para repartir los recursos de los programas sociales, que iban a ser incorporados en 10 mil brigadas de vacunación. La estrategia acordada en Palacio Nacional era que, de esa forma, se captaría un voto uniforme de las familias en las elecciones del 6 de junio. Tres mil 800 Servidores de la Nación deberían ser vacunados en la primera etapa.
Veras Godoy protestó. La primera etapa era la más sensible, porque se enfocaba en el personal médico de primera línea. La funcionaria fue con su jefe, López-Gatell, para que la apoyara y se revirtiera la instrucción. El subsecretario, que ha demostrado entender más de política que de control de pandemias, la reprendió y amenazó, de acuerdo con los funcionarios federales. La calendarización se hizo –la cuarta alteración al plan anunciado en diciembre en sólo un mes– y se comenzó a vacunar a los brigadistas electorales.
Para la especialista, la decisión se volvió inaceptable cuando le informaron que las dosis se iban a ver afectadas, no sólo por los retrasos que causó en el mundo Pfizer con la ampliación de su planta en Bélgica, sino porque el gobierno mexicano había firmado contratos que incluían cláusulas donde los principales laboratorios que están fabricando las vacunas, sólo garantizaban una distribución fluida a partir de marzo. Las vacunas Pfizer que llegaron a México no eran parte de estos contratos, sino fueron donadas por el gobierno del todavía entonces presidente Donald Trump.
La vacunación de los Servidores de la Nación –como más adelante a 20 mil maestros de Campeche– impactaría negativamente en la inoculación del personal médico, y alteraría el plan nacional. Frente a este escenario, Veras Godoy optó por renunciar. Los funcionarios federales que describieron estos desencuentros, señalaron que la funcionaria le presentó su renuncia a López-Gatell, a quien también le reclamó la forma como había manejado la estrategia antiCovid, y la forma como le había quitado los programas de vacunación, para que fueran elaborados desde la oficina del subsecretario.
A López-Gatell parece no haberle gustado el tono de Veras Godoy, porque además de aceptarle la renuncia sin objetar, le exigió que se fuera de “inmediato”. No se había terminado de ir la para entonces exfuncionaria, cuando el zar del coronavirus le habló al vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, para pedirle que el nombre, el currículum y la imagen de Veras Godoy fueran eliminados de las páginas oficiales del gobierno. Como publicó El Universal el 18 de enero, las autoridades de Salud “no perdieron tiempo en borrar del mapa cualquier rastro” de ella.
Tal como lo instruyó García Hernández, los Servidores de la Nación comenzaron a ser vacunados e integrados como parte central de las brigadas de vacunación, compuestas por 12 personas, donde el 50% son los brigadistas electorales, militares y dos responsables del sector salud. En ningún país se emplea personal no médico en la vacunación antiCovid, ni los militares se encuentran en esa primera línea. Aquí en México la salud no es definitivamente lo principal, sino ganar conciencias, lealtades y votos en junio. Mantener el poder por encima de todas las cosas, incluidas las vidas, parece el dogma.
