La jefa de Gobierno de la Ciudad de México y precandidata prima a la candidatura presidencial, Claudia Sheinbaum, se ha puesto en medio no sólo de un escándalo, sino del ridículo. Apenas el lunes, al salir en defensa de la ministra Yasmín Esquivel por las acusaciones y críticas por el plagio de su licenciatura, legitimó la resolución de la fiscalía capitalina que concluía que no había copiado “ni en partes ni en su totalidad” la tesis de licenciatura de Édgar Ulises Báez Gutiérrez. Un día después de esa declaración y 48 horas más tarde de haberse difundido el dictamen, la fiscalía negó tener conocimiento del documento. ¿Qué sucedió? La única respuesta concebible en este momento es que Sheinbaum y su equipo son muy incompetentes.
La nueva posición de la fiscalía la deja muy mal parada. La resolución fue resultado de una denuncia de hechos de la ministra Esquivel el 24 de diciembre, por lo cual se abrió la carpeta de investigación, CIEC/ACI/UI-2C/D/00647/12-2022. El documento, publicado inicialmente por El Universal el domingo, tiene fecha del 30 de diciembre, y en cada una de sus 15 páginas están los sellos de la fiscalía, que pudo deslindarse desde ese día, pero no lo hizo y Sheinbaum menos. La ministra Esquivel, incluso, mencionó la resolución en un discurso el lunes en la Suprema Corte de Justicia.
¡Qué desastre! Ni Sheinbaum ni la fiscal Ernestina Godoy ayudan en nada a Esquivel, sino al contrario, la hunden más en su pantano. La fiscalía informó este martes que la investigación seguía abierta pero, como lo concluía la resolución, el presunto delito de plagio ya prescribió, por lo que se determinó el no ejercicio de la acción penal. Es decir, lo fundamental en el documento que desconoció, lo ratificó, y lo único que desmiente es que Esquivel hubiera sido víctima de plagio. Según El Universal, esto se debió a que fueron tantas las críticas a la fiscalía por su resolución, que Godoy quiere “lavarse las manos”.
Pero aun así no la libra. La fiscalía desconoce el documento, pero no lo denuncia. Si Godoy no sabía de su existencia, debió haber abierto otra carpeta de investigación ante la posibilidad de una falsificación de documentos oficiales, porque si está diciendo la verdad, también es omisa a resolver un delito grave, dejando un precedente de impunidad, pues si es posible falsificar algo de tan alto impacto, se puede inventar lo que sea.
Su omisión toca los linderos de su responsabilidad como funcionaria y acaricia los límites de la ilegalidad. Godoy está metida en problemas, y cualquiera que sea la verdad, la coloca en un terreno muy resbaladizo por esto y porque el documento que reconoce implícitamente que es oficial, pero que personalmente desconoce, es una regadera:
1.- La fiscalía era incompetente para conocer los hechos denunciados. El ministerio público capitalino podría haber actuado dentro del margen de la ley solamente si se hubieran afectado intereses particulares de orden particular, lo que no es el caso, pues como establece el artículo 145 de la Ley Federal de Derechos de Autor –donde se ven los plagios– la competencia es de los tribunales federales. Es decir, no debió haber iniciado una carpeta de investigación.
2.- La fiscalía señaló que el presunto plagio había prescrito, pero aun así abrió la carpeta de investigación. Según el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ministerio público podía abstenerse de investigar cuando los antecedentes permitan establecer que se encuentra extinguida la acción penal o la responsabilidad del imputado. Pero en contra de los artículos 128 y 129 del mismo código, que obliga a la lealtad, objetividad y debida diligencia, fue omiso al no emitir un acuerdo de abstención de investigar, e inició una carpeta que raya en la ilegalidad.
3.- La carpeta se inició, integró y determinó en seis días, donde se tomó como base para resolverla el testimonio de la directora de tesis de Esquivel y Báez Gutiérrez, Martha Rodríguez Ortiz, que presentó una hoja supuestamente firmada por el abogado donde reconocía haber tomado parte de la tesis de la ministra –publicada más de un año después de la suya–, que apareció en el buzón de la correspondencia de su casa el 27 de diciembre, mismo día que hizo su declaración en la fiscalía, otorgándole valor probatorio a sus palabras, pese a que ha sido evidente su parcialidad a favor de la acusada de plagio. En cambio, no se tomó la declaración de Báez Gutiérrez.
4.- La resolución incluyó una fe de hechos realizada por el notario Amado Mastachi Aguario, el 29 de diciembre, presentada por Rodríguez Ortiz, donde se añade una nueva carta de Báez Gutiérrez en los mismos términos del escrito que apareció en el buzón de la profesora.
5.- El mismo día que la ministra presentó su denuncia y se abrió la investigación, la fiscalía integró un dictamen en informática forense de la perito Verónica Rojas Hernández, que sólo permite conocer las fechas en que fueron subidos los archivos a la plataforma de tesis profesional, pero no para saber cuándo fueron creados los originales o si fueron alterados. La fiscalía integró otro dictamen del maestro Ubaldo Martínez Eslava, que incurre en las mismas inconsistencias.
Godoy tiene razones para estar preocupada, pero Sheinbaum todavía más, por su calidad de precandidata presidencial. Aunque se manejan como si la fiscalía fuera autónoma, no lo es, como quedó demostrado en anteriores ocasiones, cuando trabajó coludida con la Fiscalía General de la República, o conforme a los deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo sucedido en los dos últimos días muestra la falta de control por parte de Sheinbaum y su incapacidad y la de su fiscal en la tarea que, o hicieron unilateralmente o les ordenaron de Palacio Nacional: blindar a Esquivel. La defensa que hicieron de la ministra pinta a la jefa de Gobierno y a Godoy como ineptas, que quisieron reírse de todos y al final quedaron en una situación peripatética.
