Nadie será más importante para Andrés Manuel López Obrador si gana la Presidencia, que su secretario de Hacienda. En víspera de su reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, a quienes no les gusta el enfoque populista de su modelo económico –rectoría del Estado sobre la economía en lugar de ser su regulador, más gasto público y menos inversión privada, con los riesgos que esto conlleva para mantener la disciplina fiscal–, sus asesores dijeron a la prensa que el candidato estaba pensando en Guillermo Ortiz y en Santiago Levy como potenciales secretarios de Hacienda. Pero el martes, López Obrador congeló a todos. Su secretario de Hacienda sería, como anunció en diciembre, Carlos Manuel Urzúa, que hizo ese trabajo en el primer medio del gobierno del hoy candidato presidencial, cuando gobernó la Ciudad de México.
A tres semanas de la elección presidencial, el énfasis del proceso electoral ya no está en la contienda en sí mismo, sino en qué tipo de arquitectura de gobierno tiene el puntero en preferencias. El proyecto económico es donde hay un profundo desacuerdo, porque el modelo de López Obrador sería, de materializarse sus palabras en hechos, un regreso de medio siglo. Los nombres de Ortiz y Levy se presentaron el lunes como un mensaje a empresarios e inversionistas de que la disciplina fiscal se mantendría y que no habría ocurrencias en política económica.
Ortiz y Levy son lo contrario del pensamiento de López Obrador. Tecnócratas entrenados en la escuela de la globalización, de control al gasto público y énfasis en el desarrollo a partir del sector externo, chocan con quien promulga el proteccionismo, el uso del gasto público para estimular el desarrollo, y un mercado interno que coma, vista, calce y se mueva, con lo que produzca. López Obrador se reunió con Ortiz hace un par de meses, según trascendió a la prensa, sin que nadie de su equipo lo haya desmentido. El enlace con Levy se dio a través de Julio Scherer, uno de sus colaboradores antiguos, con quien lo une una fuerte amistad y confianza de años.
Los dos trabajaron en el gobierno de Ernesto Zedillo, a quien López Obrador le debe en gran medida donde se encuentra. En la campaña para el Gobierno de la Ciudad de México en 1999, el PRI impugnó la candidatura de López Obrador porque su residencia no estaba en la capital federal sino en Tabasco –donde votaba–, lo que lo hacía inelegible. Zedillo forzó al PRI a retirar la impugnación para permitirle contender. Lo que sucedió con López Obrador es una historia conocida, y Zedillo es una figura pública que rara vez ha criticado.
Cualquiera de los dos serían caras conocidas en el mundo que, en caso de ganar la elección, transmitirían el mensaje de seriedad a inversionistas que podrían dar el beneficio de la duda a López Obrador en su eventual gobierno. Un secretario de Hacienda requiere no sólo tener conocimiento de la hacienda federal, sino la relación con sus pares en el mundo que le puedan tomar la llamada y recibirlos en el momento que lo solicitaran. Urzúa, el secretario de Hacienda designado, economista bien entrenado, no pertenece a ese mundo. No fue lo suyo, y no le interesa conocerlo.
En un despacho en el diario The Wall Street Journal, horas antes de que trascendieran a la prensa los nombres de Ortiz y Levy, su corresponsal en México se refirió a Urzúa como un economista que se sentía bien preparado para el encargo, por haber manejado el presupuesto de la Ciudad de México que, dijo, es más grande que algunos países de América Latina, aunque omitió que son las pequeñas economías poco complejas, y por haber negociado el presupuesto capitalino con una asamblea opositora. Las analogías son chabacanas. El mejor ejemplo es el del presidente Enrique Peña Nieto que pensó que México era Toluca, y así le fue en su gestión política.
Urzúa le dijo al Journal que su objetivo era adelgazar la burocracia, con un gobierno más eficiente y luchando la corrupción, a fin de liberar fondos para utilizarse en la política social. La meta que tiene asignada por López Obrador es encontrar cuando menos 500 mil millones de pesos anuales para comenzar a cumplir sus promesas de campaña. Urzúa planteó como objetivo ahorros anuales del 2% del PIB, por unos 400 mil millones de pesos.
Para ello piensa recortar salarios a los funcionarios de alto nivel –que limitará la calidad de la alta burocracia que difícilmente querrá trabajar casi probono–, así como a funcionarios medios y superiores –creando incentivos para la corrupción que quieren combatir–, además de eliminar la corrupción, que algunos cálculos estiman en 900 mil millones de pesos. Aún si fuera correcto el dato, esos recursos no están en una bolsa del presupuesto, y no podría, por eficaz que fuera la lucha contra la corrupción, disponer de esos recursos de manera inmediata.
“No seré un secretario de saco y corbata, sino un secretario de manos a la obra”, le dijo al Journal. En lugar de atender reuniones internacionales –como las del FMI, el Banco Mundial, el BID, el G20 y APEC, por mencionar algunas– se quedará en México en la reingeniería del presupuesto mexicano. Este pensamiento es exactamente lo que no necesita López Obrador para ganar confianza y generar certidumbres en México y el mundo. Si no es Ortiz o Levy, tendrá que buscar, de ganar la Presidencia, un secretario de Hacienda a la altura del desafío que tendrá. Urzúa no es una persona deshonesta; solamente no está preparado para el cargo.
