Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar la operación Rápido y Furioso y pedir información a Estados Unidos, no se entendía en Washington cuál era la razón para abrir algo que estaba cerrado. Lo que no sabían era que la motivación detrás de ello era poner al expresidente Felipe Calderón en el banquillo de los acusados y juzgarlo. Pero lo que López Obrador no sabe es que, si quiere llegar a fondo, quizá termine mordiéndose la cola el gobierno y afectando a quien más quiere proteger y de quien depende su estabilidad política, el Ejército.
La investigación de Rápido y Furioso, una operación fallida de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en Phoenix, Arizona, hace 12 años, provocó una investigación en el Congreso que estuvo a punto de poner en la cárcel al entonces procurador Eric Holder, por desacato. El caso se extendió hasta 2019, cuando los demócratas, para entonces con el control de la Cámara de Representantes, sobreseyeron la investigación.
Durante aquellas audiencias en el Capitolio hablaron los responsables de ATF en Phoenix, Washington y México. En una audiencia en el Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental en julio de 2011, William Newell, que era el jefe de ATF en Phoenix, reconoció que si bien informó a la oficina en la embajada y a la Procuraduría General de la República, no les dio detalles de que las armas que estaban rastreando “caminarían” a México. Newell dijo que en 2010, después de iniciado Rápido y Furioso, informó al representante de la PGR en Phoenix, Carlos Luque Ordoñez, de lo que estaban haciendo, “aunque no en específico”.
Luque Ordoñez era el funcionario del gobierno de Calderón que más sabía de la operación, pero no figura entre las órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General de la República este año contra presuntos responsables de una supuesta colusión con el gobierno de Estados Unidos. No es algo extraño.
El exdelegado de la PGR en Phoenix es hijo del general Carlos Fernando Luque Luna, que fue jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial, responsable de la inteligencia y contrainteligencia militar, cuando el secretario de la Defensa era el general Enrique Cervantes Aguirre, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, de donde saltó a coordinador del Centro de Planeación para el Control de Drogas, bajo las órdenes del procurador, el general Rafael Macedo de la Concha, en el gobierno de Vicente Fox, y de ahí a jefe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, en el gobierno de Felipe Calderón.
El general Luque Luna trabajó en el gobierno de Calderón bajo las órdenes del entonces procurador Eduardo Medina Mora, y llevó a su hijo a trabajar con él. Desde esa posición lo impulsó para que Medina Mora lo nombrara agregado de la PGR en la oficina de ATF en Phoenix, la única delegación de esa agencia que tenía un representante mexicano. Luque Ordoñez participó en la reunión en Phoenix que organizó Newell en diciembre de 2010 con otros funcionarios de la PGR, donde les informaron sobre Rápido y Furioso.
Cuando comenzó Rápido y Furioso, Medina Mora ya no era procurador general, y había sido sustituido por Arturo Chávez y Chávez. Sin embargo, la experimentada corresponsal Dolia Estévez encontró un memorando de una reunión entre Medina Mora y el procurador estadounidense Michael Mukasey, en Washington, donde hablaron de investigaciones conjuntas de “entregas controladas” en las que participarían agentes mexicanos. No se sabe con precisión a qué se referían por “entregas controladas”, pero en mayo de 2020, en una mañanera, una de las preguntas inducidas a López Obrador le permitió decir, citando a Estévez, que el gobierno mexicano sí había participado en esa operación con el gobierno estadounidense.
Se desconoce si Medina Mora, que tiene una muy estrecha relación con el fiscal Alejandro Gertz Manero, se encuentra dentro de las cuatro personas todavía sin identificar, contra las que pidió órdenes de aprehensión. Pero Medina Mora, por esa reunión de 2007 y su delegado en Phoenix, Luque Ordoñez, deberían ser parte central en la investigación de Rápido y Furioso para aportar toda su información posible. Medina Mora ha estado fuera del ojo público del caso, salvo en la mañanera donde lo mencionó López Obrador. Luque Ordoñez parece tener la protección del Ejército.
Su padre fue uno de los impulsores del hoy general brigadier Luis Rodríguez Bucio, actual comandante de la Guardia Nacional, para que entrara al Cisen como enlace del Ejército, cuando en 1994 se creó una coordinación institucional tras una serie de atentados que se consideraron “terroristas”, llamada GAT, donde estuvo bajo las órdenes del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Bucio, entrenado por los estadounidenses en la infame Escuela de las Américas en Panamá, fue contemporáneo del general secretario, Luis Cresencio Sandoval, de quien es amigo.
Las potenciales claves de qué tanto sabía Calderón sobre Rápido y Furioso se encuentran a la mano, cerca de Lomas de Sotelo, y no tanto en la Fiscalía General, donde parecen dar nuevamente palos de ciego. De los cuatro nombres sobre los que obtuvo órdenes de aprehensión, ninguno ha figurado en ninguna investigación sobre Rápido y Furioso, García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas, que estaban en la Secretaría de Seguridad Pública, y el otro, Joaquín el Chapo Guzmán, que vivía a salto de mata protegido por el jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, sobre el que no hay proceso alguno en México.
Con la información que ha dado a conocer la Fiscalía General, no parece haber una intención real por saber qué realmente sucedió aquí con Rápido y Furioso, sino cómo construyen una ruta para encarcelar a Calderón. Si es responsable, que se le juzgue, pero con evidencias sólidas. De otra forma, como se aprecia hasta ahora, sólo se quiere saciar el deseo de venganza de López Obrador contra Calderón y no la verdad.
