Hace unos días, la mañanera sirvió para apuntalar la epopeya de Andrés Manuel López Obrador y de cómo ha enfrentado con éxito una conspiración internacional. Desde principios de este año, aseguró la vocera de la propaganda presidencial, Elizabeth García Vilchis, se ha dado una campaña sin precedentes contra López Obrador, que ha sido sometido a “la ofensiva digital más grande de la que se tenga registro”. Medios internacionales iniciaron “una de las campañas de mentiras más grandes contra un gobierno progresista”, y millones de publicaciones aparecieron contra el Presidente de México durante meses para etiquetarlo como “narcopresidente”. Pero nada ni nadie pudo con él. El Cid Campeador de Macuspana salió sin que se le manchara el plumaje.
Aunque la narrativa épica es hilarante, hay algo de verdad detrás de la queja de Palacio Nacional, que explica el porqué lleven meses de estar atrapados en el tema que se sintetiza en la etiqueta en redes sociales de “narcopresidente”.
Cuatro medios internacionales publicaron declaraciones de los testigos protegidos por los cuales el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna fue encontrado culpable de recibir dinero del Cártel de Sinaloa, que aseguraron que el crimen organizado financió dos campañas presidenciales de López Obrador.
Uno de esos medios reveló que Estados Unidos tiene detectadas transferencias de dinero de Culiacán al entorno presidencial, poco después que López Obrador estrechó la mano de la madre de Joaquín el Chapo Guzmán; es decir, no es un dicho, sino la huella de un dinero sospechoso que pudiera servir como evidencia en un eventual caso que llegara a tribunales en Estados Unidos.
La “última andanada contra el gobierno mexicano y tratar de generar percepción de inseguridad y vincular al Presidente con el crimen organizado”, precisó García Vilchis, fue en mayo, “el mes del ataque”.
Se refería a un reportaje publicado por el Financial Times donde plantea que la inseguridad amenaza a México, seguido por un análisis en el semanario The Economist que menciona el papel de los cárteles en México, con énfasis en Chiapas. De ahí vino una primera plana en The New York Times, en la misma línea de lo señalado por el periódico financiero londinense. Al equipo de propaganda presidencial se le olvidó uno en The Washington Post sobre el control de los cárteles sobre la economía familiar presentado en un cuarto de su portada, ni vieron otro en The Guardian en la línea de su influencia en las elecciones. Tampoco alcanzaron a registrar que al día siguiente Los Angeles Times publicó en su primera plana cómo la violencia electoral ha crecido.
García Vilchis, repitiendo las palabras de López Obrador y sus panegiristas, dijo que se trataba de un “golpe blando”, que es el uso de la no violencia como arma política, que emplea recursos psicológicos, sociales, políticos y económicos. El Presidente ha usado esa teoría desde febrero de 2022 para esconder ineficiencias, conflictos de intereses, actos de corrupción en su familia y gobierno y como control de daños. En ese entonces el mundo no había prestado atención a lo que se estaba anidando en México, pero ahora, en vísperas de la elección presidencial, los medios extranjeros parecen haber despertado.
Esto que la vocera del vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, llamó campaña contra el Presidente, se estrelló con la realidad. El mismo día que García Vilchis denunció la conspiración internacional contra López Obrador, José Alfredo Cabrera, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, un municipio colindante con Acapulco, fue asesinado de un tiro en la cabeza. Cabrera se sumó a la lista de 82 personas asesinadas en el proceso electoral actual, de acuerdo con el registro del Laboratorio Electoral. Lo que lo sacó de la normalización ciudadana de la violencia en México, fue que se grabó a un metro de distancia en el justo momento de su ejecución.
La bala que lo mató aparentemente era de una pistola semiautomática Glock, utilizada por muchas policías en el mundo por su efectividad, y es una de las siete que la Secretaría de la Defensa Nacional permite que adquiera cualquier persona para su defensa personal. Cabrera, que ya había sufrido un atentado, tenía una escolta de la Guardia Nacional, que no pudo impedir que lo asesinaran, pero mató –en lugar de detener– a su agresor. El momento frío e impune del disparo recordó a muchos la escena en que asesinan a Luis Donaldo Colosio hace 30 años, que volvió a recordarnos lo vulnerables que somos.
Hasta el martes 553 candidatos federales y siete funcionarios electorales tenían protección federal y más de mil la tienen estatal, que sólo sirven para inhibir, porque como demuestra el caso de Cabrera, cuando alguien está dispuesto a cambiar su vida por la de otro, es prácticamente imposible de detener. López Obrador asegura que las elecciones serán las más limpias y libres de la historia, una declaración que insulta la inteligencia, porque limpias no son y libres tampoco.
El Instituto Nacional Electoral no pudo instalar 104 casillas electorales en seis estados, y 808 están en riesgo de no poder recibir votos el domingo. El presidente de Morena, Mario Delgado, está siendo investigado en México y Estados Unidos por presunto enriquecimiento ilícito del crimen organizado, que supuestamente financió campañas para gobernador en 2021, además de transferir recursos a candidatos, legisladores y funcionarios del gobierno de López Obrador. Otro político, el líder sindical Pedro Haces, ligado a la red de Delgado y muy cercano al senador Ricardo Monreal, está indiciado en Estados Unidos, pero su ofrecimiento de 11 millones de votos el domingo para Sheinbaum lo aceptó López Obrador.
¿De qué hablan en Palacio Nacional?
Lo realmente sospechoso de la prensa extranjera es que apenas se dieran cuenta del fenómeno. Sus publicaciones sobre el mismo tema harán que las cancillerías estadounidense y europeas tomen nota, que es lo que debiera hacer López Obrador, que lejos de ser víctima de una conspiración global, tendrá que rendir cuentas por el baño de sangre que toleró en México, aceptando que los cárteles se convirtieran en un poder paralelo.
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Nota: en la columna publicada el 29 de mayo titulada Ejecuciones, se menciona que Rosalinda Hernández es la administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT. El cargo lo dejó en febrero. La actual administradora es Amelia Guadalupe de León Ortega.
