El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el día de la comparecencia de Emilio Lozoya con una sentencia importante, porque define lo que será el juicio del exdirector de Pemex: atención, que no se quede en los tribunales, que haya un juicio popular contra la corrupción. Lozoya lo cerró: fui intimidado, presionado, me usaron como instrumento, y denunciaré a quienes lo hicieron. Al patíbulo con realidades y percepciones.
Para efectos jurídicos las cosas podrán ser diferentes, y Lozoya tendrá que probar sus dichos, pero para los fines políticos que se persigue, es irrelevante. Lozoya, chantajeado con su familia, presionado por su padre, regresó a México para ser juzgado y, eventualmente, como instrumento del gobierno en turno, liberado de culpa por su cooperación.
Como se publicó en este espacio hace dos semanas, Lozoya envió por medio de su padre al fiscal Alejandro Gertz Manero, una declaración informal sobre la compra de la empresa de fertilizantes Agronitrogenados, por la cual es acusado de recibir dinero del presidente de Altos Hornos de México, propietaria de esa planta, Alonso Ancira, para venderla a sobreprecio. La audiencia del martes se programó para escuchar los alegatos de esta acusación, lo que es el inicio de lo que se espera un largo juicio, porque hay tantas personas a las que involucró Lozoya en su testimonio para comprar inmunidad, que legiones de abogados empezarán a responder en nombre de sus imputados.
La declaración informal, porque no estaba judicializada, contiene suposiciones de Lozoya sobre presuntas ilegalidades del expresidente Enrique Peña Nieto y del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. En ese documento los acusa de crear un “esquema de corrupción… en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron la campaña presidencial, tenían que ser remuneradas o compensadas”. El señalamiento es muy fuerte, pero, sin embargo, no lo sostiene.
“La forma como eran recompensadas era dándoles contratos de proveeduría de insumos, contratos diversos, adquisición de empresas o inmuebles para que estas se beneficiaran”, declaró a Gertz Manero. “Incluso, en ocasiones después de dichas operaciones, debían devolver dinero para beneficio de futuras campañas electorales del PRI, o para beneficio de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, u otros, como en el caso de Odebrecht”.
El exdirector de Pemex no aportó pruebas en su testimonio informal redactado en Madrid, llamado “Declaración Agronitrogenados”, que está compuesto de siete puntos en donde sólo complementó con tres anexos; el documento sobre la propuesta inicial para comprar la empresa enumerado como 3, el documento sobre su acuerdo presidencial el 14 de mayo de 2013, enumerado como 4, donde habló con Peña Nieto y Videgaray para hablar sobre el proceso de compra, y el documento sobre el valor de la compra, enumerado como 7, donde aparentemente se refiere al Consejo de Administración de Pemex donde se abordó el tema.
A menos que dentro de los anexos, que eventualmente tendrá que ir mostrando su defensa, como prueba de inocencia o apegándose al criterio de oportunidad, para declarar contra sus superiores a cambio de beneficios judiciales, existan oficios, documentos firmados por sus imputados o grabaciones que puedan judicializarse, los dichos de Lozoya pueden ser débiles en términos de ley. En la “Declaración Agronitrogenados” no aportó otro tipo de pruebas que abonen con hechos, y no sólo con palabras, las acusaciones que formuló.
Por ejemplo, cuando menciona que Peña Nieto y Videgaray tenían un “interés especial” en concretar la compra de Agronitrogenados, deslizando la sospecha de corrupción, y se refiere a Videgaray en una reunión en Los Pinos, el 11 de noviembre, donde afirma que le comentó que el expresidente “tenía un compromiso de que se terminara dicha operación”. O cuando señala: “En las semanas subsecuentes, la presión por parte de Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, era evidente el interés personal de Luis Videgaray Caso en que saliera dicha operación, ya sea porque obtendrían un posible beneficio indebido, o bien para pagar los favores anteriormente contraídos, o bien, ambos”.
Lozoya va a tener que ratificar ante el juez lo que previamente declaró a Gertz Manero como prueba de lo que podría darle a cambio de la libertad de él y de su familia, pero además, dar más elementos probatorias de su dicho, o elementos que permitan a la Fiscalía General abrir nuevas carpetas de investigación, en contra de Peña Nieto, Videgaray y de otros presuntos involucrados en el proceso de la adquisición de Agronitrogenados, como el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, el exdirector de PMI Internacional, dependiente de Pemex, y dos de sus colaboradores más cercanos, Édgar Torres, que fue su compañero en el ITAM y en Harvard, y Carlos Roa, que trabajó con él en el sector privado.
El juicio apenas comienza y Lozoya, quien en sus declaraciones informales reconoció a través de las descripciones de sus actos haber actuado ilegalmente, se declaró inocente, aduciendo: “fui intimidado, presionado, instrumentalizado”. Quiénes lo hicieron, ofreció contar, pero deberá tener algo más que palabras para que Gertz Manero pruebe la corrupción en la compra de Agronitrogenados y arme el mapa de las donaciones a la campaña presidencial.
Sin embargo, lo que Lozoya está aportando en lo político, es más que suficiente para López Obrador, necesitado de desviar la atención ante tantos problemas que no puede resolver. Ya veremos si la función que inició con él es suficiente para tapar miles de muertos de la pandemia y la inseguridad, o la destrucción de la economía.
Nota: Por un error de edición atribuible al autor, se publicó erróneamente la fecha de la detención de Emilio Lozoya en España, que fue el 12 de febrero de 2020. Hace un año, el 5 de julio de 2019, se giró la orden de aprehensión.
