El presidente Andrés Manuel López Obrador no es culpable por los asesinatos a periodistas, pero sí es responsable. No es culpable porque, hasta ahora, ninguno de esos crímenes puede adjudicarse al gobierno federal. Pero es responsable porque en medio del clima de adversidad para el trabajo periodístico que se arrastra desde mediados de los 90, lleva tres años y medio incitando el odio contra la prensa y normalizando la agresión como una forma de atajar la crítica. ¿Hasta cuándo, señor Presidente?
El lunes, Yesenia Mollinedo Falconi y Johana García Olvera se convirtieron en la décima y undécima periodistas en ser asesinadas este año en México, atacadas a balazos afuera de una tienda en los límites de Cosoleacaque con Minatitlán, en Veracruz, donde opera con impunidad el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué las mataron? Difícilmente sabremos, porque 98% de los crímenes y ataques contra periodistas en México queda impune. Lo que sí sabemos es que, ante los vacíos del Estado y la entrega del territorio a los cárteles de la droga, la primera trinchera entre la legalidad y la ilegalidad son los periodistas.
No existe una política de Estado para salvaguardar el trabajo de los periodistas. Nosotros no pertenecemos a una clase diferente de ciudadanos, pero el papel que juegan los profesionales en la sociedad es fundamental para evitar el silencio, cimentar los valores democráticos y evitar abusos del poder. Por esto, quizás, el presidente López Obrador actúa con viscosidad ante medios y periodistas, que le ponen cara a sus intentonas de regresión democrática –la centralización del poder sin contrapesos, por ejemplo– y levantan las alarmas ante las formas atrabiliarias e ilegales como ejerce diariamente el poder.
No fueron López Obrador ni muchos de sus cercanos y propagandistas, partícipes de la lucha contra el autoritarismo. Algunos de sus más leales, incluso, trabajaron en las áreas de propaganda de presidentes como Carlos Salinas, o en las oficinas de espionaje de la Secretaría de Gobernación cuando el titular era Manuel Bartlett. Quienes horadaron la muralla autócrata pertenecen a una escuela de periodismo crítico, que ahora se niega, que sufrió en los 60, que comenzó a despertar en la segunda parte de los 70 y alcanzó su madurez en los 90. López Obrador es Presidente, presumiblemente, por el trabajo de muchas y muchos en los medios, muchos también de los cuales ahora ataca con irresponsabilidad. Los muertos son una externalidad de su sevicia.
Treinta y cinco asesinatos de periodistas durante su sexenio son los que tiene contabilizados la oficina en México de la organización británica Artículo 19, descalificada con argumentos ramplones empapados de ignorancia de quien no sabe su compromiso y trabajo en el mundo. La cifra es notable, pues desde 2000, el total de periodistas asesinados en este país, presuntamente por su trabajo, asciende a 145. Es decir, casi 25% de la violencia y asesinatos de periodistas durante los últimos 22 años se ha dado en el sexenio de López Obrador. A este ritmo, este año podría superar el número de periodistas asesinados durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto (47), y el total en la de Felipe Calderón (48).
López Obrador vuela para romper los registros históricos sobre violencia. Donde ya rebasó a todos, incluidos a los políticos priistas metidos de lleno en las estructuras del crimen organizado, es en la tolerancia y normalización de su relación con los delincuentes, en particular con el Cártel de Sinaloa, que aun después de numerosas críticas por su condescendencia –¿o acaso es temor?– hacia la organización, se mantiene firme en su defensa. Pero en el caso de los periodistas, es su actitud cotidiana la que pavimenta el camino de la prensa al paredón.
“El Estado, lejos de garantizar la labor periodística, se dedica a denostar, estigmatizar a medios y periodistas desde la Presidencia de la República, así como gobiernos estatales, generando un ambiente aún más adverso, ya de por sí, contra la prensa”, dijo Luis Knapp, coordinador de Defensa de Artículo 19 para México y Centroamérica, en una entrevista con El Debate de Sinaloa, días después de que asesinaran a uno de sus colaboradores, Luis Enrique Martínez, que tuvo un paso distinguido por medios de la Ciudad de México. “La impunidad de 98% en delitos contra periodistas, que generan permiso para agredir. Todo esto se traduce en vacíos de Estado, donde las y los periodistas están bajo dos fuegos, el del crimen organizado y el de las autoridades”.
Artículo 19 ha identificado que la totalidad de asesinatos de periodistas se concentra en 16 estados, de los cuales 11 son gobernados por Morena. En Veracruz, un clon malogrado del Presidente por cuanto a beligerancia, Cuitláhuac García, encabeza la infame lista. Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, quien se comprometió a contener la violencia y llevarla a un punto de inflexión en los primeros 180 días de gobierno lopezobradorista, está en segundo lugar. Hasta el arranque de este año, 2019 había sido el peor en asesinatos de periodistas, con un total de 10, cifra que se triplicó en cuatro meses y medio.
Las autoridades federales y estatales, como han parloteado todo el tiempo, dicen que llegarán al fondo de las cosas, que no habrá impunidad, y que por fuera de la ley, nadie. Pero sucederá lo de siempre, otro asesinato de un periodista. Ya no lo dudamos. Lo único que no sabemos es quién, cuándo y dónde. La indefensión es una realidad no escrita pero animada por el Presidente, que cortó presupuestos a los mecanismos de protección de periodistas y los abandonó a su suerte, mientras los incendia con palabras.
La actitud de López Obrador se contagia en el país, y se imita. La agresión y los ataques se multiplican en los estados, donde los gobernadores reproducen el comportamiento altanero y violento del inquilino de Palacio Nacional. No hay punto de retorno a la vista. Los crímenes de periodistas seguirán. La temporada de caza comenzó el 1 de diciembre de 2018.
