Fátima era mujer, niña y pobre. Y sus padres, según las autoridades, tenían problemas mentales. Cuando desapareció y presentaron la denuncia, no hicieron nada en la fiscalía de Xochimilco. Tuvieron que cruzar la ciudad para presentarla en Azcapotzalco, pero ni así se activó la Alerta Amber.
Pasaron 24 horas –esas críticas 24 horas que dicen los investigadores son cruciales para resolver casos–, para que comenzaran a hacer algo las autoridades. Avanzaron los días con Fátima desaparecida. Cuando preguntó la prensa por ella el viernes pasado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió con un “ahora no”. Cuando le estalló en las manos su asesinato, del “ahora no” su gobierno pasó a culpar indirectamente a la familia de ser la responsable del crimen. Así es en este México al revés. Que la privaran de su libertad, tiraran sus dientes a golpes y la mataran, era permisible. Era mujer, niña y pobre.
Fátima es un dolor con nombre y apellido, pero también un manotazo que recuerda que este fenómeno criminal ha sido soslayado, minimizado y mal tratado por las autoridades. Contra su propia idea del problema, Sheinbaum resistió las demandas de que decretara una alerta de género, hasta hace 84 días, aunque sólo lo hizo por violencia sexual, resistiéndose a pedirla por feminicidio. No se comprende por qué. El año pasado hubo poco más de mil 300 desapariciones de mujeres y niñas en la ciudad que gobierna. De ellas, 898 todavía no han sido encontradas. Si el problema es tan grave, ¿por qué no ven su dimensión?
Políticos de marquesina y reflectores, de tinta y de papel, reaccionan hasta que quedan atrapados en polémicas y conflictos, a los que los lleva su falta de empatía con las víctimas y su tardía reacción para enfrentar los problemas que les saltan. Le tiene que explotar una crisis en las manos para que, llenas de fuego, traten de apagarlo.
Hoy, lo primero fue buscar la justificación ideológica. “El feminicidio es culpa del neoliberalismo”, fue el primer brinco. Como no pegó, cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, trataron de desviar el caudaloso cauce de la crítica.
Trazaron analogías con la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 49 niños en 2009 y se había exonerado a 22 inculpados hasta que la presión de la prensa ayudó a la condena de 19, y culparon al mítico Grupo Atlacomulco por el feminicidio… en el Estado de México. Al final, como siempre, era culpa de la “prensa corrupta”, que hace del desabasto de medicinas, las desapariciones y los feminicidios, “un circo”.
Politizar el feminicidio, como hacerlo con las estancias infantiles, el desabasto de medicinas o la inseguridad, es un callejón sin salida. No conduce a nada salvo a estrellarse con sus propias realidades. La incapacidad tiene el spin presidencial del ataque a las fuerzas del mal que actúan contra su gobierno y el de su protegida, pero al final del día el problema que afecta a personas que defienden lo suyo, sin color partidista ni filiación ideológica, los vuelve a acorralar.
El feminicidio va a perseguir a las autoridades si no toman acciones concretas. Personas afines al proyecto de López Obrador, alejadas de lo planfetario y de la búsqueda de unicornios azules pintados de azul y de verde, blanco y rojo, han estado recomendando al Presidente que atienda el problema en su justa dimensión y con la prontitud que exige el caso.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, dice que se tiene que romper la cadena de impunidad. El caso de Fátima sería un buen comienzo. En su escuela se ignoró el protocolo que les impiden entregar a un menor a quien no está autorizado para ello. Si la madre se tardó 20 minutos en recoger a Fátima, ¿por qué se lo entregaron a otra persona? El protocolo indica que si no se presentan por el menor, lo lleven a la Fiscalía local para minimizar el problema de la trata. Si no atendieron la denuncia con la velocidad que se establecía, el siguiente eslabón de responsabilidad también debe ser investigado y agotado. Si las cámaras policiales no funcionaban, ¿por qué tampoco se buscaron inmediatamente las imágenes de las cámaras privadas? Si la fiscalía tardó más de 24 horas en actuar, ¿qué autoridad fue omisa o negligente? Si todo esto no está conectado con una cadena de irregularidades que deberían conducir a sanciones, entonces la línea de investigación podría tocar las componendas entre autoridades y delincuentes.
Estrada dice, a contracorriente de la línea de pensamiento que siguen algunas autoridades, que los feminicidios no son de autoría de locos, sino de abusadores, controladores y tratantes de personas. La Ciudad de México es parte del corredor de trata que incluye dentro de su eje negro a Tlaxcala, Hidalgo y el Estado de México. La solución, por tanto, no sólo en esta región sino en el país, tiene que ser integral y transversal, en donde se combata las raíces del feminicidio, que se encuentran en la desigualdad de género.
Una estrategia requiere, como lo han sugerido diferentes expertos en el mundo, empoderar a las mujeres, remover las restricciones para mejores servicios de salud, transporte seguro, erradicación de la segregación sexual, y abrirles las oportunidades para que puedan adquirir activos.
Las dos grandes vertientes van juntas. Combatir la impunidad y romper los círculos criminales de la trata, y el diseño de una política pública que combata al feminicidio, con instrumentos, no con retórica ni demagogia desgastada. Fátima era mujer, niña y pobre. Pero es una vileza de los moralmente miserables, que su crimen, ícono de un problema incontenible, sea tratado con desprecio institucional.
