El traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional fue consumado con el voto mayoritario de Morena y sus partidos satélites, contraviniendo la Constitución. Se consumó una farsa monumental, con un discurso presidencial tramposo y una oposición que no supo responderle y cayó en su juego, aunque votara en contra. El argumento era simple: la creación de la Guardia Nacional en 2019 y la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en este gobierno, ha sido un fracaso rotundo. ¿Cómo una nueva ley cambiaría el rumbo?
En una gira por Jalisco este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se habían “domado” la inseguridad y la violencia. “Con realismo, sin triunfalismo, ya estoy percibiendo que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia porque están dando efecto estas acciones de bienestar, las acciones para mejorar la situación económica, social de nuestro pueblo”, afirmó. El manejo del verbo recuerda cuando en abril de 2020 aseguró que ya se había podido “domar la pandemia” de Covid-19.
Aquello fue un discurso engañoso; éste también. La pandemia creció, se desbordó y hoy México tiene la cuarta mortalidad más alta del mundo, con alrededor de 700 mil fallecimientos, por el exceso de mortalidad por enfermedades relacionadas con el Covid-19. “Domar” es un déjà vu. Al corte del 20 de agosto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tenía registrados 21 mil 48 homicidios dolosos durante el primer semestre, y el Presidente afirmó que era una reducción de 2.8% de los homicidios dolosos respecto a los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Las cifras son ciertas, pero descontextualizadas. En los primeros cuatro años de Peña Nieto, hubo 85 mil 384 homicidios dolosos, mientras que en los tres primeros años y medio del gobierno de López Obrador sumaban, hasta julio, 130 mil 107. No está claro de dónde sacó la reducción porcentual que mencionó en su cuarto Informe de Gobierno, salvo que haya comparado los 12 meses de 2016 (24 mil 559 homicidios dolosos) con los seis primeros de 2022 (21 mil 48). En todo caso, hay que esperar el cierre de año para hacer la analogía correcta.
En lo que fueron iguales fue en la estrategia: no combatir a los criminales, porque, argumentaron ambos, eso genera más violencia. La inacción de Peña Nieto produjo que se desbordara la violencia y le entregara un país a López Obrador bañado en sangre. En lugar de aprender, el Presidente profundizó. El Cártel de Sinaloa goza de casi total impunidad, y hay confrontación limitada contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso, pese a que la Marina conoce la ubicación donde se esconde su jefe, Nemesio Oseguera, el Mencho, las instrucciones son de no detenerlo.
Si López Obrador hace lo mismo que Peña Nieto, el resultado será no igual, sino peor, porque el día de campo a los cárteles de las drogas les ha permitido avanzar su control territorial en el país por el abandono institucional. La farsa del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional radica en la justificación de que la doctrina y la disciplina van a mejorar la seguridad y reducir la violencia. Eso no sucederá porque su comandante en jefe, el Presidente, les ha ordenado que no enfrenten a criminales. Si no se cambian las órdenes, la violencia seguirá y los homicidios dolosos aumentarán en las cifras absolutas. No hay mucha ciencia en ello. Lo extraordinario es que el discurso oculte el Sol.
Lo único que cambió la semana pasada fue que un decreto presidencial se sobrepuso, ilegalmente, a la Constitución. La Ley de la Guardia Nacional, publicada en mayo de 2019, establece que la Guardia Nacional sería una institución de seguridad pública de carácter civil, adscrita como órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Eso nunca fue.
La Guardia Nacional estaba bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su comandante en jefe, el general Luis Rodríguez Bucio, la cara de ese cuerpo paramilitar, recibía instrucciones del alto mando del Ejército, y el general brigadier Inocente Prado López es el comisario en jefe de la Coordinación Policial de la Guardia Nacional, un cargo que combinaba con su trabajo como comandante de la Policía Militar del Ejército.
La Guardia Nacional se nutrió fundamentalmente de la Policía Militar, y conformó un cuerpo paramilitar en forma y militar en fondo, que no ha sido capaz de pacificar al país, como prometió el Presidente, quien emplea siempre un discurso mareador. En Jalisco afirmó que la reducción porcentual en la violencia era resultado de los programas sociales, sin aportar evidencia de que esto sea cierto. Para que tuviera éxito esa estrategia, se requeriría que la acompañaran por un largo tiempo de otra que combata a delincuentes. El plan vigente está trunco y corre al fracaso.
Los criminales han tenido el mejor sexenio en su historia por la omisión deliberada del Presidente de enfrentarlos. Pelean entre ellos en los mismos campos de batalla desde hace 15 años. Durante el gobierno peñista, las entidades con el mayor número de homicidios arriba de la tasa nacional fueron Baja California, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit y Oaxaca. Los militares de López Obrador no han hecho mucho al respecto. Los primeros ocho estados son los mismos y en igual orden, en la misma estadística, y sólo los últimos cambiaron por Quintana Roo y Sonora.
El único triunfo presidencial ha sido retórico. Presume que, como nunca antes, a diario se reúne el gabinete de seguridad, y la Guardia Nacional tiene más de 120 mil elementos desplegados, casi seis veces más que la vieja Policía Federal. ¿Por qué entonces, si hay mayor presupuesto, mayor despliegue territorial y más atención pública al tema, la violencia se mantiene en máximos históricos, con tendencia a empeorar? Por la simple razón de que todo es simulación.
