La detención de Tomás Yarrington en Florencia culminó una larga investigación de Estados Unidos e Italia, a la cual se le sumó hace unos meses México, como actor de reparto.
Acusado en una Corte Federal en Texas de ser parte orgánica del Cártel del Golfo y de Los Zetas –hoy enfrentados–, el único lugar en el que quizás se sintió protegido era esa nación mediterránea, donde hace más de una década los cárteles mexicanos forjaron una alianza con la mafia calabresa Ndrangheta, la organización con más poder y dinero de Sicilia.
Su captura hizo resurgir las dudas sobre qué tanto el gobierno mexicano tiene un pacto con el narcotráfico. Después de todo, a Yarrington lo protegió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto claramente por al menos tres años.
La actitud del gobierno cambió hace unos meses, seis años después de que la averiguación de la PGR contra Yarrington fuera congelada. El expediente se inició en 2009, cuando la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada abrió la indagatoria 12.
La entonces procuradora, Marisela Morales –hoy cónsul en Milán, a unas tres horas de donde fue detenido el tamaulipeco–, tenía instrucciones del presidente Felipe Calderón de investigar a todos los gobernadores priistas bajo sospecha de tener vínculos con el narcotráfico.
Morales se centró en los tamaulipecos, donde estaba el gran hoyo negro, y en Fidel Herrera, de Veracruz.
“El narcotráfico se instaló en Tamaulipas desde el gobierno de Cavazos”, decía uno de los colaboradores más cercanos de Calderón en sus tiempos de Los Pinos, refiriéndose al hoy senador Manuel Cavazos, a quien nunca le pudieron probar nada.
Cavazos fue uno de los mentores de Yarrington, quien lo sucedió en el cargo.
La obsesión contra los gobernadores priistas en Tamaulipas era tan grande que poco después del asesinato del candidato del PRI a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, en 2010, el presidente Calderón le dijo al entonces gobernador Eugenio Hernández: “El asesinato lo cometieron ustedes, los priistas”.
Nunca profundizó en la acusación, y tiempo después la PGR encontró que los autores materiales del asesinato habían sido miembros del Cártel del Golfo, del cual Yarrington ya era uno de sus líderes.
En ese crimen participó también –esta línea de investigación se mantiene en secreto– un capitán de la Marina, que fue reconocido entre el comando que asesinó a Torre Cantú en Ciudad Victoria.
Calderón no continuó la persecución de los gobernadores priistas que inició a la mitad de su sexenio, pese a las protestas de la procuradora Morales que, con autorización o no del entonces Presidente, viajó varias veces a San Antonio para proporcionar la información que tenía la PGR a la Corte Federal de Texas, que investigaba a Yarrington.
El caso contra el exgobernador, el más fuerte que ha habido en contra de un político mexicano, tuvo mucha información de la PGR, y sirvió en Estados Unidos para procesar toda la red de complicidades de Yarrington.
La investigación se empezó a construir con información de un testigo protegido de la PGR conocido como “Óscar”, quien detalló cómo funcionarios estatales y municipales en Tamaulipas recibían dinero del Cártel del Golfo a cambio de protección.
Según “Oscar”, identificado años después como César Eduardo García, colaborador del exjefe del cártel, Osiel Cárdenas, el dinero lo entregaba Juan Carlos González, expolicía ministerial en Matamoros y uno de los principales operadores de Eduardo Costilla, El Coss, jefe del Cártel del Golfo hasta su captura, en 2012.
A las imputaciones de “Oscar” se añadieron las del empresario Antonio Peña Argüelles, quien fue intermediario de Yarrington con Los Zetas.
Peña Argüelles fue sentenciado en la Corte Federal texana en 2014, y a cambio de colaborar con las autoridades, fue sentenciado a sólo dos años y medio de cárcel por los delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
La PGR desestimó todas las acusaciones en su contra, las de Peña Argüelles y, sorprendentemente, la del exdiputado local y exdelegado de la Sedesol en Tamaulipas, Luis Alonso Mejía García, quien dijo que Yarrington había recibido 80 millones de dólares del narcotráfico para su campaña electoral para gobernador, en 1998.
La PGR de Peña Nieto no actuó en su contra, sino al contrario. En abril de 2013, el entonces procurador Jesús Murillo Karam exoneró a Yarrington, a Cavazos y Hernández, porque, afirmó, las acusaciones de los testigos protegidos eran falsas.
Enseguida, canceló la orden de aprehensión existente en contra de Yarrington. Después de que Murillo Karam anuló esa orden, un juez federal, en confrontación con el exprocurador, reactivó la acusación en el tribunal.
Yarrington se amparó, y unos días antes de que fuera relevado Murillo Karam del cargo, en marzo de 2014, otro juez federal le negó el amparo en contra de la orden de aprehensión por narcotráfico y delitos contra la salud.
Yarrington se fue de México en 2012 y vivió un tiempo en España, reapareciendo en Italia, donde al comparecer ante un juez dijo que no quería ser extraditado a México.
No había muchas posibilidades de ello, en todo caso. Las acusaciones contra él en Estados Unidos son amplias y sólidas, frente a la debilidad de las mexicanas, que hacían casi imposible que regresara a su país.
Este miércoles, la PGR informó que Yarrington saldría deportado, pero a Estados Unidos. No son buenas noticias para el gobierno del presidente Peña Nieto, que admítalo o no, encubrió a un delincuente durante largo tiempo, y con quien compartirá invariablemente el banquillo de los acusados.
