Las acusaciones fueron muy serias. A Guillermo García Alcocer, cabeza de la Comisión Reguladora de Energía, a quien señaló el viernes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador de tener un conflicto de interés, le crecieron las imputaciones durante el fin de semana.
Ayer, la secretaria de la Función Pública y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dijeron que le habían abierto investigaciones por el presunto delito de conflicto de interés, por fraude, evasión fiscal, lavado de dinero y envío de recursos a paraísos fiscales por parte de algunos de sus familiares, vinculados al sector energético. Todo porque García Alcocer tuvo la osadía de haber dicho la semana pasada que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, lo había desinformado en los temas del sector.
López Obrador dijo que no se trataba de una venganza. Lo que pretendía, dijo, era “purificar” a los órganos regulatorios del Estado mexicano, a los que quiere descabezar para poner a sus leales, porque está convencido de que lo único que han hecho hasta ahora es destruir a la nación y engañar a los mexicanos sobre su utilidad. Para ello, movió toda la maquinaria del gobierno en contra de una persona.
La Función Pública, la Fiscalía y Hacienda está persiguiendo penal y administrativamente a García Alcocer y su familia. La destrucción de un nombre, de su fama pública, la de sus familiares, la estigmatización para que se mofen de sus hijos en la escuela y de su esposa en las calles. Había que acabarlo a él y a su descendencia. La muerte cívica, social, el ostracismo, el desprecio público. En una persona, lo que otros hicieron selectivamente en Ruanda, Bosnia y Alemania.
Hay que purificar la vida pública, dice López Obrador, utilizando un verbo con una connotación ominosa. Lo usó Pol Pot en los 60 cuando se encumbró en el poder en Camboya y declaró que la sociedad necesitaba purificarse. Mao Zedong lo empleó en su Revolución Cultural en China, cuando envió a los burócratas y a los miembros de su partido a su escuela de cuadros para que los reeducaran políticamente y los purificaran. La ingeniería social que llevaron a cabo esos líderes asiáticos buscaba la purificación del corazón, que se encuentra en la esencia de la reconstitución moral que desea el Presidente mexicano para la sociedad mexicana. Es, como lo fue para Pol Pot y Mao, el motor para el cambio social.
La cuarta transformación no permite disidencias. Menos aún que llamen desinformado al presidente. López Obrador tiene necesidad de cabezas en la piedra de sacrificio que ejemplifiquen su retórica contra el neoliberalismo, el combustible para poder seguir destruyendo lo que había para levantar nuevos cimientos sobre sus cenizas, sin que las mayorías dejen de aplaudirle. García Alcocer parecía haber puesto la suya en la guillotina y la secretaria Irma Eréndira Sandoval, junto con el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, apremiados por las instrucciones de su jefe de remover todo lo necesario para encontrar a su primera gran víctima pública, encontraron un misil para el graderío.
García Alcocer les respondió puntualmente. Mintieron porque lo poco sustantivo que dijeron, lo había hecho público en su declaración de conflicto de intereses, y porque confundieron empresas y les asignaron responsabilidades que no tienen. Desinformaron a todos, incluido al Presidente, al mostrar su desconocimiento sobre atribuciones institucionales y alcances legales. Enfilaron una batería de presuntos delitos que convirtieron, en el discurso que se vuelve realidad ante los ojos de millones de seguidores de López Obrador, a un funcionario y su familia en miembros de la delincuencia organizada. Dijo el Presidente, no hay que olvidar, que no se trataba de una venganza.
La secretaria Sandoval informó que se inició una averiguación de oficio por los dichos presidenciales, y sugirió que sería prudente que García Alcocer se separara de su cargo mientras se realizaran las pesquisas.
La cuarta transformación mide con doble rasero. Nadie se lo pidió al secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, mientras se investiga al caso Odebrecht, donde una empresa de la familia de su esposa, de la que es consejera, como también lo fue él, está en el centro de una presunta corrupción.
No provocó ruido que dos fiscales fueran incondicionales del Presidente, ni que la esposa de quien promovió la muerte del aeropuerto en Texcoco vaya a ser nombrada ministra de la Suprema Corte. Tampoco que entre las propuestas para consejeros en la Comisión Reguladora de Energía haya funcionarios de Pemex, o que renunciaron hace semanas. Ahí no hay nada que indagar. Ellos pertenecen al México bueno que votó por López Obrador, o que no cuestiona su esfuerzo de cambio.
Para quienes no están alineados incondicionalmente, la persecución de García Alcocer y su familia, la destrucción de su fama pública y su estigmatización como corrupto, es un camino que hay que observar porque se va a repetir, mediante el uso, como denunció, de “instituciones del gobierno con fines políticos”.
Toda la fuerza del gobierno contra un funcionario que se expresó libremente, tuviera o no razón, es algo que hacía muchas décadas no se veía en México. La inhibición, la hostilidad, los intentos, aunque sea inopinados, de previa censura, son síntomas de una enfermedad que está creciendo y que la mayoría aún no ve. García Alcocer es el negro, el judío, el cura y el comunista de Bertold Brecht.
El cielo está lleno de nubarrones que anticipan que este sexenio, en materia de libertades, no será fácil.
