El presidente Andrés Manuel López Obrador parecía molesto ayer en la mañanera con el tema de la captura de Rafael Caro Quintero, sobre quien pidió Estados Unidos su detención y extradición. También se mostró desarticulado y con afirmaciones confusas para desmentir la participación de la DEA en el operativo, y negar que había sido una petición de la vicepresidenta Kamala Harris. La participación de la DEA fue informada por su directora y el procurador general de Estados Unidos el viernes. La versión sobre la petición de Harris fue publicada ayer por Héctor de Mauleón en El Universal.
Información recabada de la visita de López Obrador a Washington la semana pasada valida estas tres últimas afirmaciones. Harris habló con López Obrador poco antes de que conversara con el presidente Joe Biden, y las versiones iniciales de que había sido un desayuno difícil y tenso hoy pueden ser confirmadas. López Obrador, se puede decir, cayó en una trampa.
El Presidente había mostrado resistencia a aceptar la invitación que le formuló Biden para ir a Washington, pero, como le dijo a Harris, lo que buscaba era limar los desacuerdos por su inasistencia a la Cumbre de las Américas, un mes antes en Los Ángeles, y explicar los porqués de su posición de que había que invitar a todos los gobiernos del continente. Harris no dejó pasar mucho tiempo y, tras decirle que entendían lo que había hecho, le aclaró que tenía que haber otros hechos concretos para reafirmar la relación. Entonces, le dejó caer la bomba. El quid pro quo sería Caro Quintero.
Efectivamente, como reveló De Mauleón, Harris le dijo al presidente López Obrador durante el desayuno que tuvieron en la residencia oficial de la Vicepresidencia, que la DEA había localizado a Caro Quintero en San Simón, en el municipio de Choix, en la punta de Sinaloa, colindante con Sonora y Chihuahua, producto de un trabajo realizado por un equipo especial de la agencia, operando desde San Diego. Caro Quintero, uno de los 10 fugitivos más buscados por Estados Unidos, es acusado del secuestro y asesinato del exagente Enrique Camarena Salazar en 1985, crimen organizado y narcotráfico.
El asesinato de Camarena Salazar ha sido, para la DEA, una obsesión, y planeó la Operación Leyenda para encontrar a los responsables del crimen. En el gobierno de López Obrador, el tema de Camarena Salazar ha sido motivo de preocupación desde hace más de ocho meses por otras razones, tras ser alertado de que Estados Unidos pensaba declarar persona non grata a Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, e imputado como cómplice en el asesinato. El Presidente instruyó a la Cancillería bloquear esa declaración, lo que sucedió, y el fiscal general le sugirió a López Obrador que en su reunión con el presidente Joe Biden abordara este asunto.
López Obrador no tuvo tiempo para plantearlo, porque Harris lo sorprendió con la petición de detener a Caro Quintero con fines de extradición. La información de las personas que estuvieron en Washington es que el Presidente se sorprendió, ante lo cual la vicepresidenta actuó rápidamente para evitar un choque. Primero le aseguró que la información de la DEA se había hecho sin vulnerar la soberanía territorial de México, algo que López Obrador, en sus respuestas confusas ayer en la mañanera, mencionó, como algo del pasado, que la DEA había apoyado en otros momentos con información recopilada por drones.
Luego, para acorralar al Presidente, le dijo Harris que le preocupaban las resistencias públicas de su gobierno a capturar y extraditar a narcotraficantes buscados por Estados Unidos, que es una queja recurrente de Washington, acentuada por la liberación de uno de ellos, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, en Culiacán en 2019.
Durante el encuentro con Harris el Presidente reaccionó y alegó contra la extradición, argumentando que Caro Quintero había sido juzgado, sentenciado y purgaba su condena en México, lo cual era impreciso porque era prófugo de la justicia. Estados Unidos se ha quejado, desde que Caro Quintero salió en libertad en 2013, por un tecnicismo legal, de que nunca debió haber dejado la cárcel. López Obrador tuvo que pagar por una falla de la Procuraduría General de la República del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, la reecaptura de Caro Quintero no había estado en los planes ni en las intenciones de López Obrador, de acuerdo con su propia política de no perseguir jefes del narcotráfico para evitar, es su creencia, que haya más violencia.
López Obrador se quedó sin margen de maniobra ante Harris y aceptó la petición, pero estableciendo que el operativo lo realizaría la Guardia Nacional. La respuesta fue tajante. Ni la Guardia Nacional ni nada vinculado con el Ejército podía participar en la acción de captura. Estados Unidos lleva años desconfiando del Ejército, por la vinculación de altos miembros de la Secretaría de la Defensa con capos de la droga, incluido el Cártel de Guadalajara, del que Caro Quintero era uno de los líderes; su rancho El Búfalo, en Chihuahua, cuyo descubrimiento por Camarena Salazar es a lo que se atribuye su asesinato, era protegido por soldados. Como escribió De Mauleón, Harris impuso que fuera la Marina la responsable del operativo.
Una vez que admitió las condiciones de Harris, la DEA entregó la información a la Marina. Para respaldar jurídicamente lo que iba a suceder, el procurador general estadounidense, Merrick Garland, reactivó desde el jueves la petición al gobierno de México de búsqueda con fines de extradición. Fue la misma solicitud que se había hecho sobre el hijo del Chapo Guzmán, pero ahora cambiando la institución que llevaría a cabo el operativo.
La captura de Caro Quintero estaba en los planes del gobierno de Estados Unidos previo a la Cumbre de las Américas. Pero la forma como lo solicitaron, sin conversarlo antes con la Cancillería, como procedía, es una prueba más de lo que le costó a López Obrador el boicot a la cumbre.
Le dijo además que le preocupaban las resistencias de su gobierno a capturar y extraditar narcos
