Desde hace más de dos meses hay una campaña desde las cañerías de Palacio Nacional contra el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, para descalificarlo públicamente y desacreditar a la UNAM, sembrando la idea de que es una institución empapada en corrupción. Estos ataques son distintos a los realizados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha interferido en los asuntos internos de la Universidad queriendo provocar, mediante la estimulación –incluso inopinada– a los grupos de interés de la institución, una revuelta para cambiar las reglas para elegir al rector, lo que sucederá en noviembre de este año.
La campaña contra Graue ha utilizado la propaganda negra, que se emplea para desestabilizar o desinformar. La propaganda negra es una herramienta eficaz en las guerras, como los aliados escondieron los preparativos para la invasión en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, y también fue utilizada por la CIA, a través del periódico El Mercurio de Chile, para ir debilitando al gobierno del presidente Salvador Allende. Uno de los mayores éxitos de esta propaganda es el libro de Los protocolos de los sabios de Zion, publicado en 1905, que describía una conspiración global de los judíos para dominar el mundo.
Graue ha sido víctima de una campaña que ha utilizado la propaganda negra, como la publicación en la prensa de gastos de 400 viajes a cinco países en cinco años por un total de 79 millones de pesos, que el rector calificó de “falsos” y cuya documentación verificable no ha sido difundida tras el golpe en la última semana de abril. Al mismo tiempo, el rector ha sido objeto de una estrategia de propaganda gris, que es aquella donde se conoce al mensajero, pero el origen del mensaje es desconocido para la opinión pública.
Esto sucedió el lunes, cuando un reportero de la revista Contralínea le preguntó al Presidente por una de las fundaciones “corruptas” que realizan “transferencias millonarias a paraísos fiscales”, la Conde de Valenciana, cuyo presidente honorario es Graue. Contralínea es una de las publicaciones que reciben información del Centro Nacional de Inteligencia para denostar a medios y periodistas independientes, difundiendo información que tiene carácter reservado, por lo que viola la ley, pero en concordancia con la línea marcada por el jefe de la propaganda en Palacio Nacional, Jesús Ramírez Cuevas, que oficialmente es vocero presidencial.
La pregunta le permitió señalar al Presidente que era “muy probable” que la Unidad de Inteligencia Financiera, que encabeza Pablo Gómez –quien por lustros ha querido la reforma de las normas para la elección del rector–, y su jefe nominal, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, investigaran a la fundación. La amenaza se quedó en el amago, hasta ahora, pero Graue salió a atajar la acusación del reportero como “malintencionada”, para vulnerar su reputación y honorabilidad, junto con la socavación del prestigio de la UNAM.
La cadena de ataques se encontró con el respaldo de la comunidad universitaria y de las autoridades académicas –directores de facultades, escuelas e institutos–, que se pronunciaron “contra la campaña de infundios y calumnias emprendida desde espacios informativos de dudosa ética profesional, que pretende afectar el prestigio de la institución y la honorabilidad del rector”. Cerraron filas para enfrentar las embestidas del Presidente que han corrido en dos vías, la intromisión en los asuntos internos de la UNAM, violando su autonomía, y los infundios contra Graue. Aunque tienen el mismo origen, no están realmente conectadas.
La campaña reciente, que se puede medir en tiempo y forma mediante la utilización de la propaganda negra y gris –el tercer tipo de propaganda es blanca, que es pública, que emplea la comunicación política y las relaciones públicas, que es lo que se ve diariamente en las mañaneras–, tiene como origen el dictamen del Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de que la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel había plagiado la tesis de licenciatura de Édgar Ulises Báez.
El caso pasó a ser analizado al Comité de Ética de la UNAM, para determinar responsabilidades, pero la ministra interpuso un recurso legal que le impide, hasta ahora, que dé a conocer el dictamen definitivo. Esquivel buscó a Graue varias veces para hablar con él, pero no ha tenido éxito. También le envió un mensaje de que si cancelaba el dictamen del Comité Ético, se desistiría del amparo que interpuso para bloquearlo. Tampoco le funcionó. Finalmente obtuvo de una jueza que responde a Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que le ha ayudado en colusión con la fiscalía capitalina para limpiarle la cara a Esquivel, un fallo donde asegura que ella no plagió la tesis de Báez, que la llevó a dar por cerrado, de manera unilateral, el caso.
Esquivel no ha querido aceptar que la acusación del plagio ya rebasó las sutilezas jurídicas, en buena parte por la forma torpe como se manejó en un principio, y que se convirtió en un problema ético, donde ha perdido y continúa perdiendo su prestigio en caída libre. El desaseo de su manejo llevó al presidente López Obrador a consultar con varios ministros sobre el caso a finales del año pasado, y tras escuchar su opinión negativa sobre la ministra, pareció quitarle su protección. Una larga plática con su viejo amigo, esposo de Esquivel, José María Riobóo, lo hizo cambiar de opinión por razones que se desconocen.
La defensa de Esquivel cambió. La ministra contrató a un equipo que produce los contenidos difamatorios que se siembran en mensajeros designados, y que trabaja en tándem –no se sabe si hay vasos comunicantes orgánicos– para llevar la campaña contra el rector y la UNAM hasta la ignominia. La ministra trabaja en las cañerías y en Palacio Nacional prestan el patíbulo para esparcir lo que vomitan, a fin de evitar el impacto del dictamen del Comité de Ética, que si alguna vez se hace público, se sabrá de manera oficial que Yasmín Esquivel sí plagió su tesis.
