Extraña, por decir lo menos, es la forma como el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende su estrategia de seguridad. Ningún presidente, presume, hizo lo que él, reunirse de 6 a 7 de la mañana de lunes a viernes con el gabinete de seguridad, y recibir el parte de lo que sucedió en ese tema en las últimas 24 horas. Los fines de semana detiene la rutina.
Es cierto que ningún presidente encabezó diariamente una reunión de seguridad, aunque se llevaban a cabo con esa frecuencia en otros niveles de gobierno, lo que no es una virtud, sino una vergüenza, porque durante los primeros 43 meses de su gobierno, de acuerdo con la consultora TResearch, se han registrado más homicidios dolosos (123 mil 364) de los que tuvieron sus predecesores Enrique Peña Nieto (74 mil 737) y Felipe Calderón (53 mil 319).
En retórica, López Obrador arrasa. En resultados, su gobierno es un desastre. El Presidente lo ve muy diferente. La violencia la mide con métricas que chocan con el sentido común, y critica con argumentos baladíes a quienes tienen otra mirada. Ayer le dedicó un espacio a Sergio Sarmiento, quien en su columna diaria en Reforma criticó el linchamiento de un joven en la comunidad de Papatlazolco, Puebla. El Presidente le dijo “conservador” porque no entendía al México profundo, el de los usos y costumbres, donde ese tipo de asesinatos, pareció sugerir, no debía condenarse, sino entenderse. Sarmiento está equivocado, en su mente, por apelar a la legalidad y estar en contra de la impunidad. El Presidente queda atrapado en el deber ser centenario, y su visión nos remonta más de 200 años en la historia, antes del nacimiento del Estado moderno, que surge con un objetivo central, proveer la seguridad a la gente.
No es nuevo. En la mañanera de ayer pudimos ver a plenitud una síntesis de su idiosincrasia macuspana, que en un contexto de países de leyes, habla más bien de los cables cruzados en el pensamiento presidencial. La perorata de López Obrador comenzó cuando le preguntaron sobre la violencia que aterrorizó este lunes a los pobladores de San Cristóbal de las Casas, cuando dos grupos criminales que luchan por el control del Mercado del Norte –donde se comercia desde contrabando hasta armas de uso exclusivo del Ejército– se enfrentaron. El Presidente lo lamentó, pero justificó. “No es generalizado”, dijo, cuestionando inmediatamente la afirmación del Comando del Norte de Estados Unidos, que sostiene que entre 30 y 35% del territorio está bajo el control de los cárteles de las drogas.
“No es cierto, lo podemos probar”, aseguró. “Hay estados donde no hay homicidios; la mitad de los estados no tienen un problema de violencia que se refleje en homicidios, y de la otra mitad, son ocho o 10 estados donde tenemos, en el caso de homicidios, más problemas”. Pero es en seis, precisó, donde se concentra 50% de los homicidios. También tiene razón, aunque olvida cómo los suyos criticaban al gobierno de Calderón cuando decía que la violencia estaba concentrada en seis estados –algunos son los mismos, como Baja California, Sonora y Zacatecas–, y pese a tener aquella administración menos homicidios dolosos en todo el sexenio de lo que, apenas pasada la mitad, lleva López Obrador, lo siguen llamando “asesino”.
López Obrador, que tiene atorado a Calderón desde 2006, cuando le ganó la elección presidencial, aseguró que esas bandas delincuenciales “quedaron sembradas” desde aquel gobierno. Ya ni hablemos de la promesa política de que la violencia se iba a contener en los 180 primeros días de gobierno lopezobradorista, sino que falta a la verdad el Presidente. En aquel sexenio no existía el Cártel Jalisco Nueva Generación, que se formó orgánicamente y fortaleció durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ni el Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, o el Cártel del Noreste en Tamaulipas. Tampoco había más de 85 municipios tomados por los cárteles de la droga en el país. Sólo hoy, sin tomar en cuenta lo que afirma el Comando del Norte, con todos los municipios tomados por el crimen organizado en el Triángulo Dorado, Michoacán, Tamaulipas y Zacatecas, donde se aparecen las Fuerzas Armadas cuando se fueron los criminales, o todos los municipios en la zona del canal interoceánico en el istmo de Tehuantepec y en la costa que va de Acapulco a Juchitán, hay más territorio bajo control criminal que hace una década.
En esa espléndida introspección a su pensamiento sobre la vida criminal y la estrategia de seguridad que defiende, López Obrador explicó también por qué hay entidades donde no hay picos en los homicidios dolosos. Sin mucha sorpresa, diríamos, se refirió a Sinaloa, donde el control de un solo cártel permite que la violencia sea limitada. Es decir, la baja en la tasa de homicidios dolosos obedece a que un cártel es el que domina, no consecuencia del trabajo del gobierno. Se podría decir que eso explicaría por qué es tan laxo y condescendiente con el Cártel de Sinaloa, pero lo mismo sucede con el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene controlado Jalisco y libra batallas contra otras organizaciones en todo el país, pese a los esfuerzos del gobierno por eliminar del mercado criminal a los rivales de los sinaloenses.
López Obrador no reparó en la sustancia de sus palabras, altamente censurables para quienes tienen otro marco de referencia. Para quienes no pensamos como él, lo que se interpreta de sus palabras es que, mientras inyecta dinero en programas sociales para modificar las causas que empujan a muchos jóvenes al mundo criminal –una variable cierta–, su estrategia inconfesa es permitir que los cárteles sigan matándose entre ellos, en una arena libre de interferencia federal, esperando que venza uno antes de que termine su gobierno, para empezar a bajar la tasa de homicidios dolosos y cantar la victoria de su plan. Será otra mentira más, pero habrá hecho lo que nos pintó ayer: administrar la violencia y el negocio criminal.
