Por más que se manipulen las cifras, el crecimiento de la violencia en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es imposible de ocultar. El martes se publicaron los datos sobre asesinatos deliberados, y el gobierno reportó una disminución de 16% con respecto a lo que se describió como “el máximo histórico”. Esta medición es tramposa porque responde a un diseño propagandístico, no metodológico, para engañar a la población. El “máximo histórico” fue en julio de 2018, mes de la elección presidencial, donde se contabilizaron 3 mil 74 homicidios dolosos, comparados con los 2 mil 582 de enero pasado.
Pero trazar una comparación entre indicadores que no son medibles, huele a estafa. La comparación se puede dar mediante dos criterios, con respecto al mes anterior o con el mismo mes del año previo. Bajo cualquiera de los dos, los homicidios dolosos crecieron. En diciembre de 2022 hubo 2 mil 529, un incremento de 53, y en enero del año pasado hubo 2 mil 426, 156 menos que la última cifra. Julio de 2018 fue el mes más violento en la historia del país, por cuanto a homicidios dolosos, pero los siguientes tres de mayor número de crímenes de ese tipo fueron junio y julio de 2019 (3 mil 6 y 2 mil 981, respectivamente), y mayo de 2020 (3 mil 41).
Si bien hay una tendencia a la baja, los cuatro primeros años del gobierno de López Obrador muestran que la estrategia emprendida no funcionó. En ese periodo se registraron 140 mil 102 homicidios dolosos, frente a 88 mil 394 en los primeros cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto y 68 mil 433 en el mismo periodo de la administración de Felipe Calderón. ¿Cómo se explica? Por la doctrina pasiva de abrazos, no balazos, salvo cuando sea en defensa propia, y que los programas sociales para arrancar a los jóvenes de los brazos criminales se quedaron en un mero buen propósito.
Pero hay otra forma de interpretar los mediocres resultados que llevarán a López Obrador a entregar la banda presidencial totalmente ensangrentada, y con el legado de haber gobernado el sexenio más violento en la historia del país (está a 17 mil homicidios dolosos de rebasar el total de crímenes de esta naturaleza en los seis años de Peña Nieto), que es la forma como lo están viendo en Washington.
La semana pasada, en el Capitolio, se llevó a cabo una muy negativa audiencia para México en el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, que preside Bob Menéndez, muy amigo del presidente Joe Biden, y enemistado con el presidente López Obrador. Aunque era sobre el fentanilo en el mundo, surgieron datos y declaraciones que deberían preocupar en Palacio Nacional, por la forma como, dijo la administradora de la DEA, Anne Milgram, se han expandido los cárteles durante su gobierno: el del Pacífico/Sinaloa operaba en 19 estados y ahora lo hace en 32; el Jalisco Nueva Generación lo hacía en 23 y ahora está en las 32 entidades.
El revelador diálogo en la audiencia se dio de esta manera:
Milgram: México trabajó en el pasado, de 2012 a 2015, para acabar con uno de los cárteles más violentos, Los Zetas, y fueron eficaces en desmantelarlo. Queremos que México haga lo mismo en este caso (el combate al tráfico del fentanilo) y que lo conviertan en su principal prioridad operativa.
Menéndez: Pero eso no está sucediendo.
Milgram dijo que, virtualmente, todo el fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de esos dos cárteles y entra por California y Arizona.
Menéndez: ¿Es posible lidiar con este problema sin México como socio? ¿No es imposible combatirlo sin una relación productiva con México? No obstante, hay obstáculos que impiden la cooperación con México, como la creciente politización de la Fiscalía General, que ha mostrado poco apetito para judicializar los casos relacionados con el fentanilo. La colusión entre los cárteles de la droga y las autoridades mexicanas es un desafío constante. Las autoridades mexicanas no parecen muy dispuestas a reconocer que la vasta mayoría del fentanilo que nos llega se produce en laboratorios clandestinos en México. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el gobierno de López Obrador para cambiar esta realidad?
Milgram: Creemos que México debe hacer más para detener el daño que estamos viendo. Los cárteles están dominando y controlando completamente la cadena de suministro de fentanilo y están operando desde México.
Todd Robinson, subsecretario de Estado para Asuntos de Drogas, dijo que México ha expresado su interés en hacer más, dentro del marco del Entendimiento Bicentenario, el acuerdo marco sobre seguridad entre los dos países.
Robinson: Le pedimos a México que pusiera más recursos en este esfuerzo. Para México es un asunto doméstico; para nosotros es internacional y de seguridad nacional.
Menéndez: Tengo que ser honesto con usted, no lo veo. No veo la disposición, no veo la urgencia, no veo el compromiso, ni las acciones que indicarían que México es un buen socio. Si no logramos que actúen, debe haber otras consideraciones. Yo creo que trabajamos con nuestros amigos mexicanos con guantes de niño. Yo no sé cuántas vidas más tienen que perderse para que México se involucre. Si fuera al revés, estarían todo el tiempo sobre nosotros. El presidente López Obrador estaría todo el tiempo sobre nosotros.
Las señales de frustración y enojo son evidentes en Washington, así como la insatisfacción de la cooperación en materia de seguridad. La descripción de los cárteles en el tráfico de fentanilo –que ha sustituido a todas las demás drogas como el producto ilegal más rentable– ayuda a entender el incremento de los homicidios dolosos, por la guerra entre las dos grandes organizaciones por el control de los territorios y los laboratorios para producirlos. Esta espiral de violencia, que produce matanzas y homicidios dolosos en niveles insoportables, pese al incremento de operativos militares y el despliegue de fuerzas federales en el país como nunca se había visto, le da sentido, con horizonte ominoso, a las palabras de Menéndez.
