El 27 de octubre de 2016, la Procuraduría General de la República aseguró el rancho Las Mesas, en Valle de Bravo. Con una superficie de casi un millón de metros cuadrados es una propiedad de ensueño que incluye entre sus lujos una alberca para caballos. Su dueño real era Javier Duarte, el gobernador de Veracruz actualmente en la cárcel, pero en el papel, Moisés Mansur Cisneros, su amigo de la universidad que lo hizo millonario y que logró fugarse a Canadá antes de ser detenido, es quien tenía las escrituras a su nombre. Mansur Cisneros eludió a la justicia peñista, y cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, comenzó una larga negociación para entregar el rancho al gobierno a cambio de no ir a prisión.
En la lógica del gobierno donde importa más la reparación de daños que meter personas a la cárcel –salvo algunas excepciones–, Mansur Cisneros comenzó a platicar los términos con los abogados de la Presidencia de la República. De esta forma concluyeron un acuerdo oral donde el confidente de Duarte, considerado su prestanombres, entregaría el rancho. Desde un principio, la idea en Palacio Nacional es que se quedara en las manos de la Secretaría de la Defensa, porque el general secretario Luis Cresencio Sandoval pensaba trasladar el criadero militar de ganado Santa Gertrudis, en Saucillo, Chihuahua, fundado en 1927, a Valle de Bravo, y construir algunas residencias para el alto mando.
Las negociaciones caminaban perfectamente, pero las prisas ganaban a Lomas de Sotelo. Los generales no esperaron a que se concretara legalmente la transferencia del rancho, y ocuparon de manera irregular, jurídicamente muy débil, la propiedad de Duarte-Mansur Cisneros. Para darle sentido a esa ocupación prematura, empezaron a pasar la charola entre empresarios en Valle de Bravo, para poder hacer las adecuaciones que querían en el rancho.
Cuando menos 16 millones de pesos de capital privado se habían inyectado hasta octubre pasado, que todo indica que tuvo como incentivo el quedar bien bien con el secretario de la Defensa, para evitar problemas con los generales y con el Presidente. Con este gobierno no hay garantía de, aun financiando la remodelación militar de Las Mesas, quedar exento de ser objeto de la furia presidencial, pero sería casi una certeza que, si se negaran, habría represalias.
El mecanismo que se diseñó para que subrepticiamente el rancho pasara a los militares era mediante un juicio donde el juez decretara el abandono del rancho Las Mesas, para que entonces se le donara a la Secretaría de la Defensa. No se pensaba que habría ningún obstáculo, pero durante el proceso se atravesaron los ajustes en la Consejería Jurídica de la Presidencia y las cosas se complicaron, porque los abogados de Mansur Cisneros, entendiendo las vulnerabilidades que ello generaba, y viendo que ni el nuevo equipo de abogados ni en la fiscalía tenían claro los pasos a tomar, cambiaron la estrategia.
La defensa de Mansur Cisneros descuadró toda la negociación previa. Su abogado, Jorge Arturo Galván Jiménez, solicitó un acuerdo reparatorio –que no estaba en el pacto negociado originalmente– a cambio de que su cliente lo cediera en su totalidad en el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que depende de la Fiscalía General, y no en la Fiscalía de Control Competencia, que era donde estaba radicado el proceso, con lo cual ubicaron la negociación dentro de un marco jurídico donde no habría necesidad de llegar a juicio. La Fiscalía General no objetó –aliviando la presión sobre Mansur Cisneros– y empezaron a darse cuenta de que la estrategia del imputado buscaba nuevas concesiones del gobierno y alargaba los tiempos.
Los fiscales habían argumentado que el decreto de abandono podría fincarse a partir del tecnicismo de que 90 días después del aseguramiento del rancho, en octubre de 2016, ningún interesado había manifestado su interés en éste, como lo exige la ley antes de proceder a decretarlo como “abandonado”. Este tecnicismo no fue visto –o no se quiso ver– en la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero tampoco lo había considerado la Fiscalía General hasta que el tiempo para satisfacer a los militares apremió.
Con esa argumentación a cuestas, a finales de octubre se realizó una audiencia donde la Fiscalía General solicitó al juez que decretara el abandono del rancho, pero para sorpresa de los fiscales, el abogado Galván Jiménez informó al juez de la existencia de un oficio donde mostraba que su cliente había manifestado su oposición al aseguramiento del rancho, de sus bienes y cuentas, en tiempo y forma. La Fiscalía General no conocía la existencia del oficio, por lo que se programó una nueva audiencia para que los abogados de Mansur Cisneros presentaran la documentación. La audiencia fue programada para días después, pero por lo que se ha podido conocer, no ha avanzado la negociación.
En Valle de Bravo se ha reportado incertidumbre y una cierta ansiedad y desgaste por el impasse que se ha vivido jurídicamente, pues desconocen qué sucederá con los millones de pesos que han invertido en la remodelación y readecuación de Las Mesas, confiando en que sería para la Secretaría de la Defensa. Pero también en Lomas de Sotelo hay molestia e inquietud por los tropiezos que ha tenido la Fiscalía General para solucionar lo que pensaban sería rápido. Sorprende que los fiscales, de probarse la existencia del oficio presentado por la defensa de Mansur Cisneros, pudieran haber sido omisos y negligentes al revisar toda la documentación del caso.
Mientras tanto, los abogados de Mansur Cisneros han solicitado más concesiones, donde no sólo estaría a salvo de ir a la cárcel, sino que también haya una compensación económica. Vaya, pues. Los fiscales se volvieron a meter en problemas por el mal manejo del caso de Las Mesas, sumando a generales y empresarios como daño colateral.
