El juez quinto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, tomó una decisión la semana pasada cuya alta politización oculta sus alcances. Uno de ellos podría ser que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía, uno de los cuatro grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se construya. El otro podría ser que el aeropuerto cancelado en Texcoco pudiera ser revivido como obra en algún momento. El destino de estas obras no pasa por la política. De hecho, las decisiones políticas de López Obrador, soslayando la Constitución, son las que han puesto en un brete a Santa Lucía. Al mismo tiempo, el Poder Judicial ha sido benevolente con él. No importa lo que haga con la ley, cierra los ojos.
El juez Guzmán emitió dos resoluciones en el fallo de un amparo del colectivo #NoMasDerroches, donde suspende cualquier obra en Santa Lucía hasta determinar si la decisión del gobierno, como señala el artículo 134 constitucional, “cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público”, y que mientras eso se prueba cancela el desmantelamiento de las obras en Texcoco. La reacción del Presidente fue una vez más política y mediática, pero jurídicamente errática. “Es un sabotaje legal”, describió la acción del juez, acusándolo implícitamente de actuar de manera ilegal. Pero estas escaramuzas nos plantean diáfanos escenarios, la política contra la ley, y viceversa, la ley contra la política.
El amparo contra Santa Lucía es parte de la estrategia del colectivo #NoMasDerroches, que encabezan Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia, al que se han sumado organizaciones civiles, despachos de abogados y, como afirman, “cientos de ciudadanos”. En el campo político son probablemente los enemigos número 1 del presidente López Obrador, y su estrategia se compone de 147 juicios de amparo para que se revise la legalidad de la cancelación de Texcoco y se asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos.
Según el juez Guzmán, el gobierno debe determinar si actuó en función de que Texcoco no reunía todos los preceptos indicados en el artículo 134 constitucional. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes así fue, y tiene publicado en su home de Internet un largo alegato sobre el porqué canceló el Presidente Texcoco. Todas sus afirmaciones técnicas, ambientales y financieras fueron desmentidas por las autoridades de la administración pasada. Este documento está lleno de valoraciones subjetivas y calificativos, alineado en su retórica al discurso de López Obrador, contrario al de la dependencia, de que se canceló por actos de corrupción.
En todo caso, como lo estipula el artículo 134, serán instancias técnicas las que evaluarán los resultados de los ejercicios; es decir, la cancelación de Texcoco y la construcción de Santa Lucía. Un abogado comentó que nadie va a auditar al Presidente, por lo que todo lo que diga no será tomado en cuenta por el Poder Judicial, que ha sido consistente en sus omisiones sobre el Ejecutivo. En ningún momento ha externado alarma, preocupación o extrañamiento por sus constantes violaciones a la ley, como quizás en la más notable, presentar al Congreso un Plan Nacional de Desarrollo sin cumplir con los fundamentos legales. López Obrador no tiene problema en este sentido. Al tener controlado al Congreso, hace lo que quiera con la legislatura y las leyes. Al tener amedrentado al Poder Judicial, neutraliza al otro contrapeso. Como agregó el abogado, al final se reducirá a un análisis constitucional teórico y los jueces resolverán a modo.
Esto es lo que probablemente sucederá con Texcoco, donde los técnicos revisarán los alegatos de las dos partes para tomar su decisión. En el caso de Santa Lucía, como sugiere un observador de la industria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haría bien en comenzar a preparar un escenario ante la posibilidad de que pierda el amparo sobre esa obra. Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un permiso de impacto ambiental por 28 años para la construcción de Santa Lucía, pero condicionado a que la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, amplíe sus estudios, porque el primero que entregó tenía 52 errores, de acuerdo con la Academia Mexicana de Impacto Ambiental.
El gobierno no pasa ese escollo aún, que sería el primero. De acuerdo siempre con el 134 constitucional, también deberá probar la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que la obra sea eficiente, eficaz, transparente y con honradez en el gasto público. Eficiente y eficaz falta por ver el estudio final, pero la información oficial hasta el momento señala que las metas originalmente planteadas sobre el incremento de la capacidad de pasajeros, están por debajo de lo anunciado. Tampoco se sabe el resultado final del estudio sobre la simultaneidad de operaciones con el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”, que según el consenso internacional no es posible. La transparencia está en entredicho, pues el gobierno está evaluando considerar la obra de Santa Lucía un tema de seguridad nacional, con lo cual podrían mantener todo en opacidad.
Si Texcoco muere en forma definitiva, la suerte de Santa Lucía no estará decidida por descarte. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tendrá que aportar la información técnica, ambiental y financiera completa que cumpla con lo establecido en el 134 constitucional. De otra forma, será el gran fiasco, no para el secretario, sino para el Presidente.
