En la tercera semana de septiembre, el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, anunció que se habían bloqueado las cuentas de 186 personas vinculadas a 19 grupos criminales. De ellas, 57 que hacían operaciones desde Jalisco, pertenecían al Cártel Jalisco Nueva Generación, a cuatro de sus escisiones y al Cártel de Juárez. El resto, con base en el Estado de México, estaba asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, a La Familia Michoacana, a células del Cártel de los Beltrán Leyva y a las grandes bandas criminales en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Pero lo que parecía como otro éxito de Nieto, en realidad era la metáfora de su deficiencia.
La acción para el congelamiento de esas cuentas había estado descansando sobre su escritorio durante casi cinco meses. Había sido una petición del gobierno de Estados Unidos para que tomara medidas sobre estadounidenses, mexicanos y musulmanes, que eran personas de su interés. La displicencia del exjefe de la UIF provocó que funcionarios estadounidenses dentro del Grupo de Acción Financiera se quejaran con sus pares mexicanos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de que Nieto estaba únicamente dedicado a la agenda política del Presidente, pero que si no hacía nada, advirtieron, la relación con el gobierno de México quedaría suspendida.
La relación de Nieto con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en 1989 por el G7, las siete naciones más industrializadas de Occidente, para combatir el lavado de dinero y el terrorismo, que se convirtió en un organismo internacional intergubernamental al que pertenece México, no era buena. En el inicio del gobierno era nula, pero un funcionario de la CNBV con larga experiencia en el GAFI, fue trabajando para que se fueran abriendo con él. La forma política como operaba Nieto no les gustaba. En varias ocasiones, para satisfacer los deseos del Presidente, divulgó información de inteligencia, y en otras, no pocas, manipuló a los estadounidenses.
La necesidad de quedar bien con el Presidente y hacerle sentir que le era altamente funcional, frente al desaseo en la Fiscalía General, lo llevó a forzar la colaboración. La UIF puede congelar cuentas de personas físicas o morales de acuerdo con el artículo 115 de la Ley de Instituciones Bancarias, sólo bajo dos supuestos: por solicitud de una autoridad extranjera, como el FBI o la DEA, o por resolución de un organismo, como el GAFI. De otro modo, tiene que ir a través de la Fiscalía General y bajo control judicial. A Nieto no le gustaba este control, por lo que le pedía a la DEA y al FBI que le enviaran pedimentos para, de esta manera, darle la vuelta a la ley y justificar sus acciones para bloquear cuentas.
Al depender la UIF y en general el gobierno mexicano de información de alta calidad que les proporciona –aunque todavía marginalmente– Estados Unidos, quedarse sin ella era para Nieto trabajar a ciegas y manco. Cuando llegó el ultimátum se encontraba en una preluna de miel –porque tras casarse no habría ninguna–, pero tan pronto como llegó a México, congeló las cuentas solicitadas por Estados Unidos. La relación con ese gobierno, que estuvo al punto del quiebre, se logró mantener frágilmente.
Nadie sabía en ese momento que iba a salir de la UIF, ni siquiera Pablo Gómez, quien lo sustituyó, y que se enteró de que entraría al relevo poco antes de anunciarse el lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador no pensaba en él semanas antes, pese a que poco después de las elecciones intermedias, cuando Gómez perdió con Gabriel Quadri una diputación federal, ordenó que buscaran dónde colocarlo en el gobierno. La decisión de sustituir a Nieto sorprendió a prácticamente todos, menos a los directamente involucrados, ante su falta de experiencia en el combate a la corrupción. Pero si tiene un buen equipo de abogados e investigadores, esa inexperiencia podrá subsanarla.
El principal problema de Gómez no va a estar sólo en el funcionamiento interno de la UIF, sino en el acceso a información de calidad proveniente de Estados Unidos y su capacidad para ir generando confianza a sus interlocutores. Funcionarios en varias naciones asociadas al GAFI vieron el proceder de Nieto como el de alguien que politizaba los casos con la información que le proporcionaban; las críticas a Gómez de ser un político fogueado, no como Nieto, pero con rencores y carácter vengativo, tendrá que desvirtuarlas con el trabajo. Igualmente, un elemento en su biografía política que pesará, de acuerdo a cómo lo haga, es su pasado comunista, en cuyo partido militó hasta su desaparición en 1988.
El gobierno de Estados Unidos es pragmático y no va a bloquearlo. No lo hizo con Jorge Castañeda, otro exmiembro del Partido Comunista, cuando fue secretario de Relaciones Exteriores, pero lo veían con desconfianza. Aun con décadas sin Guerra Fría, los estadounidenses mantienen resabios con quienes tuvieron directa o indirectamente lazos con Moscú, y según lo que hicieron durante sus años de militancia, actúan. Por ejemplo, un senador mexicano excomunista pudo pisar Estados Unidos sólo cuando el Senado solicitó una visa especial para él, a fin de que pudiera asistir a una reunión interparlamentaria.
La señal que envió López Obrador con el nombramiento de Gómez puede tener diferentes interpretaciones, pero el irse rodeando de exmilitantes comunistas y reforzar el ala radical mexicana, boliviana y española alrededor de él, no es algo que dejarán de notar, particularmente por su decisión de afectar inversiones estadounidenses. Puede ser un descuido del Presidente o una acción deliberada, pero Gómez puede ayudarse y ayudar al gobierno en la lucha contra la corrupción si actúa con seriedad y profesionalismo, entendiendo que la subjetividad con la que pueden ver su pasado en la fuente principal de la información que requiere para mejorar su trabajo, puede neutralizarla con una colaboración sin engaño, como lo hizo Nieto, donde la ideología podrá colocarse en la congeladora si genera la certidumbre que, en esos cargos, se requiere.
