El breve encuentro que sostuvieron la madre de Joaquín El Chapo Guzmán y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el municipio de Badiraguato, el fin de semana pasado, provocó una intensa polémica que trascendió al mundo. El contexto lo explicaba: la amabilidad presidencial con la familia del criminal más famoso del mundo en Badiraguato, donde cualquiera que conozca esos rumbos sabe que no se entra, so pena de arriesgar la vida, salvo con la autorización de quien manda ahí, el Cártel del Pacífico.
El saludo de López Obrador a la señora, de gran fuerza óptica, ocultó lo importante, el contenido de una carta que le envió y sobre la cual dio acuse de recibo.
La carta revela que a petición de la madre, María Consuelo Loaera, le piden que intervenga ante el gobierno de Estados Unidos para buscar la repatriación de El Chapo Guzmán, el presidente de México instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a los secretarios de Relaciones Exteriores y Hacienda, Marcelo Ebrard y Arturo Herrera, y al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para reunirse con los abogados del criminal, quienes, según la misiva, les aportaron pruebas para demostrar que “había sido entregado ilegalmente” a las autoridades de ese país.
Cuatro miembros del gabinete, cubriendo todos los ángulos posibles, intercedieron ante el gobierno de Estados Unidos para ver la repatriación de Guzmán Loaera, extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, y sentenciado en la Corte Federal del Distrito Sur, en Brooklyn, a cadena perpetua, culpable de 25 de los 27 delitos de los que lo acusaron. El Chapo se encuentra en la prisión Supermax en ADX Florence, en Colorado, el centro de máxima seguridad en Estados Unidos donde, metafóricamente hablando, se vive muerto.
No hay información actualizada sobre el rumbo de esas gestiones, pero sí sobre una diligencia aparentemente realizada por instrucciones de López Obrador, para que se le permitiera a la madre de El Chapo, por segunda vez, visitar a su hijo por razones humanitarias. La señora Loaera dice en su carta que le negaron ese permiso, a lo que en declaraciones a la prensa, el Presidente señaló que eso dependía de los responsables en su gobierno y de la Embajada de Estados Unidos.
La carta revela además que los cuatro miembros del gabinete –porque no hubo desmentido o precisión al respecto–, recibieron a los abogados de El Chapo, José Luis González Meza y Juan Pablo Badillo, quienes les detallaron las razones por las cuales querían que fuera repatriado. Aunque no se precisa, si argumentan que la extradición fue “ilegal”, entonces por una violación al debido proceso tendría que reponerse toda la gestión.
El Presidente ha quedado demasiado expuesto y levantó muchas cejas. Coincidió, probablemente fue eso, una coincidencia, que el encuentro fue el día del cumpleaños de Ovidio Guzmán López, el hijo predilecto de El Chapo, a quien puso en libertad el gobierno federal, el 17 de octubre pasado en Culiacán, tras haberlo detenido durante más de tres horas, en cumplimiento de una solicitud de extradición de Estados Unidos. Aquél episodio mostró, cuando menos, la claudicación del Estado Mexicano al Cártel de Sinaloa, y generó mucha especulación sobre el grado de cercanía de la organización criminal en el gobierno de López Obrador.
La visita a Badiraguato, como toda la agenda del Presidente, era pública –lo que en sí representa un riesgo para la seguridad nacional–, por lo que el encuentro pudo haber sido, como dijo López Obrador, fortuito. La prensa que regularmente acompaña a López Obrador en sus giras, no fue a Badiraguato, y periodistas locales sinaloenses comentaron que fueron alertados del encuentro que se iba a producir cerca del poblado de La Tuna, en ese municipio, donde nació y creció el criminal, por miembros del equipo de la defensa de El Chapo.
El hacer público ese encuentro, por breve que fuera, mostró que El Chapo mantiene el respaldo de López Obrador, no sólo por razones humanitarias, sino gestiones que tienen que ver con sus actividades criminales.
No se sabe si el presidente, en efecto, instruyó al canciller, Marcelo Ebrard, que una vez recibida la documentación, haga el trámite formal ante el gobierno de Estados Unidos, o si sólo le dio entrada a la petición, cubrió las formas involucrando a cuatro miembros de su gabinete, y no hicieron nada más que eso.
En cualquier caso, el Presidente quedó muy mal parado. En términos de imagen en México, como se apreció durante la polémica, las analogías se hicieron desde diferentes trincheras, de cómo era solícito con criminales, pero agresivo y excluyente con quienes, del lado de la ley, discrepan de sus ideas y políticas.
Pablo Hiriart lo expresó nítidamente ayer en estas páginas: “Básico, no más rondas con el narcotráfico: a ponerse de manera inequívoca y firme del lado de la sociedad y no de sus verdaderos verdugos”.
Fuera de México, particularmente en algunos sectores en Estados Unidos, causó aún más extrañeza, no sólo por ser reiterativo en un discurso terso e incluyente con miembros del Cártel de Sinaloa, sino porque también aparece en una de las fotografías que circularon sobre su visita a Badiraguato, una persona que es considerada “de interés” para las autoridades de ese país, y de quien tienen registro de que lo visitó en la cárcel de Ciudad Juárez, poco antes de ser extraditado.
Se podría pensar que López Obrador ha estado demasiado cerca de narcotraficantes para estar cómodo. Pero cuando se le escucha, se cae esa idea. Para el Presidente, son peores los criminales de cuello blanco, y argumenta sin sostén jurídico, que en el pasado, funcionarios trabajaban para el Cártel de Sinaloa.
La narrativa sigue funcionando en México, pero eventualmente tendrá costos en el flanco que se está ensanchando, la Casa Blanca.
