Nunca antes en la historia de Cancún se había vivido lo que sucedió el martes. Un comando de 10 personas con fusiles de asalto y granadas atacó la sede norte de la Fiscalía de Quintana Roo y el Centro de Control Comando, Cómputo y Comunicaciones, el sistema de video vigilancia municipal conocido como C4, en una operación de asalto rápido y repliegue, que generó una persecución que dio lugar a 10 balaceras en el centro de la ciudad, que causaron terror y un rápido blindaje de las Fuerzas Armadas en la zona hotelera para evitar que la violencia se extendiera al sur de la ciudad.
Detrás de esta acción desafiante se encuentra el crimen organizado, que ha puesto a prueba al gobierno de Carlos Joaquín, que lleva 100 días en la administración.
La llegada del nuevo gobernador no rompió con el status quo, como él mismo ha sugerido, al afirmar que la violencia en Cancún, como un día antes en un bar en Playa del Carmen, está relacionada directamente con su política en contra del crimen organizado.
No hay razones objetivas para pensar que así sea, porque aún no empezaba a desplegar la estrategia para combatir al crimen y comenzaba recién su coordinación con la Secretaría de Gobernación. Lo que sugiere el asalto a Cancún es que el crimen organizado está midiendo su fortaleza o la debilidad institucional, así como su determinación y capacidad de respuesta frente al narcotráfico.
Esbozaron también, por el tamaño de la afrenta, que no hay ningún vaso comunicante entre el gobernador y los cárteles de la droga, y que a golpe de tiros, como suelen hacerlo, buscarían un acuerdo para poder seguir operando en la península.
El crimen organizado echó raíces en Cancún sobre la base de sus fusiles en 2005, cuando el 7 de septiembre de ese año asesinaron al comandante de Seguridad Pública de Playa del Carmen, Carlos Hiram Rodríguez Alvarado, que significó, de manera clara, el final de la hegemonía que había mantenido el otrora poderoso Cártel de Juárez desde los 90 en esa ciudad, en la secuela criminal que dejó el llamado Maxiproceso, que provocó la captura del exgobernador Mario Villanueva y la detención de más de 100 miembros de esa organización.
Esa muerte evidenció que la plaza de Cancún había entrado en disputa, particularmente con Los Zetas, que pagaron al jefe de policía en Cancún, Francisco Velasco, para asesinar al general retirado Mauro Enrique Tello, 24 horas después de haber sido nombrado asesor para temas de seguridad, en 2009.
La infiltración del narcotráfico en las instituciones se estaba consolidando, y provocó también la detención del exalcalde de Cancún y candidato del PRD a la gubernatura, Gregorio Sánchez, por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, que fue liberado tiempo después por un tecnicismo: en su expediente había fojas que no habían sido firmadas.
Tras esos años de violencia quirúrgica, los cárteles de las drogas se repartieron el mercado en la Rivera Maya. Los informes de seguridad federal indican que existe una pelea entre dos facciones, una que forman la alianza táctica entre el Cártel del Pacífico (o Sinaloa) –a través de su grupo de sicarios Los Pelones– y sus viejos enemigos Los Zetas, en contra de la nueva amenaza, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es una escisión de los sinaloenses.
La disputa es por todas las actividades del crimen organizado. Los Zetas controlan el narcomenudeo y las redes de tráfico humano –principalmente de cubanos–, que son las más redituables, pero la lucha es también por la extorsión, el cobro por protección a hoteleros, restauranteros y propietarios de antros, así como la prostitución.
Lo extraordinario de la violencia en Cancún este martes es lo inédito. Situaciones similares sólo se habían registrado en Michoacán, cuando en un intento por rescatar a Arnoldo Rueda, La Minsa, jefe de asesinos de La Familia Michoacana, atacaron la delegación de la PGR y las instalaciones de la Policía Federal en Morelia; o en Guerrero, cuando en Acapulco entraron a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia Estatal, y los matones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, asesinaron a ministerios públicos y secretarias.
Pero igualmente excepcional es la soberbia de quien cree que no le va a pasar nada al haber realizado una operación de esta envergadura en Cancún, cuya zona hotelera, a unos 20 minutos de donde fueron las balaceras, está resguardada por el Ejército, la Marina y la Policía Federal.
La afrenta no es sólo grande por la impunidad que mostraron los criminales, sino por lo que representa Cancún para la economía nacional. Ese destino es el que recibe más turistas del exterior (cuatro millones al año), y el segundo, después de la Ciudad de México, al sumar turistas nacionales (6.2 millones). La magnitud de lo que representa internacionalmente este ataque lo da su preferencia en el mundo.
Cancún recibe más turistas internacionales que todo Colombia o Perú, y el mismo número que Chile. Al sumar al resto de la Rivera Maya (13.3 millones de visitantes), la zona tiene más turistas extranjeros que India, Egipto o Suiza –que es un país de cruce–, y un número similar al de visitantes a Brasil y Argentina. Es el mejor destino turístico de México, cuyo aeropuerto recibió, en 2016, 21 millones de pasajeros, en 57 aerolíneas desde 26 países.
El desafío que hizo la delincuencia organizada en Cancún no es sólo contra el gobernador, sino al gobierno federal y al país. Es inadmisible, y en las condiciones actuales, imperdonable que la fuerza del Estado no aplaste a los criminales.
