Si la ciudadanía sufre de inseguridad pública, el Ejecutivo padece de inseguridad política.
No se quiere ofender al presidente López Obrador, sí señalar la contradicción o el titubeo que afecta su intención de adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Si ya es esa su decisión, lo congruente y conducente es proponer otra vez la desaparición –ahora hasta por razones de austeridad– de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, recolocando las áreas que no absorba la Defensa en Gobernación. Lo injustificable es retirar el instrumento y la función principal de esa dependencia y pretenderla conservar artificialmente con tareas menores, así se le incorporen nuevas.
Salir de la inseguridad política que trasluce el mandatario en cuanto a la seguridad pública exige reconocer y corregir un triple error. Uno, el diseño institucional de las dependencias encargadas de atender ese problema que, desde hace años, golpea a la sociedad, la democracia y la economía. Dos, la designación de quienes llevan las tareas de seguridad, evitando que hagan de ellas un pasatiempo mientras amarran una candidatura. Tres, la tentación de remontar las coyunturas sin considerar las estructuras.
Evadir la responsabilidad de reconocer ese triple error no marca una diferencia con quienes antecedieron en el cargo al mandatario, reitera el afán de sostener la ilusión de la infalibilidad presidencial, aunque la realidad la desvanezca. Ojalá el Ejecutivo supere la inseguridad política y establezca con claridad qué hacer con la inseguridad pública que, día a día, resta autoridad a su gobierno.
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El presidente de la República sabe del laberinto político-jurídico donde se encuentra.
Si con tal de sacar adelante la creación de la Guardia Nacional, el Ejecutivo aceptó fijar en la Constitución el carácter civil de ese cuerpo, adscribiéndolo a la Secretaría de Seguridad, trasladarlo ahora mediante un decreto a la Defensa Nacional es una aberración jurídica y política.
El mandatario tenía y tiene conciencia de ello. Tanto así que en junio del año pasado –apenas dos años después de crear la Guardia– y pese a haber perdido la mayoría legislativa calificada que exige una reforma constitucional, pidió confianza y anunció el envío de esa propuesta al Congreso. Un anuncio sin consecuencia.
Si desde entonces las posibilidades de la reforma constitucional eran escasas por no contar con aquella mayoría, ahora lo son menos por tres razones. El deterioro de la relación del mandatario con el jefe de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, lo obliga a enviar sus proyectos legislativos a la Cámara de Diputados donde la operación del coordinador Ignacio Mier deja qué desear. La agresividad y la confrontación del gobierno y su partido con el bloque opositor vulnera el entendimiento con ella. Y, ahora, la solicitud del desafuero como diputado de Alejandro Moreno, el dirigente y presunto delincuente del partido tricolor, por parte de la Fiscalía de Campeche, endurece la postura opositora, haciendo de la moratoria constitucional, una huelga legislativa.
La posibilidad de reformar la Constitución para trasladar la Guardia Nacional está anulada por lo pronto y la idea de efectuar esa operación a través de un decreto presidencial –anunciado, pero no emitido– es tan incierta que ese cuerpo quedaría en el limbo jurídico a saber por cuánto tiempo.
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Aparejada a esa situación, el mandatario no sólo no ha argumentado su intención, sino incluso la ha debilitado con señalamientos contradictorios.
El argumento presidencial tiene una doble vertiente. De un lado, arguye querer evitar que la Guardia se pudra como, a su parecer, ocurrió con la Policía Federal, dando por sentado sin acreditar que ello no sucedería si queda adscrita a la Defensa. De otro lado, sostiene que ya en la Defensa sería muy difícil que algún otro gobierno se atreviera devolverla al ámbito civil.
Esa es la argumentación que, curiosamente, el propio jefe del Ejecutivo contradice al señalar que la estrategia en materia de seguridad pública funciona y no hay por qué modificarla, al sostener que los índices delincuenciales van a la baja y al asegurar que las acciones violentas recientemente desatadas por el crimen organizado derivan de su debilitamiento y no de su fortaleza.
Con esa argumentación y contradicción es descabellado arreglar lo que funciona.
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Si aún en esa circunstancia, el mandatario quiere realizar ese traslado está obligado a fundamentar y enriquecer su propuesta, reformulando la política en materia de seguridad pública no sólo con el propósito de salvar el cierre del sexenio sino también a fin de darle perspectiva de solución al problema. Cuidar, pues, la coyuntura sin descuidar la estructura.
De entrada y como dicho, tendría que proponer de nuevo la desaparición de la Secretaría de Seguridad tanto para no despilfarrar recursos ni engordar aún más al elefante del que tanto se queja. Las tareas de esa secretaría que no asumiera la Defensa, tales como las de inteligencia y protección civil e, incluso, las de justicia que le quiere agregar, sería preciso reintegrarlas a Gobernación, que reclama un rediseño y fortalecimiento.
Asimismo, se requeriría una vez más determinar qué hacer con las policías estatales y municipales que se encuentran en el arcón de los olvidos, así como asegurar que las secretarías clave de la administración dejen de ser trampolín o vitrina de aspiraciones electorales.
Ingrediente extra, reconocer y corregir el error cometido.
Aun estando a punto de entrar a la fase terminal del sexenio no estaría demás salir de la inseguridad política y pasar a sentar las bases de la seguridad pública.
