Nobleza obliga. Es menester iniciar el texto haciendo pública la disculpa ofrecida el viernes pasado a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, con motivo de la desafortunada viñeta que ilustró el anterior Sobreaviso.
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Ante la amenaza criminal a las elecciones —cuyos actores principales son los votantes y los candidatos—, la clase política en su conjunto no está actuando con irresponsabilidad. A sabiendas del peligro supuesto, dejó pasar el tiempo. No emprendió las acciones necesarias, no tomó las providencias imprescindibles ni procuró distender la densa atmósfera política que es caldo de cultivo de la violencia.
Hoy, cuando las autoridades gubernamentales y electorales, así como los dirigentes políticos y algunos intelectuales abordan el amago criminal, es para minimizarlo o exagerarlo. En todo caso, para determinar qué beneficio o perjuicio les puede acarrear, sin irritarles el olor a pólvora, inquietarles el depósito de cenizas en las urnas ni interesarles la tinta indeleble que deja la sangre.
La diestra y siniestra élite política sigue creyendo que las elecciones son arena de su exclusivo dominio para disputar el poder, sin reconocer que en ese espacio el crimen ha encontrado una ventana de oportunidad para entrarle al concurso, establecer gobiernos y expandir su imperio.
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Ciertamente, el amago del crimen no tiene un carácter nacional y no se puede generalizar.
Sí, pero hay regiones en el país donde si, en el curso de la campaña o la jornada electoral, la amenaza cobra vida —en el doble sentido de la expresión—, el impacto de la violencia no quedará circunscrito al sitio en el cual tenga lugar. La brutal resonancia de los llamados delitos de alto impacto social, que el país ha sufrido más de una vez, deja un eco de incertidumbre, ese sí, general. Un desasosiego cuyo siguiente escalón es el de la inestabilidad.
Delitos particulares con efectos generales se ven todos los días. Una niña herida pidiendo auxilio a la vera de un camino, luego de que sus padres han sido masacrados. Jóvenes cautivos, matándose entre sí a instancia de criminales, intentando salvar su propio pellejo a costa de sacrificar al amigo. Mujeres ultimadas por indagar sobre el paradero del familiar desaparecido o por remover la tierra en busca de algún rastro del ser querido. Calderos todavía calientes, donde se disuelven la carne y los huesos del cuerpo del delito. Regueros de jóvenes, hombres y mujeres sin vida, acribillados porque el dueño del bar no pagó la extorsión al crimen o simplemente porque éste no fue bien recibido en la fiesta. Todos los días, desde hace años, por no decir décadas.
Ante esa cruel realidad han fallado los gobiernos federales y estatales del Revolucionario Institucional, Acción Nacional, la Revolución Democrática e, incluso, de Movimiento Ciudadano y, obviamente, los de Morena no son la excepción. Incluso, con tal de hacer suya la plaza, los partidos a veces postulan candidatos vinculados o asociados con el crimen o patrocinados por el crimen o, lo contrario, habiendo postulado a un candidato sin tacha, lo abandonan cuando el crimen lo pone en la mira.
Gobiernos y partidos le han fallado a la gente, a la democracia y la alternancia, dejando manchas de sangre en el piso electoral.
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Desde esa perspectiva, la actitud adoptada por la clase política ante la amenaza del crimen de cara a las elecciones es lamentable y negligente.
Incapaz de rectificar a lo largo de cinco años la titubeante política de seguridad, el presidente de la República hoy considera que hablar del amago criminal es “politiquería” interesada en derivar dividendos electorales y toca madera porque nada grave no ocurra durante el proceso. Si, pese a la intención de ya no escribir más libros sobre política, el mandatario pergeñara uno más sobre este capítulo de su gobierno, el título no podría ser “¡Gracias!”, sino “Perdón”. Confundió la delincuencia social con el crimen profesional.
De los gobernadores ni qué decir. Sobran dedos de la mano para contar cuántos se han comprometido con la seguridad. Los mandatarios estatales encontraron refugio a la irresponsabilidad de su función en el argumento de los delitos federales y respetuosos de ese ámbito, se cruzan de brazos ante el crimen, resueltos a no hacer nada. En el mejor de los casos, le entregan al Ejército o la Marina las posiciones relacionadas con la seguridad y, luego, a sotto voce, critican la militarización.
Los partidos que, sin duda, conocen de memoria el calendario electoral, a días del inicio formal de la campaña, reclaman mapas de riesgos como si no conocieran el suelo que pisan, pero se olvidan de someter a una prueba de ácido a algunos de los candidatos que postulan y menos aún bajan a quienes ya en funciones de gobierno o cargo de representación están al servicio del crimen. Piden seguridad y protección para los candidatos, dejando a su suerte a los electores. Habrase visto.
A su vez, en un ataque de súbita conciencia, el grupo de magistrados en poder del tribunal electoral identifica al elefante en la arena electoral, clama no esconderlo, sino reconocerlo y hacerlo algo sobre el asunto, como si por primera vez el paquidermo se hubiera metido a la arena.
Y ni hablar de la ligereza con que se quieren establecer vínculos entre el gobierno federal y el crimen organizado. Jugar con eso es un peligro. No le da una ventana de oportunidad a la delincuencia, le abre la puerta.
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Va el país bajo amenaza criminal a unas elecciones sin paz. Que nadie se sorprenda si el crimen hace la apología de la élite política.
En breve
Como cosa suya, sobre todo, si nada esconde ni teme, la presunta ministra debería pedir a la Defensa Nacional un favor. Apenas esa Secretaría concluya la correspondiente licitación y cuente con los servicios de la plataforma digital para detectar plagio de tesis en los egresados de la maestría de Seguridad Nacional, darle una repasadita a su texto. Así se saldría de dudas.
