Como ejercicio para debilitar o golpear al adversario político estuvo bueno el espectáculo ofrecido en el Senado.
Lo único malo es que tirios y troyanos están dejando a la intemperie de la inseguridad pública a la ciudadanía y sin marco jurídico a las Fuerzas Armadas para coadyuvar a la Guardia Nacional en la contención el crimen. Retozando de gusto o rechinando los dientes, unos y otros dejaron ver el fracaso de la política –que es su propio fracaso– y, por lo mismo, el triunfo de la criminalidad y el militarismo.
El bloque de contención puede echar a vuelo ligero las campanas de su resistencia y el PAN y el PRI, en particular, festejar que no se haya desmoronado del todo su contrahecha alianza. A su vez, Morena y sus aliados pueden lamerse la herida, agradeciendo sólo haber perdido la batalla parlamentaria del miércoles sin padecer una sonora derrota legislativa y deseando llevar a la hoguera a los tres senadores de su propio grupo que desfiguraron la mayoría calificada exigida para prorrogar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta marzo de 2028.
Según les fue, los legisladores de ambos bandos disfrutaron y sufrieron lo sucedido en esa charada de ver quién fastidia mejor al contrario, pero ahora es obligada una pregunta: Ya en serio, ¿qué piensan hacer con el asedio del crimen y, sobre todo, con el doloroso reclamo ciudadano de restablecer la paz con libertad, justicia y seguridad?
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El concurso de ver qué gobierno carga con más muertos y desaparecidos se ha convertido en una infausta rutina sexenal para la ciudadanía.
A todo lo largo del siglo y sin importar su credo, el conjunto de la clase política ha puesto en práctica un juego y rejuego tan siniestro como fatal, donde la constante es la aparición y desaparición de dependencias, estrategias anticriminales, cuerpos policiales, acompañadas, eso sí, de la perenne necesidad de echar mano de los militares sin obtener mejores resultados. Un pasatiempo que exhibe a los integrantes de esa clase en el venero de los nacidos para el fracaso y de los profesionales de la mezquindad política y la indolencia social.
En su respectivo turno, cada mandatario se ha dicho mejor y distinto al anterior. Sin embargo, el parecido entre ellos es innegable. Los resultados en materia de paz y seguridad, los iguala. Si el actual jefe del Ejecutivo en algo marcó la diferencia en esa área, fue en generar una expectativa muy superior a la de sus antecesores y muy por arriba de sus posibilidades, así como en recrear la secretaría de Seguridad para convertirla en un cascarón, útil como plataforma de lanzamiento de posibles candidatos.
El presidente de la República marcó esa diferencia y, quizá, la de hacer de la contradicción el eje de los postulados de la estrategia de seguridad.
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Si lo ocurrido el miércoles en el Senado fue una simple añagaza para quebrar la alianza opositora y, en reacción a ese propósito, en oportunidad para asestar un revés al gobierno, la conclusión es terrible. Unos y otros tomaron como ariete la inseguridad pública –una realidad tremendamente dolorosa para la gente– para golpearse entre ellos y hacer escarnio de la ciudadanía.
Ambas alianzas tienen clara conciencia de la necesidad de contar con las Fuerzas Armadas para contener al crimen, considerando su fracaso en la materia. Sin embargo, el cinismo marca la actitud adoptada para prorrogar o cancelar la participación de los militares en ese campo, donde ni estos han arrojado un resultado distinto. Increíble la actitud.
De un lado, lanzando a través de una diputada opositora al servicio de un presunto delincuente y dirigente, como lo es Alejandro Moreno, un proyecto de reforma constitucional sin pies ni cabeza, sin consideraciones ni condiciones para ampliar hasta por nueve años el plazo establecido apenas tres años atrás. Una iniciativa cuyo verdadero autor o autora ahora queda en duda por el dicho presidencial, anunciando que “la volverá a presentar”. Un simple lapsus o una revelación involuntaria que no sólo deja en duda quien fue el autor (a) de ella, sino que también exhibe desconocimiento del punto donde se encuentra el trámite legislativo ya iniciado. ¿Cómo presentar una iniciativa de esa relevancia sin argumentos?
De otro lado, los contrarios desgarrándose las vestiduras porque ello supondría militarizar la seguridad, como si así no estuviera desde hace tiempo, como si sus respectivos partidos y gobiernos no hubieran hecho lo mismo pero de forma ilegal (sin marco jurídico para las fuerzas armadas) y como si no tuvieran culpa en el desastre.
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Pese al lamentable espectáculo ofrecido, se abre hasta el miércoles cinco de octubre una oportunidad: plantearse, en serio, qué hacer con la violencia criminal y la inseguridad.
Si pese a la derrota sufrida, el gobierno y Morena insisten en chantajear a los senadores opositores vulnerables, seducir a los corruptibles y disciplinar a los propios, lo ya visto muy probablemente se repita. Si el bloque de contención insiste en tirarse al piso y pegar de gritos contra la militarización, con tal de asestarle otro revés al grupo en el poder, la ciudadanía tendrá por única certeza que la negligencia y la miopía son característica de la clase política que la gobierna.
Si sale de la idea de hacer lo mismo y se convoca a un debate para plantearse de conjunto una política pública de alcance transexenal en materia de seguridad, lo sucedido quedaría como accidente y no como una práctica sin sentido. Se escaparía de la comedia política que siempre concluye en una tragedia social.
Por ello cabe preguntar a tirios y troyanos: Ya, en serio, ¿qué piensan hacer con la inseguridad y la violencia?
