El gobierno federal tiene en la tragedia de Acapulco su mayor prueba de fuego contingente. No hay evento en este sexenio que se compare a lo ocurrido ahí la noche del martes. Si bien estamos lejos de ver la dimensión del reto, AMLO tendrá que enviar pronto señales sobre sus prioridades.
Las Fuerzas Armadas tienen experiencia en atender a la población en situación de emergencia. Sin embargo, en las próximas jornadas se ha de establecer un cuarto de mando civil para dirigir una operación humanitaria que durará –sin exagerar– años.
Al rescate de los damnificados seguirá la urgente reactivación económica del puerto que en paralelo ayude y facilite la reconstrucción. Es todo un plan de gobierno en sí mismo –un plan Marshall–, que para nada está en capacidad de llevar a cabo una administración estatal, y menos la que hoy está ahí.
Si bien llegará el plazo para que el gobierno explique y sancione (y aprenda de) las decisiones tomadas en la inminencia de la llegada del huracán Otis –con el objetivo principal de mejorar respuestas en casos futuros, que los habrá–, lo urgente es atender a la población hoy y en los meses venideros.
Ningún gobierno puede solo con lo ocurrido en el puerto. Se requiere que otros actores políticos, sociales e incluso agencias internacionales se sumen a tareas que tienen como objetivo prioritario que la población no pase hambre, padezca enfermedades o caiga en riesgo de cualquier índole. Y como siguiente meta que vuelvan los trabajos, los negocios y el turismo.
La hoja de ruta de la reconstrucción supondrá concentrar a las Fuerzas Armadas en algunas tareas, como la seguridad, al tiempo que se incluya la actuación de políticos, ciudadanía y otros agentes sociales como la Iglesia o los empresarios.
Se trata, en pocas palabras, de sumar de manera eficiente a los más posibles lo más pronto. Para ello, López Obrador ha de tomar decisiones que en circunstancias normales serían a contrapelo de su forma habitual de proceder, de su tendencia estatista, y de su rigidez a la hora de cambiar.
Tiene, por ejemplo, un reto particular en el tema de los seguros. Porque la catástrofe tras el paso de Otis en Guerrero supondría que las aseguradoras muy pronto se conviertan en agentes de auxilio para que quienes contaban con una póliza puedan a la brevedad poner en pie su casa o negocio.
Sin embargo, bien dicen que las malas noticias nunca llegan solas. La industria de las aseguradoras está desde hace meses en un predicamento por una disputa con el Servicio de Administración Tributaria, que reclama a aquellas un presunto cálculo indebido al pagar el impuesto al valor agregado.
El criterio del SAT, que data de inicios de la administración de López Obrador, plantea en términos prácticos que hoy las aseguradoras deberían impuestos por alrededor de más de 170 mil millones de pesos. Para dimensionar el problema, si tal cobro fuera legal se calcula que quebrarán 49 de estas 110 compañías.
La pugna está en tribunales, dado que las empresas argumentan que la interpretación del SAT contraviene la ley y la norma internacional. De hecho, en el verano la Unión Europea y compañías de seguros de Estados Unidos manifestaron su queja al gobierno de Andrés Manuel.
Ese pleito tenía una dimensión antes de Otis. Tras el huracán el Presidente tendrá que decidir. ¿Querrá exigir a aseguradoras ayudar pronto a Acapulco o seguir en su intento de forzarlas a aceptar el criterio del SAT? Si ganara en lo segundo igual y le llega dinero, pero nuevos impactos podrían surgir.
Si es más caro contratar seguro, por menor competencia o costos agregados como con el nuevo criterio, en vez de que haya más gente que paga seguros habrá menos. Y, eventualmente, con nuevas catástrofes la carga para un gobierno será mayor, y menores sus recursos económicos para hacerle frente.
Esta situación no surgió del huracán, pero enviará señales clave. AMLO ha dicho que gobernar supone optar cosas que no se desean. Aquí un ejemplo clarito.
