El 13 de enero la Comisión Nacional de Búsqueda dio a conocer la versión pública del Análisis de Contexto de Nayarit. En ese informe de 140 páginas se alerta, con lujo de detalle, que la pesadilla en ese estado, en cuanto a desaparecidos y asesinatos, no concluyó ni con la detención de su exfiscal, ni tampoco cesó en 2017 con el fin del sexenio de Roberto Sandoval, detenido en 2021. Algo está podrido en Nayarit y más nos conviene revisarlo.
El reporte exhibe una mezcla de aberraciones institucionales: caravanas que secuestraban personas con ayuda de integrantes de la fiscalía; ministeriales estatales que no sólo no investigan las denuncias, sino que incluso, cuando llega a darse, obstaculizan la actuación de la Fiscalía General de la República (a cuyos agentes intentan desarmar); despojo de propiedades operada desde la fiscalía misma, y “limpieza social” institucional dirigida por los cárteles.
En palabras del Análisis de Contexto. Informe sobre las Acciones Urgentes Caso Nayarit, nombre correcto del reporte: "Si algo ha logrado documentarse en relación con la desaparición de personas" es que "son sólo un indicador del régimen de terror que imperó en esa entidad durante el periodo 2011-2017 en que fuera fiscal general del estado Édgar Veytia Cambero y gobernara Roberto Sandoval Castañeda, específicamente las desapariciones masivas que se registran en 2017".
Tras leer el reporte la conclusión es que, una vez cooptada una estructura gubernamental, ésta se pudre a tal punto que, incluso si la cabeza, en este caso el exfiscal Veytia, es detenida, la podredumbre no cesa; un indicador que subraya el reporte es que, tras la aprehensión de ese funcionario en Estados Unidos, las desapariciones aumentaron, pues las organizaciones criminales entraron en una fase de venganza o reconquista de la plaza con ayuda de personal de la fiscalía acéfala.
Porque, como se cita en el reporte, "el problema que actualmente se observa en México es que no se trata del crimen organizado actuando solo, sino en connivencia con otros actores, (…) algunos pueden ser estatales. (…) Se tiene entonces a un cuerpo policiaco estatal capturado desarrollando actividades para el crimen organizado y violando derechos humanos en este proceso".
Estamos hablando entonces de una realidad que hay que visualizar no sólo en el sexenio de Sandoval, sino en un decenio: "De enero de 2011 a junio de 2021, el estado de Nayarit acumuló mil 63 casos de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, y que el 91% de éstos (967) ocurrió entre enero de 2017 y junio de 2021. Esto quiere decir que, a partir de 2017, particularmente después de la detención de Édgar Veytia Cambero, los registros de desaparición se dispararon un 800%". El 73% de esas personas continúa en calidad de desaparecidas.
Las ‘bajas’ cifras previas al 2017 serían indicadores de maquillaje de estadísticas –EPN llegó a felicitar a Sandoval porque Nayarit era un ejemplo de éxito en seguridad (¡!)– y del temor de la ciudadanía a denunciar, pues no por nada al entonces fiscal lo apodaban el Diablo.
Las conclusiones asientan "la existencia de una estructura criminal de carácter estatal que, entre otros delitos y violaciones a derechos humanos, desapareció y ejecutó personas”. Y subrayan “la posibilidad de que al menos una parte de esa estructura siga operando".
Este informe recoge de manera oficial lo que muchas y muchos periodistas denunciaron por años. Pero no es menor que ahora, desde el gobierno, se denuncie lo que está podrido en Nayarit que, sobra decirlo, vale para todo México.
Ahora toca hacer justicia, ¿cuánto se obstaculizará ésta desde dentro de las propias instituciones?
