El presidente López Obrador ha venido prefigurando en público la agenda de reformas legislativas que pretende que su sucesor (a) emprenda. Entre sus encargos al próximo gobierno está el desmontar órganos autónomos como los que regulan las telecomunicaciones, la transparencia y la competencia económica.
Andrés Manuel está enfocado en el cierre de su sexenio. Por un lado apura el paso de las obras emblemáticas que quiere heredar –por ejemplo, ayer reiteró que sí entregará este año el tren de Lechería al AIFA–, y por el otro administra el proceso de sucesión.
En sus mañaneras el mandatario ha dicho que buscará que no haya “regresión”, que no ganen los opositores, que su objetivo es la “continuidad con cambio”.
Esa frase de AMLO implica más que simplemente garantizar que quien resulte abanderado (a) de Morena sea el que gane la Presidencia de la República. El tabasqueño ha declarado que promoverá también una mayoría morenista en el Congreso para que el siguiente sexenio continúe la agenda de reformas que él cree que le urgen al país.
Y entre las cosas que ya promueve de esa nueva agenda de reformas está, en primerísimo lugar, una sacudida al Poder Judicial, que este año ha sido el objeto de una renovada ola de críticas por parte de Palacio Nacional.
Esa agenda para el futuro sexenio también incluye cancelar órganos autónomos como el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica e incluso el Instituto Nacional de Transparencia.
Para el Presidente se trata de caros organismos creados para proteger a poderes fácticos y para acotar, según lo denunció el propio López Obrador ayer, al Poder Ejecutivo. Por ello, adelantó este lunes, “voy a dejar una lista, ¿no?, de las reformas pendientes y no me va a tocar a mí, porque ya no tengo tiempo (…) Pero sí hacen falta otras reformas”.
AMLO no habla por hablar. No son palabras al aire sus dichos sobre reformar al Poder Judicial y las maneras en que procede éste, o sobre erradicar órganos que se pensaron como contrapesos al Poder Ejecutivo y a entes privados.
Declaraciones como las de ayer serán transformadas por el núcleo duro de AMLO en un guion, en una partitura que ha de ser ejecutada por la corcholata que termine por ser destapada en unos seis meses.
Porque hay que insistir en que, si gana Morena, el o la siguiente presidenta tendrá un mandato no sólo popular, sino acotamientos muy específicos que se le impondrán desde ahora. Recibirán candidatura, pero también encargo, para usar los términos de López Obrador.
Ese encargo recogerá la serie de reformas que el Presidente ha venido formulando en la mañanera. El listado será una plataforma para las elecciones y, a no dudarlo, un programa de gobierno para después de 2024.
Nadie puede caer en la candidez de creer que el tabasqueño dejará que su delfín (a) elabore por sí mismo un ideario para el nuevo sexenio. Si algo, este gobierno tiene un propósito transexenal.
Y de la misma forma en que hoy las tres corcholatas apechugan cada una de las decisiones del Presidente, trátese de silencio ante la brutalidad del régimen de Nicaragua, llámese poner en riesgo inversiones extranjeras, en el futuro inmediato la y los suspirantes a la candidatura oficial asumirán el programa que les están dictando desde hoy.
Si bien AMLO reconoce que no tiene ya margen para emprender en su periodo esas reformas, él, que ya hace un año antes de ser operado del corazón escribió un testamento, impondrá su voluntad al siguiente gobierno. Dejará todo bien amarrado.
