Van tres mañaneras al hilo en las que el Presidente critica a la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero más allá de las descalificaciones de Andrés Manuel López Obrador hacia la UNAM, su gobierno está en medio de un proceso mediante el cual podría apretar a instituciones de educación superior públicas y privadas. Y se trata de mucho más que declaraciones.
En la Ley de Educación Superior publicada este año, que se desprende de la reforma educativa de la actual administración, se establece la instalación del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior.
Para tal efecto, antes de que acabe 2021, según establece el décimo tercer artículo transitorio de la citada ley, deberá integrarse un comité técnico. Según expertos en la materia, la Secretaría de Educación Pública tiene ya seleccionadas a “veintitantas” personas para ese comité, pero ha actuado con gran opacidad sobre los criterios que tuvieron al invitar a tales participantes.
Desde hace semanas se ha realizado una serie de foros regionales para recoger puntos de vista de académicos, a fin de establecer los nuevos indicadores para la acreditación y desempeño de las universidades públicas y privadas.
De igual forma, hay una mesa de diálogo con las universidades de los estados e incluso se han tomado en cuenta, por parte de la Subsecretaría de Educación Superior encabezada por Luciano Concheiro, algunas propuestas de agencias acreditadoras que en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto llegaron a ser intermediarias en el proceso que seguían las universidades para acreditar nuevos programas o evaluar los existentes.
A pesar de lo anterior, la integración desde la opacidad del comité técnico es vista por expertos consultados como un gran riesgo: unos nuevos criterios de evaluación, elaborados discrecionalmente, podrían ser utilizados para llamar a cuentas a universidades privadas y públicas, que sabrán que lo que está en juego son sus planes de estudios o su operación misma.
En el caso de las instituciones públicas, además, la promesa del presupuesto anual sería un garrote o una zanahoria, según se requiera.
Y en el caso de las privadas la espada de Damocles es la autorización misma: las autoridades educativas podrían argumentar que lo que se propone no está alineado a la política nacional de educación superior.
Y es que la ley expedida en abril pasado puede ser interpretada como una herramienta para que, sin vulnerar la autonomía de las universidades, hacer que éstas se plieguen a las políticas dictadas por la Federación o las respectivas autoridades educativas estatales.
Por ejemplo, en el artículo 48 se establece que “Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de las entidades federativas, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: I. Coordinar el sistema local de educación superior, de acuerdo con la normativa del estado en materia educativa y las disposiciones de la presente ley, con respeto a la autonomía universitaria y a la diversidad de las instituciones de educación superior; II. Vincular la planeación de la educación superior con los objetivos, lineamientos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Estatal de Desarrollo, del Programa Sectorial de Educación, del Programa Nacional de Educación Superior y del Programa Estatal de Educación Superior”.
Y el 49 dice, entre otras cosas, que corresponde a la Federación “promover, fomentar y coordinar acciones programáticas que vinculen la planeación institucional e interinstitucional de la educación superior con los objetivos y prioridades que demande el desarrollo comunitario, municipal, estatal y nacional”.
Quizá por eso el ITAM se amparó ante esa ley.
Esto va más allá de la UNAM y las mañaneras.
