Aunque supone un avance, la noticia dada ayer por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, de que ocho militares recibieron formal prisión por el caso Ayotzinapa, llega tarde y supone un progreso marginal del compromiso de AMLO de hacer justicia a los 43.
La tarde de este lunes, el subsecretario Encinas tuiteó que “el Juzgado Segundo de Procesos Penales Federales ubicado en Toluca, decretó auto de formal prisión en contra de los ocho militares detenidos por el delito de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa”.
La semana pasada se informó sobre la reactivación de 17 órdenes de aprehensión que habían sido originalmente pedidas y canceladas en septiembre, en un enredo político-judicial no del todo aclarado hasta hoy. De ésas una corresponde a un civil y 16 a militares.
Simultáneamente trascendió que de esas personas, ocho ya habían sido detenidas. Hoy está claro que son los ocho miembros todavía en activo en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Esa detención, sin embargo, no sería un avance real hasta no decretarse la formal prisión. Habiendo ocurrido ésta, es obligado cuestionar por qué los otros ocho militares (que cabe decir que ya causaron baja) señalados por esos hechos están libres, entre ellos un coronel clave para esclarecer el caso.
Estos militares están acusados de desaparición forzada y falta ver si tal incriminación no se cae a lo largo del proceso, dado que en términos llanos los elementos de la Sedena son señalados por “comisión por omisión”, es decir, porque teniendo conocimiento de lo que ocurría no intervinieron.
“Tuvieron en todo momento conocimiento de los hechos, pues con independencia de las fuentes de información (como C-4) que tenían, los mismos indiciados refieren haber visto gente muerta, camiones que estaban parados en distintas partes de la ciudad y también estudiantes que pidieron su auxilio para lograr llevar al hospital a gente herida, siendo por el contrario hostiles con ellos y amenazándolos apuntándoles con armas de fuego que traían consigo.
“Y respecto a los medios probatorios que como documentales se allegaron a esta etapa procedimental, ciertamente dichos medios, más que desvirtuar la acusación por parte de la representación, simplemente los sitúa en los hechos, como agentes que tenían conocimiento de lo que sucedía ese día y la capacidad que tenían para poder actuar en consecuencia y en favor de la sociedad, lo que no realizaron y con tal omisión se contribuyó al resultado ocurrido de la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa”, señala el expediente.
Entre quienes no han sido puestos a disposición del juez está el coronel Rafael Hernández Nieto, acusado por delincuencia organizada. Procesarlo resultaría clave para establecer los presuntos vínculos entre ese mando y el grupo de los Guerreros Unidos.
Mientras esa detención no ocurra, sobrevolará el temor de que para el Ejército es más barato entregar a tropa que contribuir a que se esclarezca la acusación a Hernández Nieto: la justicia no estará completa si no se aclara el rol institucional en ese crimen y todo queda reducido a que actuaron mal “unos cuantos elementos”.
Y si bien hubo otra información positiva en esta tragedia de 2014 –la detención ayer por tortura del exmando de la SEIDO Gualberto Ramírez Gutiérrez–, estas acciones legales llegan a la par de otra mala noticia: los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que seguían en el país, cansados de no recibir la información que han solicitado al Ejército, se irán ya de México.
Tardío e insuficiente, lo hecho por el gobierno de López Obrador en el caso Ayotzinapa.
