El informe de este lunes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes sobre Ayotzinapa pinta un escenario ominoso, donde la oportunidad de conocer lo sucedido hace 8 años, y de castigar a los culpables de la desaparición de los 43 estudiantes, se esfuma.
Los cuatro expertos subrayaron ayer que el intento por "acelerar los resultados del caso, sin las debidas medidas de investigación a tomar para ello, ha conllevado una situación de crisis en la capacidad de entes investigadores, de la independencia y confianza en los resultados de la investigación y un desconocimiento del propio papel del GIEI en la asistencia técnica internacional".
A lo que el grupo se refiere es a que la mitad del reporte de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa es inservible, pues se basa en intercambios de mensajería celular que no puede ser validada. Entonces, la pata de la mesa, la que busca la verdad y que es representada por la comisión presidida por Alejandro Encinas, está floja.
La siguiente pata, la que corresponde a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), pinta peor: la polémica renuncia del exfiscal que la presidía, y el nombramiento de un sustituto ajeno al caso, son apenas dos elementos que comprometen el futuro de los juicios.
El GIEI fue claro en mencionar que es incorrecto decir que las indagatorias originales de la UEILCA, con 83 judicializaciones iniciales, estaban comprometidas por los cuestionados pantallazos de la comisión. Son cosas aparte. Por ello, las y los expertos internacionales cuestionan la decisión de la Fiscalía General de la República de solicitar el desistimiento de 21 de las órdenes de aprehensión.
Y más: advirtieron que el haber forzado el cambio en la UEILCA pone en riesgo la posibilidad de sustanciar los procesos judiciales iniciados, pues, a mediados de noviembre, vencerá el plazo para incorporar más elementos en esas acusaciones. La pata que quiere que un juez encarcele decenas de acusados, también se tambalea.
La tercera pata corresponde, precisamente, al GIEI. Las y los expertos anunciaron ayer que proponen quedarse un par de meses más, pero sólo la mitad de ellos. Sugieren esta medida, una vez que ha terminado este mismo lunes un mandato ya prorrogado, como una oferta de ayuda para que fiscalía y la comisión consoliden sus respectivos productos: la contundencia de los procesos en los tribunales y la calidad del informe de la comisión de Encinas.
Pero no debe pasar inadvertido que el GIEI, que ayer ratificó su compromiso con las familias de los 43, está reduciendo de manera importante su presencia, y poniéndole un nuevo plazo a su misión: el acompañamiento técnico de sólo dos de los expertos acabaría este mismo año.
Es una llamada de atención al gobierno, al que ayer sin dramatismo advirtieron que en Ayotzinapa se juega “la credibilidad de las instituciones”.
El GIEI se ofrece a ayudar al subsecretario Encinas a enmendar su reporte, para que su “consistencia y veracidad” se base “en los más altos estándares internacionales, como ha mostrado el trabajo de distintas comisiones de la verdad en el mundo”.
Pero, fundamentalmente, si se quedan dos de los expertos es para ofrecerse a ayudar a una fiscalía donde el nuevo encargado llegó tarde y mal.
Las tres patas que harían posible que la tragedia de Iguala no quede impune tendrían que hacer un gran esfuerzo para coordinarse y –sobre todo– recibir el apoyo de AMLO, la cuarta pata. Pero hoy, tres tambalean, y con ellas la posibilidad de la justicia para Ayotzinapa. Última llamada, última.
