A Andrés Manuel López Obrador, el más grande crítico de la forma en que fue vendido Banamex, el destino le ofrece la oportunidad de enseñarnos cómo sí debe ser la venta de un corporativo bancario para que se beneficie el país.
La decisión anunciada el martes por parte de Citigroup de que buscará desincorporar la banca minorista y empresarial, implica una oportunidad y una responsabilidad para el gobierno mexicano, incluidos sus organismos autónomos.
El Estado deberá mostrar que en el actual sexenio las cosas se hacen, sólo y meramente, procurando el bienestar de los ahorradores, y no a favor de algún amigo o cercano del titular del Ejecutivo. Y también deberá quedar claro que los distintos reguladores del gobierno están a la altura de su obligación de vigilar que México gane con la operación.
Pero por los pasos dados en las primeras horas, no parece claro que la Presidencia de la República, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entiendan que tienen que marcar la pauta de esta transacción, que necesariamente modificará el espectro bancario nacional.
Porque hoy es casi ocioso preguntarse por qué Citigroup pasó en pocas semanas de plantearse un reposicionamiento en el mercado mexicano –aun en diciembre cabildeaban en busca de ideas al respecto– a meter también el negocio de Banamex en la bolsa de lo que han ido quitando de su portafolio global. Allá el banco estadounidense y las razones de su cambio intempestivo.
Sin ser sospechosistas, da la casualidad de que Citigroup hizo su anuncio luego de la partida de Alejandro Díaz de León del Banco de México, una de las instituciones llamadas a ser protagonistas en opinar sobre la venta.
Ahora el Banxico, con Victoria Rodríguez a la cabeza, debe mostrar lo que a su juicio ha de ser preponderante: pueden opinar sobre qué tipo de comprador le aportaría más valor a la economía mexicana.
Una venta de estas dimensiones podría cambiar la correlación de fuerzas en la competencia. ¿Le conviene a México que lo compre Santander, lo que llevaría a tener dos bancos de origen extranjero en posición dominante? ¿Es ideal que Banorte se vuelva el que más concentre? ¿Debe invitarse a un competidor nuevo, nacional o extranjero? ¿Se le debe sugerir a Carlos Slim volverse jugador de peso también en este rubro? ¿A Harp Helú le interesaría junto con algunos socios regresar al banco de sus amores?
Ante esas interrogantes sería ideal que, por otra parte, la Comisión Federal de Competencia Económica hiciera valer su opinión. El problema es que con la salida en septiembre pasado de Jana Palacios de ese organismo, la Cofece da la batalla con sólo cuatro –de los siete– comisionados; el resto no han sido nombrados por AMLO.
Y, fundamentalmente, en el marco de esta operación sería bueno tener una Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autoridad de la materia, robusta, que es exactamente lo que no se tiene desde la salida de la presidencia de ese organismo, en marzo 2020, de Adalberto Palma. Por si fuera poco, ha habido ahí nuevos cambios –como en el área Jurídica, ni más ni menos– de la CNBV.
En una entrevista ayer con Bloomberg, el secretario Rogelio Ramírez de la O anunció que se asegurarán de que la venta de Banamex no conduzca a la concentración de mercado.
Bien. Pero en esa transacción importa tanto quién se muestra interesado en adquirir el otrora banco emblema de México, como quién le interesa al gobierno que se quede con Banamex. Los caminos de la vida le regalan a AMLO este reto.
