El presidente Andrés Manuel López Obrador llama a menudo a voltear al sur. Pide invertir en esa región –fuerza incluso a empresarios a hacerlo–; dice que por eso los megaproyectos de su gobierno se ubican ahí. Pero el tabasqueño es unidireccional: no acepta que le digan que él mire al sur.
Y es que el Presidente desoirá la denuncia realizada ayer por diversos colectivos por los ataques a comunidades zapatistas, y la ingobernabilidad general en Chiapas por el poderío que han acumulado narcotraficantes, paramilitares y caciques ante la indolencia y permisividad gubernamentales.
El más reciente de estos ataques fue en la comunidad de Moisés Gandhi y tiene grave en el hospital a Gilberto López Santis, baleado por paramilitares de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao): es sólo la última víctima de atentados contra civiles que duran días, y que no son aislados.
En el pronunciamiento dado a conocer ayer, las organizaciones denunciantes, entre ellas el Fray Bartolomé, señalan que “Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y Andrés Manuel López Obrador”.
Especifican que “el ataque de la Orcao no es un conflicto entre comunidades, como lo caracterizaría Carlos Salinas y como seguramente pretenderá hacerlo López Obrador. El ataque es responsabilidad directa del gobierno de Chiapas y del gobierno federal. El primero por solapar el crecimiento de grupos criminales que han hecho que Chiapas pasara de una relativa tranquilidad a ser un foco rojo de violencia. El segundo, por guardar silencio y pasividad ante la evidente situación del sureste. ¿Por qué ataca la Orcao a las comunidades zapatistas? Porque puede. ¿Por qué lo permite el gobierno de Rutilio Escandón? Porque en el Chiapas de arriba, gobernar significa bañarse con sangre indígena. ¿Por qué guarda silencio López Obrador? Porque el gobernador de Chiapas es cuñado de su muy querido secretario de gobernación, Adán Augusto López, porque como sus antecesores, no soporta que un grupo rebelde sea el referente de esperanza y dignidad, porque necesita justificar una acción militar para ‘limpiar’ el sureste y por fin poder imponer sus megaproyectos”.
Parte del problema de la violencia es que es reportada por la prensa sin sistematizarla, sin poner el debido contexto a noticias que irrumpen y escandalizan. Reportamos hechos impactantes, ciertamente noticiosos, pero que así como llegan a nuestras pantallas, así desaparecen en segundos.
Si la autoridad no extirpa las raíces que generan esas llamaradas informativas –sean asesinatos en pleno San Cristóbal de las Casas, desplazamientos en pueblos fronterizos, ataques a comunidades zapatistas, migrantes muertos–, lo único seguro es que la violencia no sólo resurja, sino que aumente.
Por eso es importante enmarcar la denuncia de ayer con información sistematizada como la que aportó el martes Luis Hernández en La Jornada:
“Chiapas es un polvorín a punto de estallar”, porque padece “una violencia diversa, alimentada por la combinación de conflictos ancestrales y nuevas disputas ligadas a la tierra, el comercio y los narconegocios. A pesar de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, las armas de alto calibre se consiguen con una facilidad asombrosa (…) por todo el estado se multiplican paramilitares, sicarios, grupos de autodefensa (Pantelhó, Altamirano y San Cristóbal). (…) No es exageración. El polvorín chiapaneco puede estallar en cualquier momento”.
Sí, urge mirar al sur, a Chiapas para empezar, Presidente. Pero a las víctimas usted ni las oye ni las ve. Como ya saben quién.
